Así han subido el agua y luz en los pasados cinco años

En los pasados cinco años, las corporaciones públicas de agua y luz han aumentado sus tarifas en varias ocasiones, con el argumento de que son medidas necesarias para mejorar su liquidez, aunque encarezcan el costo de vida de sus abonados. En el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), las alzas están contenidas en su plan fiscal certificado y se contemplan –por lo menos– hasta el año 2023. De acuerdo con el plan fiscal, la AAA elevó la tarifa de agua en enero y julio de 2018. El próximo golpe al bolsillo será este 1 de julio. Como en las ocasiones anteriores, los clientes residenciales percibirán un aumento de 2.5%, mientras que, para los abonados comerciales, industriales y del gobierno, el incremento será de 2.8%, 3.5% y 4.5%, respectivamente. La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por su parte, implantó, en junio de 2016, una tarifa provisional que encareció la luz en 1.299 centavos por kilovatio-hora para todos sus clientes. Dicho importe estuvo vigente hasta el pasado 1 de mayo, cuando cobró efectividad la tarifa permanente de 0.9948 centavos. Diversas voces, entre ellas la del representante de los clientes en la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres, han advertido que el acuerdo de reestructuración de deuda, recién alcanzado entre la corporación pública y buena parte de sus acreedores, podría elevar la tarifa hasta en 28%. “Eso sería devastador para la economía de Puerto Rico. No sería el cargo (de reestructuración) solo, sino los demás que resultarían de la ley Promesa, como los 2 centavos para las pensiones y todo lo que no pueda cubrir FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) en la reconstrucción post-María. El aumento, en total, sería de cerca de 7 centavos”, declaró ayer Torres a El Nuevo Día. El ingeniero y planificador recordó que, en 2016, la AEE intentó sin éxito implantar un cargo de transición de 3.10 centavos. La intención de la corporación pública fue retada en corte por varias organizaciones sin fines de lucro y del sector privado, entre estas, el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica, que Torres dirige. “Somos las mismas organizaciones que ahora estamos batallando para evitar el aumento de 28% en la tarifa de luz”, afirmó. “Un negocio costoso” Entretanto, el representante de los clientes en la Junta de Gobierno de la AAA, Félix Aponte, sostuvo que ese organismo negoció con la Junta de Supervisión Fiscal para que el alza en la tarifa de agua no fuera de 4.5%. En cambio, se acordaron aumentos “moderados, pero consistentes”. “Técnicamente, (los aumentos) se hacen automáticos hasta 2023”, dijo Aponte. Como los incrementos no exceden de 4.5%, la AAA puede ponerlos en vigor sin realizar vistas públicas. Solo se necesita que la Junta de Gobierno de la corporación pública apruebe una resolución, lo que hizo en 2017. Aponte se expresó consciente del malestar ciudadano que generan los aumentos tarifarios. Por eso, añadió, ha dicho ante la Junta de Gobierno que las alzas tienen que estar atadas a eficiencias en la prestación del servicio. “Suplir agua potable es un negocio costoso en todo el mundo. La realidad objetiva es que hay que garantizar la potabilización y esos parámetros van cambiando con el tiempo. A corto y mediano plazo, lo que se prevé es que se añadirán nuevos parámetros, químicos, y eso va a requerir un tratamiento más sofisticado y, por ende, más costos”, indicó el planificador. “La eficiencia que hagamos en la operación nos permitiría reducir costos totales, y hay un espacio en el que tenemos que hacer inversiones”, agregó. El Programa de Mejoras Capitales de la AAA está detenido desde 2015 debido a la precaria situación fiscal de la corporación pública y su incapacidad de acceder a los mercados de capital. Aponte admitió que, hasta tanto las obras de infraestructura se reanuden, será difícil aumentar la eficiencia operacional. “Mientras más tardemos, más obsoleta se vuelve la infraestructura”, dijo. Previo a las alzas incluidas en el plan fiscal, la última vez que la AAA aumentó su tarifa fue en julio de 2013, cuando el cargo base subió de $19.71 a $23.71. En aquella ocasión, se proyectó que el próximo ajuste sería en 2018.