Avanza en la Cámara la medida que propone un aumento del "room tax" en los alquileres de corto plazo

Con nueve votos a favor y uno en contra, la Comisión de Turismo y Cooperativismo de la Cámara de Representantes avaló este jueves la medida que crearía un marco regulatorio para los alquileres a corto plazo (STR, por sus siglas en inglés) a nivel isla. El Proyecto de la Cámara 1557 propone un aumento de 2% en el impuesto por habitación, mejor conocido como “room tax”, en este segmento, así como el requisito de obtener un permiso único con la Oficina de Gerencia de Permisos(OGPe), al designar esta actividad como comercial, entre otras disposiciones. La intención del presidente de la comisión cameral, el representante del Partido Popular Democrático (PPD) José “Cheito” Rivera Madera, es que la medida baje a votación el martes de la semana que viene. “El proyecto regulará la actividad de los alquileres a corto plazo como una actividad comercial, tal y como nos dijo la (OGPe) en las vistas públicas, mientras que se le deja el asunto de la convivencia a las administraciones municipales, porque eso es imposible de reglamentar de una forma uniforme. Lo que pasa en la calle Loíza no es lo mismo que pasa en Guayanilla, y por eso hay que dar espacio a los municipios”, estableció Rivera Madera en entrevista con El Nuevo Día. El legislador sostuvo que, tras las vistas públicas que realizó, eliminó la disposición que pretendía limitar hasta un 30% la operación de los STR en zonas residenciales. En cambio, incluyó el requisito de un permiso único para aquellas propiedades, cuya actividad es comercial, por recomendación de la OGPe. Entre otras cosas, un permiso comercial también supone que los propiedades de STR tendrán que gestionar cuentas comerciales en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) entre otras dependencias. “Si tú tienes tu casa y lo que rentas es un cuarto, esa es tu residencia. Pero, si tienes una segunda residencia y la alquilas completa, es una actividad comercial, por la cual vas a pagar CRIM y todo lo que aplique”, estableció el legislador. Resaltó, además, que la medida atiende la proliferación de edificios dedicados a la actividad de STR en su totalidad, una de las preocupaciones más importantes en comunidades como Viejo San Juan y Puerta de Tierra, cuyos residentes han denunciado en múltiples ocasiones su desplazamiento. Concretamente, el proyecto dispone limitar a seis la cantidad de alojamientos en edificios dedicados exclusivamente a esta actividad económica. Aunque no existen cifras oficiales, datos compartidos por la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA, por sus siglas en inglés), aseguran que en Puerto Rico hay unas 30,000 unidades de STR, en su mayoría, apartamentos y casas completas. “Que tengas un edificio con 10 apartamentos con gente viviendo, lo compres y botes a la gente para hacer alquileres a corto plazo, eso ya no lo vas a poder hacer. Si quieres comprar un edificio y botar a la gente, tendrás que hacer un hotel, porque vas a tener más de seis habitaciones”, apuntó el legislador. “A pedido de varias plataformas, el proyecto también establece que se respetará la Ley de Propiedad Horizontal, que las decisiones que se toman en la Junta de Residentes prevalecen y que si hay ciertas urbanizaciones con reglamentos que no permiten los alquileres a corto plazo, tienen que respetarse”, agregó el funcionario. En 9% el room tax para los alquileres de corto plazo Aunque Rivera Madera había dicho que la medida no consideraría un aumento del “room tax” que deben pagar los STR, sostuvo que, finalmente, incluyó un incremento de 7% a 9%. La diferencia, aseveró, sería destinada a los ayuntamientos. Según datos de Discover Puerto Rico, la organización de mercadeo del destino (DMO, por sus siglas en inglés), de los $116 millones que se recaudaron en 2022 por concepto del “room tax”, $25 millones correspondieron a los STR. Cuestionado sobre si cuenta con los votos en la Cámara para aprobar el proyecto, el legislador aseguró que sí. El tranque, sin embargo, podría estar en La Fortaleza, en caso de que el Senado avale la medida. Anteriormente, el gobernador Pedro Pierluisi consignó su rechazo a limitar los STR, aunque dijo estar a favor de un reglamento uniforme para todos los municipios. “Yo creo que lo tiene que pensar el gobernador es si va a permitir 78 municipios con 78 ordenanzas municipales imponiendo impuestos y 20 cosas diferentes, o si vamos a tener un marco regulatorio dándole un espacio a los municipios para lo que tiene que ver con la sana convivencia”, planteó Rivera Madera. Hasta el momento, solo Dorado y San Juan regulan por su cuenta los STR. Precisamente, este último municipio promulgó ayer, miércoles, un reglamento, que crea un registro obligatorio de estos alojamientos y y requiere una licencia de hasta $500 para operar, además de multas por hasta $2,500 en caso de incumplimientos. De inmediato, René Acosta, copresidente de Viva Puerto Rico, la organización de reúne a los dueños de STR en la isla, rechazó la ordenanza del ayuntamiento capitalino, pero dijo entender la iniciativa, ya que “el Estado y la Legislatura no han podido sacar un proyecto adecuado que atienda el tema (de los STR)“. Rivera Madera, no obstante, defendió el trámite legislativo de la medida que radicó en noviembre del año pasado, al asegurar que “las cosas se hacen bien”. “Yo tengo que escuchar a todo el mundo. Estoy en un proceso en donde no quiero que nadie diga que lo excluyeron”, reclamó. Aún así, Rivera Madera dijo que, cuando el proyecto baje a votación, “los que quieren los alquileres a corto plazo por completo van a decir que es un proyecto medio blandengue, pero los que quieren andar por la libre van a decir que los regulamos demasiado. Aquí nunca va a haber un punto medio”.