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El Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) se mantiene atento al incremento de menores en Puerto Rico que han sido víctima de amenazas de extorsión con el uso de fotos y vídeos íntimos o de índole sexual obtenidos a través de intercambio en las redes sociales, videojuegos, chats y otros medios de comunicación electrónica.
El director de la dependencia federal en Puerto Rico, Joseph González, advirtió que en los pasados seis meses el objetivo de este tipo de crimen —conocido como “sextorsión”— han sido jóvenes entre las edades de 14 a 17 años, particularmente varones, aunque ha habido víctimas de hasta 10 años.
“Se hacen pasar por niñas de la misma edad para hacer el acercamiento inicial en un chat o en un videojuego, y una vez comiencen a hablar, en algún punto, le solicitan que siga hablando por otro medio, y ahí le pasan un número para una cuenta de WhatsApp y otra manera de comunicarse”, detalló el directivo del FBI a EL VOCERO.
Agregó que una vez enredan a la víctima con la conversación y desarrollan un vínculo de amistad, los extorsionistas aprovechan la confianza ganada para solicitar que les suministren contenido explícitamente sexual. Una vez obtienen la foto o el vídeo, reclaman un pago bajo la amenaza de que, de no pagar, la imagen será publicada y compartida con familiares o amistades.
González destacó que, como en otras partes del planeta, el incremento de casos corre en paralelo al auge de la comunicación por internet en asuntos como la educación y el entorno laboral durante el aislamiento forzado por los gobiernos para limitar la propagación del covid-19.
En Estados Unidos, al menos 3,000 niños —en su mayoría adolescentes— han sido víctima de estas estafas, que están relacionadas a más de una docena de suicidios. Es probable que haya víctimas que no han reportado el caso, por el miedo a la vergüenza y a las repercusiones que pudiera causar que la información llegue a la familia.
El teniente Luis F. Maldonado Miranda, jefe de la División de Crímenes Cibernéticos del Negociado de la Policía de Puerto Rico, informó que durante el 2022 esta división trabajó 34 casos de sextorsión.
“Hay que estar pendiente a la actividad de los hijos en línea”, destacó el uniformado, al señalar que una de las fallas más recurrentes que ha identificado a través de los años es que los padres o encargados de los menores les entregan dispositivos electrónicos sin activar las restricciones de uso de cámara o activar los controles parentales.
Tanto la División de Crímenes Cibernéticos como las oficinas de Relaciones con la comunidad realizan tres tipos de talleres para explicar el manejo de las aplicaciones en los aparatos electrónicos y las opciones de las plataformas sociales que permiten monitorear y limitar su uso.
Maldonado Miranda expuso que no solo los menores son víctima de la sextorsión y otras modalidades de crímenes a través del internet. Informó que del delito de la “porno venganza” también se reportaron 21 casos.
“Lo que sucede es que se dan diferentes manifestaciones de estos crímenes. Hay casos de ‘porno venganza’ que ocurre entre parejas o exparejas”, abundó.
Además de la sextorsión y la porno venganza, la División de Crímenes Cibernéticos ha investigado 351 casos relacionados a violencia doméstica, que cubren desde el uso de las redes sociales o los teléfonos para realizar amenazas, hasta el uso de fotos para intimidar a la parte perjudicada.
“También está la manifestación del Romance Cam, como el famoso caso de la plataforma Tinder”, agregó el teniente, en referencia a la modalidad de estafa en la que se solicita dinero para concretar un encuentro en persona que luego nunca se efectúa.
En 2021, el gobernador Pedro Pierluisi firmó el proyecto de ley que dio paso a la Ley contra la Venganza Pornográfica, que tipifica como delito la divulgación y publicación de material explícito de carácter íntimo.
Entre las penalidades, la ley dispone que toda persona que, sin autorización de la víctima, a propósito o con conocimiento menoscabe la intimidad, difunda, divulgue, revele o ceda a un tercero o terceros material explícito de la víctima, mediante cualquier tipo de comunicación —incluyendo comunicaciones electrónicas o utilizando medios de comunicación electrónica o cibernética—incurrirá en delito grave y será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres años, la cual podría aumentar a cinco de mediar agravantes.
FUENTE: elvocero.com
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