Amenaza de desahucio para el Departamento del Trabajo

La jueza Laura Taylor Swain dio a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y a la administración de Ricardo Rosselló Nevares hasta el próximo 7 de agosto para que le indiquen por qué no debe levantar la suspensión automática de litigios en un proceso que podría resultar en el desahucio del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en Bayamón. En paralelo, y en una orden separada, Swain ha propuesto a todas las partes extender por casi un año -al menos, hasta septiembre de 2018- el calendario de audiencias para los casos bajo el Título III de PROMESA y aplicar con mayor rigor una regla que requiere a ciertos acreedores que intervienen en el litigio a que divulguen sus intereses financieros. Esta semana, Swain decidió que examinará la moción de suspensión automática de litigios radicada por Edificio Bula Inc., empresa que el pasado 24 de mayo informó a Swain que el gobierno no le ha pagado en por lo menos cuatro meses y que, por ello, necesita continuar con una acción judicial en contra del DTRH. El edificio ubica en la carretera número 2 de Bayamón y allí, según los documentos en la corte, el DTRH ocupa 37,000 pies cuadrados, en los que operan los servicios de empleo y desempleo, Normas Laborales, el seguro ocupacional SINOT y la unidad de Estadísticas, entre otras. “El único remedio disponible para un acreedor arrendatario de un edificio al DTRH es levantar la suspensión automática de litigios bajo PROMESA y desahuciar al inquilino a través de los procedimientos adecuados en las cortes locales”, reza el remedio radicado a nombre de Bula por Héctor Figueroa Vicent. Según el reclamo de Bula, en septiembre de 2014, el DTRH entró en un contrato a cinco años, con una renta mensual $55,000. Al cabo de los cinco años, el arrendamiento total rondaría $3.5 millones. Paga a medias Según el reclamo, desde el otorgamiento del contrato, el DTRH no ha pagado a Bula como corresponde. Entre 2014 y 2016, el DTRH le pagó parcialmente, dejando al descubierto $27,750. En enero de este año, Bula pareció recibir el pago correspondiente, pero en febrero, solo se le pagaron $10,240. Desde entonces, el DTRH no ha pagado a Bula, acumulando una deuda antes del pedido de Título III por $200,326 y otros $117,166 tras el pedido del remedio en mayo pasado. El remedio incoado por Bula es solo uno de varios pedidos de suplidores y contratistas ante la consideración de Swain que parecen demostrar que, en los pasados meses, el gobierno ha retrasado sus pagos a terceros. Esto en un intento por apilar efectivo ante la posibilidad de no contar con liquidez suficiente hacia finales de este año y la amenaza de una reducción a la jornada laboral. De igual forma, el pedido de Bula se une a decenas de remedios incoados por ciudadanos o entidades, cuyos diversos reclamos en los foros locales han quedado suspendidos por PROMESA. En un limbo dos menores Ese es el caso de dos menores, pacientes de salud mental, quienes al presente están bajo el cuidado del Hospital San Juan Capestrano y cuyo traslado a un ambiente “menos restrictivo” quedó en el aire, a raíz de PROMESA. Según el recurso, el caso de los menores corre los tribunales de Puerto Rico desde el año 2013 bajo el pleito Rosa Lydia Vélez vs. ELA. Dos años más tarde, la corte determinó el traslado de los menores, identificados como “Y.L.AO.” y “A.L.D.C”, al Capestrano. Un segundo caso se radicó este año y la corte, siguiendo el juicio profesional de una psiquiatra del Capestrano, determinó trasladar a los menores al Instituto Psicopedagógico en Bayamón, si había cabida y de manera temporal. La transferencia debió consumarse en o antes del pasado 30 de junio. “La suspensión automática ha paralizado la orden de la corte estatal colocando la transferencia de los menores en una espera indefinida en la instalación de la parte recurrente”, reza el recurso del Capestrano, en el que también se pretende dar paso a un reclamo de agravios. Según el recurso, la institución hospitalaria estuvo de acuerdo con no proceder con el reclamo de agravio con tal de que transfirieran a los menores, pero el asesor legal del gobierno indicó a la corte que, “al presente, no tienen autoridad alguna para llegar a ningún acuerdo”. “Mientras la suspensión automática esté vigente, los menores están confinados a una instalación que provee un ambiente mucho más restrictivo que lo que requiere su salud mental, arriesgando retrocesos en su progreso, y, como resultado, en incumplimiento de leyes federales y locales”, reza la moción de Capestrano. Swain concedió al gobierno y a la JSF el mismo tiempo que dio en el caso de Bula, por lo que cada una de las partes tendrá hasta el próximo 14 de agosto para presentar sus argumentos. Audiencias hasta el 2018 Como ha sido la norma desde que fue designada a los casos de Título III en mayo pasado, Swain ha atendido en cuestión de horas y a lo sumo en días cada uno de los recursos radicados por terceros y que no necesariamente están vinculados de manera directa al ajuste de deudas que persigue el gobierno. El pasado 28 de junio, Swain pidió a la JSF y al gobierno que viabilizaran en concierto con las partes un mecanismo que permitiera atender esos reclamos de manera ágil o unificada, lo que, de alguna forma, liberaría tiempo para el resto de las controversias. Sin embargo, un mes después del pedido de Swain, El Nuevo Día no ha identificado en el expediente del caso ninguna propuesta a esos efectos. Lo que sí es seguro es que, ante la avalancha de recursos radicados y el creciente número de acreedores que interesan participar del litigio, Swain emitió ayer una orden en la que propone que todos los acreedores que estén organizdos tengan que divulgar sus intereses financieros, según la regla 2019 de Código de Quiebras. De acuerdo con la orden propuesta por Swain, todos los grupos de bonistas tendrán hasta el próximo 16 de agosto para evidenciar que han cumplido con la normativa y, si algún grupo entra al litigio después del próximo 9 de agosto, este tendrá cinco días para cumplir con el requisito. Mientras, Swain propuso a las partes reservar en sus calendarios otras seis audiencias “ómnibus” -donde se discuten reclamos distintos y de diversos acreedores- entre el 7 de febrero y 12 de septiembre de 2018. Swain dio a las partes hasta el próximo 2 de agosto para presentar objeciones o comentarios a su propuesta.