Alega que la fiscal Rodríguez lo humilló

Con los testimonios de los fiscales Jacqueline Novas y José Capó continuó ayer el juicio contra la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez por presuntas represalias y hostigamiento laboral contra el exespecialista en inteligencia Francisco Reyes Caparrós. 2015 Cuando el demandante Francisco Reyes Caparros presentó el recurso legal contra Rosa Emilia Rodríguez. El juicio se celebra ante el juez visitante del distrito de New Hampshire, Joseph Laplante. Rodríguez Vélez no estuvo presente ayer porque en los casos civiles no es requisito estar. La demanda, incoada en 2015, alega entre otros puntos que en el verano de 2013 el demandante recibió una invitación para atender una conferencia en Rusia, por lo que se le implicó con un espía ruso. Novas y Capó relataron que el 2 de octubre de 2013 agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) se personaron en las oficinas de la Fiscalía federal para notificarle a Rodríguez Vélez que Reyes Caparrós era blanco de una pesquisa. Según Capó, los agentes le indicaron que estaban preocupados por el referido viaje, el cual era para jóvenes empresarios y que iba a ser costeado por la entidad que lo había invitado. No se mencionó la organización. Capó señaló que los agentes le explicaron que su preocupación era porque Reyes Caparrós tenía acceso a información. “Tenían preocupación de que fuera reclutado por entes para sacarle información”, afirmó Capó. Dijo que los agentes acudieron a la oficina del demandante, pero que este no se encontraba. Mientras, Novas testificó que la oficina de Reyes Caparrós fue sellada posteriormente. Sus equipos fueron ocupados por el FBI. Declaró que fue su oficina la que contactó a la Oficina del Inspector General y al “Special Counsel Office” para notificar lo sucedido. La abogada del demandante, Bamily López, mostró en sala una misiva del 3 de octubre de 2013 del entonces director del FBI en la Isla, Carlos Cases, en la que le comunicó a la Fiscalía que a Reyes Caparrós se le había suspendido el acceso a información de inteligencia mientras durara la investigación. La pesquisa tuvo una duración de más de dos años. Le asignaron nuevas tareas Novas manifestó a preguntas de López que debido a la carta de Cases y a la pesquisa se determinó asignarle otras tareas al demandante. A este se le asignó trabajar como paralegal y a cargo de las estadísticas de la Iniciativa de Armas de Fuego. “¿El director del FBI tenía la autoridad para determinar si un empleado podía o no tener acceso de seguridad?”, cuestionó López. Novas respondió que “la Fiscalía recibió una comunicación del FBI de que Francisco no podía tener acceso (a información) de seguridad temporalmente”. Informe reivindica demandante “¿Necesitaban una carta de retractación de Cases?”, cuestionó López. Novas contestó que sería especular. López presentó una carta del FBI con fecha del 22 de diciembre de 2015 en la que se evidenció que la pesquisa contra Reyes Caparrós se había cerrado debido a que se encontró que este no había cometido ningún acto criminal, ni representaba una amenaza. Durante el receso de la tarde, y sin la presencia del jurado y de Novas, el juez le preguntó a López si su alegación era que el FBI también había participado de las supuestas represalias. La letrada respondió que la pesquisa del FBI se intensificó porque la Fiscalía la había impulsado. Reyes Caparrós alega en la demanda que fue humillado por sus supervisores. El demandante señaló que el 30 de septiembre de 2013, Rodríguez Vélez convocó una reunión con todo el personal de la oficina para informarle que a consecuencia del tranque en el Congreso por el presupuesto del nuevo año fiscal solo un pequeño grupo de empleados “necesarios” iba a continuar trabajando durante el cierre del gobierno federal. “Humor ligero” Reyes Caparrós sostiene que durante la reunión Rodríguez Vélez dijo a los empleados que él “no le caía bien a nadie”. Novas confirmó el incidente a preguntas de López. La testigo catalogó el comentario de Rodríguez Vélez como uno de “humor ligero” debido a que el ambiente estaba tenso ante el tranque del Congreso y las consecuencias que esto tendría en el empleo del personal de la Fiscalía. Dijo que al escuchar el comentario pensó que el mismo no había sonado bien. Inicialmente, Reyes Caparrós había sido incluido en la lista de los empleados que iban a permanecer trabajando, ya que era un especialista de inteligencia. Posteriormente, fue incluido en el listado de empleados que iban a estar fuera de la oficina hasta que se resolviera la situación en el Congreso. En un momento dado, Reyes Caparrós tuvo a su cargo las estadísticas de la Iniciativa de Armas de Fuego, la cual dirigía Capó. En su demanda, Reyes Caparrós alegó que las estadísticas de la Fiscalía estaban incorrectas y que los casos habían sido duplicados. Capó declaró que inicialmente le pareció una buena idea que el demandante hiciera esta labor porque era un analista de información. Manifestó que Reyes Caparrós no llenó sus expectativas, que ponía excusas para realizar su labor a cabalidad y que incumplió las fechas límites para entregar sus informes. Capó mencionó que según el demandante, los fiscales no le entregaban las estadísticas El abogado de Rodríguez Vélez, Jason Weida, presentó en sala correos electrónicos en los que varios fiscales le comunicaron a Capó que sí le habían entregado la información al demandante. Mientras, la abogada del exespecialista mostró en sala varios correos electrónicos dirigidos a Capó en los que se reflejaba que Reyes Caparrós le enviaba tablas con las estadísticas. Contra Rodríguez Vélez hay otras dos demandas, presentadas por los fiscales Carmen Márquez y Nelson Pérez, por separado.

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