Alto el costo de no reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica

Si la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el gobierno no lograran reestructurar los $9,000 millones aproximados de la deuda de la corporación pública, los clientes verían en su factura un aumento de al menos 10 centavos por kilovatio hora (Kvh), declaró ayer el director ejecutivo, Josué Colón. De esa cantidad, ocho centavos irían al pago de la deuda y dos centavos se destinarían al sistema de retiro de los empleados de la AEE. Sin embargo, Colón dijo que el gobierno tratará de que se “ajusten” esos parámetros como parte de las negociaciones del Acuerdo en Apoyo a la Reestructuración (RSA, en inglés). Por su parte, el subdirector de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Nelson Pérez Méndez, informó que hace dos días sometieron a nombre del gobierno una moción al tribunal de quiebras para informar que están de acuerdo con que se designe un proceso de mediación, tal y como lo solicitaron los acreedores de la AEE. El asunto está ahora en manos de la jueza federal Laura Taylor Swain. “Debo aclarar que ese escenario sería el costo de no hacer nada. Si se determina que no vamos a hacer nada y que no vamos a pelear, el riesgo es eso. Más (la posibilidad de que se nombre) el síndico que pudiera cambiar todo lo que hemos hablado de las aspiraciones… queremos un acuerdo razonable para todas las partes”, manifestó el titular de la AEE en una vista de la Comisión senatorial de Proyectos Estratégicos y Energía. “Lo que no podemos es hacer nada. Hay que aprovechar y si la jueza determina que hay mediación estaremos allí y trabajaremos para mejores intereses para el pueblo de Puerto Rico”, indicó Pérez Méndez, quien, sin embargo, calificó el RSA como uno con términos “más favorables para la AEE y el pueblo” ya que -entre otras cosas- reduce un 32.5% de la deuda con los acreedores. Asimismo, el subdirector de la Aafaf señaló que todas las emisiones de bonos de la AEE están incluidas en el acuerdo de reestructuración de la deuda porque se determinó que eran legítimas, pero no pudo establecer qué firmas evaluaron si fueron correctas o no. Por ello el presidente de la comisión, el senador popular Javier Aponte Dalmau, le dio un plazo de 10 días para entregar cualquier informe, memorando y documento sobre los estudios de esas transacciones porque la Legislatura debe aprobar un proyecto de ley que dé paso al RSA y dijo que necesitan toda la información. Según Aponte Dalmau, en 2019 no se había concluido la evaluación sobre la legalidad de las emisiones de bonos y aun así se incluyeron como parte del RSA. El legislador advirtió que el gobierno podría estar concediendo “demasiado” a los bonistas cuando estos compraron a muy bajo precio sabiendo que la AEE estaba en una grave situación financiera y con el RSA se beneficiarían por encima de lo que invirtieron. De otra parte, Pérez Méndez y Colón dijeron que como está redactado el RSA, en lugar de 10 centavos se incluye un cargo de transición fijo que aumentará escalonadamente de 2.7 centavos a 4.5 centavos y que le aplicaría a todos los clientes, incluyendo aquellos que generen su propia energía pero no se hayan desconectado completamente del sistema de transmisión y distribución que opera LUMA Energy desde junio pasado. Descartaron que eso sea un “impuesto al sol”. Pérez Méndez justificó ese cargo argumentando que en caso de que disminuya la demanda de energía por cualquier razón, de todos modos los acreedores tienen asegurada una fuente de repago, sin pasarles la diferencia a los clientes. Si por el contrario la demanda de energía no disminuye, los bonistas cobran más pronto, declaró. Colón señaló, además, que si un cliente genera su propia energía pero quiere mantenerse vinculado a la AEE en caso de que su sistema falle lo más justo es que pague por el sistema de transmisión y distribución. Cuesta arriba cumplir con la Ley 17 Por otro lado, el director ejecutivo de la AEE reconoció que no son viables en este momento las metas incluidas en la Ley 17-2019 de Política Pública Energética y que impone que en tres años el 40% de la electricidad que se produzca en el País tiene que provenir de fuentes de energía renovable. Expuso que las condiciones cuando se aprobó la ley son distintas a las que hay ahora y que como mucho para 2040 se llegaría a un 10% o menos. Desglosó que los proyectos que forman parte del primer tramo de las metas suman 855 megavatios. A eso se agregan los cerca de 150 megavatios de los dos proyectos que están en construcción. En el segundo tramo se sumarían otros 500 megavatios. No obstante, el rendimiento o la producción real de estos proyectos se reduce a un 25% ya que hay variables de la naturaleza que afectan la generación. Colón indicó que los proyectos del Tramo 1 se encuentran bajo revisión de LUMA Energy, que evalúa dónde se pueden establecer los puntos de interconexión. Luego deben pasar a la revisión de la Junta de Control Fiscal. Su estimado es que para finales de verano se podría completar ese proceso. De ahí les tomaría a las empresas entre 18 a 24 meses estar listas para la producción de energía. “Decir que de aquí a tres años va a haber 40% de la producción de energía de manera estable, comercial y cumpliendo con todos los requisitos en servicio de verdad que no lo veo viable”, declaró. “Desde mi punto de vista técnico, sí… entiendo que la manera que está distribuida cada una de las metas de cumplimiento debe revisarse. Queremos transicionar a la energía renovable, pero queremos hacerlo de manera tal que no se afecte el servicio a los clientes, y mucho menos el costo”, agregó. El senador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe, manifestó que la Legislatura debe hacer algo con respecto a la falta de cumplimiento de leyes para evitar que las agencias piensen que no pasa nada si no se ajustan al texto de los mandatos. Lo contrario sería “tolerar el incumplimiento”, sostuvo.