Amplio rechazo a proyectos de la representante Lisie Burgos contra personas trans

Dos nuevas medidas de la representante Lisie Burgos Muñiz, de Proyecto Dignidad –una sobre el uso de baños en instalaciones gubernamentales por personas trans y otra para impedir que confinadas trans sean ingresadas en una cárcel de mujeres–, suponen el más reciente atentado contra esta comunidad, ya de por sí marginada en el país, según figuras conocedoras del tema. “Son medidas para atender problemas inexistentes, porque en Puerto Rico no existe ni un problema en relación con la utilización de baños por personas transgénero, ni existe un asunto que amerite atención legislativa sobre las poblaciones correccionales trans”, opinó el martes el licenciado Osvaldo Burgos Pérez, portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE). Se trata de los proyectos de la Cámara (PC) 1740 y 1741, presentados por Burgos Muñiz el 11 de mayo. Ambos fueron referidos a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara este pasado lunes, donde se determinará el curso a seguir en la evaluación correspondiente. En síntesis, el PC 1740 busca que ninguna agencia, instrumentalidad o dependencia del gobierno pueda establecer baños múltiples inclusivos, mixtos o neutros en sus instalaciones. Mientras, el PC 1741 busca imponer que el Complejo de Rehabilitación para Mujeres, bajo la jurisdicción del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) sea “exclusivamente para mujeres biológicas”, según la descripción en la medida. “Me preocupa toda esta persecución, particularmente de este partido (Proyecto Dignidad) contra la comunidad LGBT, en particular las personas de identidad trans. Este país es suficientemente violento contra estas comunidades, para que entonces también tengamos que sufrir la violencia del Estado”, abundó Burgos Pérez. Ambas medidas tienen una peculiaridad: en sus títulos, alegan que su fin es la “protección y seguridad de la mujer”. “Si algo ha hecho este partido es desproteger a la mujer e intentar reprimir y eliminar derechos adquiridos por las mujeres, así que lo menos que hace es proteger a la mujer”, añadió el portavoz de CABE. “En lugar de buscar medidas protectoras, lo que hacen es buscar medidas que lo que hacen es reprimir y crear mayor exclusión de comunidades que ya de por sí viven excluidas dentro de nuestra sociedad”. Otro grupo que repudió las acciones de la representante es La Sombrilla Cuir, una iniciativa originada para visibilizar y empoderar a las personas desventajadas. Su portavoz, Marielle de León Toledo, de 35 años, quien como mujer trans vive constantemente el temor de entrar a un baño en el que podría ser atacada por ser quién es, describió ambos proyectos como “transfóbicos”. “De mi experiencia y la de muchas otras personas trans que conozco, muchas veces nosotras somos las que nos sentimos en riesgo en tener que ir a un baño, casi cualquier baño, sea de hombres o de mujeres… Puede haber ocasiones en que no sea seguro para nosotras las mujeres trans en baños de mujeres, pero puedo decir que es menos seguro –cuando somos visiblemente trans, especialmente– entrar en baños de hombres”, contó. “Hay un ambiente cultural de vernos (como) peligro, aunque no somos un peligro. Crea más daño para nosotres que para las mujeres cisgénero estar en esos espacios”, abundó vía telefónica con El Nuevo Día. Sobre la propuesta contra las confinadas trans, De León Toledo recordó el caso de Penélope Díaz Ramírez, una mujer trans de 31 años que fue asesinada el 13 de abril de 2020 en la cárcel regional de hombres de Bayamón. La víctima apareció ahorcada en su celda, luego de sufrir golpes contundentes en el cuerpo. “En relación con las cárceles, es más importante ver otros temas que afectan a las mujeres ahí. En vez de enfocarse en las mujeres trans, buscar verdaderas medidas para prevenir que mujeres en general, cisgénero y transgénero, tengan que pasar tiempo en la cárcel, que haya menos violencias en ellas y no buscar legislaciones que puedan causarles más daño a las personas marginalizadas”, acotó. La representante Burgos Muñiz no contestó el martes una petición de entrevista de El Nuevo Día. Reacciona el gobernador En declaraciones escritas compartidas con este diario, el gobernador Pedro Pierluisi se remitió a las expresiones que ha realizado la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, quien