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31 de octubre de 2022

Anticipan alza en pedidos de libertad bajo palabra

Agencias señalan que deberán contratar más personal para atender los casos

31 de octubre de 2022 - 12:08

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) tendrán que contratar más personal en las próximas semanas para tramitar lo que se espera sean cientos de solicitudes de personas convictas que son elegibles para evaluar si pueden salir de prisión antes de lo que dicta la sentencia.

El pasado 11 de octubre entró en vigor la Ley 85-2022, que enmienda el Código Penal para que toda persona que esté cumpliendo sentencia en una institución carcelaria sea considerada para libertad bajo palabra tan pronto cumpla el 75% del término de reclusión impuesto. Este cómputo, se indicó, nunca excederá de 15 años cuando se trate de una persona adulta.

Según esta disposición de ley una persona adulta sentenciada por delito grave —que no sea asesinato en primer grado— puede solicitar la evaluación de su caso ante la JLBP cuando haya cumplido 15 años de prisión o el 75% de la pena, lo que sea el término más corto, indica la ley.

Si la persona adulta fue convicta por asesinato en primer grado puede ser considerada para libertad bajo palabra cuando haya extinguido 25 años naturales de la sentencia, explicó Sahilin Rodríguez Escobar, coordinadora de récord criminal del Departamento de Corrección.

Pérez Mink informó a EL VOCERO que abrieron cuatro plazas de oficiales examinadores que pueden ser ocupadas por abogados, sin excluir a los que no están licenciados.

Además, le solicitaron a la Junta de Control Fiscal autorización para contratar asesores legales y auxiliares administrativos, como personal de apoyo ante el aumento de solicitudes que esperan y que —según la jurisprudencia y los lineamientos del caso Morales Feliciano— se tienen que atender entre 30 y 60 días.

Pérez Mink entiende que los 7 oficiales examinadores que tiene la Junta de Libertad Bajo Palabra no dan abasto.

Rodríguez Escobar, por su parte, indicó que a mediados de noviembre esperan abrir las convocatorias para 20 puestos de técnicos de récord criminal, que serán necesarios para establecer el cómputo aplicable a cada convicto en el sistema correccional.

Añadió que sometieron ante la junta fiscal la tabla de necesidad y esperan que se dé luz verde. Además, prevé la movilización de personal administrativo a nivel central para que trabajen en las instituciones correccionales en las labores que se requieran.

Proceso de rehabilitación

Según Rodríguez Escobar, el deber ministerial de Corrección no es solo corregir o hacer que se cumplan las sentencias que dicten los tribunales, sino facilitar el proceso de rehabilitación para beneficio del País, dando herramientas y creando programas que ayuden a que las personas convictas puedan reintegrarse a la sociedad.

“A todos nos conviene que las personas estén rehabilitadas… Todo el tiempo se trabaja en pos de eso. Es parte del deber ministerial nuestro, que los jóvenes salgan con nuevas herramientas y esperanzas y que las víctimas vean que de verdad hubo un cambio en el proceso, que contribuyó a mejorar a la persona”, expresó la funcionaria.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra afirmó que la nueva ley hace justicia a un sector de la población penal que anteriormente no cumplía condena bajo términos iguales.

Agregó que según el Código Penal bajo el cual fue sentenciada la persona, era la cantidad de tiempo que tenía que extinguir antes de que se le considerara libertad bajo palabra.

Indicó que por esa razón había personas sentenciadas por el mismo delito que podían solicitar la revisión del caso a los 25 años de cumplir sentencia, y otras tenían que esperar a los 35 años.

“Esta ley trae uniformidad para que todos los casos pueda la Junta considerarlos y que cuando se trata de sentencias por asesinatos en primer grado —que es la sentencia más larga que se impone— que pueda atenderlo eliminado el desbalance según el código por el cual la persona salió culpable”, abundó.

No todos cualifican

Pérez Mink hizo hincapié en que no a todos los convictos que solicitan la revisión de sus condiciones carcelarias se les concede la libertad bajo palabra.

Aunque no estaban disponibles los datos de cuántas revisiones se solicitan y cuántas se deniegan, la funcionaria indicó que son “muchas más las denegaciones que las que se conceden”.

La cantidad de cuántos casos de libertad bajo palabra son revocados tampoco estuvo disponible.

Pérez Mink señaló que hay múltiples criterios que se toman en consideración antes de otorgar el privilegio de la libertad bajo palabra.

Especificó que como aspecto importante durante el proceso de evaluación hay que tomar en cuenta los derechos de las víctimas y sus familiares.

“Aquí se les atiende a las víctimas. Pueden asistir a las vistas de manera confidencial, pueden tener acceso de manera confidencial a los expedientes y se le atiende en pleno las veces que sea necesario. Las víctimas para nosotros son sumamente importantes atenderlas en toda la capacidad que la ley establece”, recalcó.

Naturaleza del delito

Pérez Mink añadió que otros criterios que se toman en consideración para conceder el privilegio de libertad bajo palabra son la naturaleza y las circunstancias del delito o los delitos por los que se cumple la sentencia, las veces que la persona ha sido sentenciada, la totalidad de los expedientes penal, social y los informes médicos, y los informes hechos por profesionales de la salud mental.

También, toman en cuenta el historial de ajuste institucional, social, psicológico y psiquiátrico de los confinados; la edad y los tratamientos para condiciones de salud.

Se evalúan también los planes de estudio, adiestramiento vocacional o estudio y trabajo de los confinados, y que tenga un hogar viable al cual regresar, donde es aceptado y sea positivo al proceso de rehabilitación, informó Pérez Mink.

FUENTE: elvocero.com

31 de octubre de 2022 - 12:08

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