ha planteado que el trato y la ubicación de confinados o confinadas trans “está reglamentado por el gobierno federal y existe una orden administrativa en vigor que garantiza el cumplimiento con dicha reglamentación”. “De aprobarse cualquier legislación sobre este tema, la evaluaré en sus méritos, siempre velando porque cumpla con cualquier normativa federal aplicable”, sostuvo. “Por otro lado, en cuanto al uso de baños en instalaciones públicas, lo que es imprescindible es que en todo momento se respete el derecho a la intimidad de toda nuestra población, incluyendo los menores de edad. Así lo protege nuestra constitución, según interpretada por nuestro Tribunal Supremo”, agregó. En tanto, Escobar Pabón no contestó categóricamente si está en contra de la propuesta, pero sí fue enfática en que es una “situación atendida”, tanto por una ley federal promulgada en 2003 por el entonces presidente George W. Bush –”Prison Rape Elimination Act”–, cuyo fin es erradicar las agresiones sexuales de confinados, como por una orden administrativa local de 2018 que sigue vigente, y que establece la política pública de no discriminación hacia la comunidad LGBTQ+ en el sistema carcelario del país. “Lo que te puedo decir es que ya es una situación atendida en lo que es esta ley (federal de 2003), recogida en lo que es la orden administrativa de la agencia, en los estándares que rigen este proceso… En adición, no puedes pasar por alto el velar por sus derechos civiles y derechos constitucionales”, precisó. Al presente, son nueve los confinados y confinadas “que han expresado y han solicitado que se incluyan en esta población trans”, según la funcionaria. Se dividen en tres personas en Bayamón 501, otras cinco en Guayama 500 y una persona en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres. En el caso de las personas en las instituciones de Guayama y Bayamón, manifestó son mujeres trans a las que se les identificó como del sexo masculino al nacer. Sobre la persona confinada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres, Escobar Pabón indicó que se trata de un hombre trans a quien se le asignó el sexo femenino al nacer. Este último tiene “unos problemas de conducta que están siendo tratados”, lo que le impiden integrarse a la población penal. Una de estas personas confinadas comenzó a identificarse como mujer trans estando en el sistema correccional, según Escobar Pabón. Añadió que no se le permitió reubicarse en una cárcel de mujeres, como solicitó, porque en su contra pesan cinco tentativas de violación contra mujeres. Medidas “discriminatorias” El licenciado Ever Padilla Ruiz, director de la Comisión de Derechos Civiles, comentó que, al momento, no han recibido solicitud alguna de la Legislatura para expresarse sobre estas medidas. Empero, adelantó lo que piensa al respecto, al señalar que “van a la médula de un problema homofóbico, transfóbico y de desconocimiento sobre derechos humanos”. “No sé de dónde viene la necesidad de legislar con relación a este asunto. Si usted hace una búsqueda en el registro de querellas de laPolicía de Puerto Rico, no hay ni una sola querella por una situación de agresión sexual de una persona de experiencia trans, particularmente en un baño público o privado. Así que me parece que esto es parte de esta homofobia y transfobia que pretende criminalizar la diversidad de las identidades de género”, argumentó. De otro lado, explicó que la Comisión efectuó una intervención en 2018, en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR), donde se discriminaba hacia estudiantes trans en el uso de baños inclusivos. “Aquellas estudiantes pudieron tener garantías de ir en paz al baño. Imagínese, un asunto que para cualquier persona debería ser algo normal, y para una persona, por identificarse como transgénero, no tiene ese derecho”, destacó. En 2018, la UPR anunció que establecería baños inclusivos –o baños sin género– en los 11 recintos del primer centro docente del país. Padilla Ruiz, quien participó en la inauguración de estos baños en recintos como los de Humacao y Río Piedras, agregó que también forma parte de un comité asesor sobre diversidad en la UPR. “Puerto Rico tiene muchísimos problemas que requieren toda la atención para poder solucionarlos. Ninguno de los dos asuntos que están planteados en estas dos piezas legislativas representan un problema real”, concluyó.