Avanza la privatización de la generación de energía en la Isla

Otra fuente de este medio, con conocimiento del proceso, indicó que el segundo competidor —que fue considerado y no fue elegido— facturaría “más caro que el otro y la diferencia fue marcada”.

Según lo establece la Ley 29-2009 —que regula a Alianzas Público Privadas— y la Ley 120-2018 —para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico— ahora el contrato pasa a la consideración de la Junta de Gobierno de la AEE, cuya reunión ordinaria está convocada para el 25 de enero. No quedó claro si se convocaría una reunión extraordinaria para votar sobre el contrato.

Si lo convenido es aprobado por la AEE, el documento necesitará después el aval de la Oficina del Gobernador, quien delegó la función en la secretaria de la gobernación, Noelia García.

Aunque el contrato también requiere que el Negociado de Energía certifique que los acuerdos cumplen con el marco regulatorio, la política pública energética y el derecho vigente, Alianzas Público Privadas no informó en el comunicado si este paso se completó.

Desde el pasado viernes este medio ha intentado confirmar si la certificación se emitió, pero al cierre de esta edición el Negociado de Energía no había respondido y el documento no aparece en el registro de documentos.

Fermín Fontanés Gómez, director ejecutivo de Alianzas Público Privadas, expresó que el proceso fue difícil y complejo, pero a su juicio lograron la mejor transacción y defendió la confidencialidad que rodea esta negociación.

“Aquel ciudadano que quiera ver el historial y por qué se llegó a cada cláusula del contrato pueden ver todo como ocurrió (cuando se firme)… y qué el mercado estaba dispuesto a ofrecer bajo las condiciones que nosotros le estábamos dando: en el caso de la AEE un monopolio en quiebra, bajo un Título 3 (de la Ley federal de Promesa), una Junta de Supervisión Fiscal, un sistema sin mantenimiento, con falta de inversión después de varios huracanes, en unas condiciones no óptimas y el mercado tiene que asumir esa información y hace sus propuestas basado en todas esa condiciones”, expuso a EL VOCERO.

El funcionario agregó que previo a que la Junta de Directores aprobara el contrato, incluyeron asuntos a los planteados originalmente sobre la transparencia en los trámites, y enfatizó que hay disposiciones para “evitar potenciales conflictos de intereses de cualquier compra de servicio, contratos profesionales dentro de la operación diaria del operador”, que aseguró todavía no puede especificar.

Según Fontanés Gómez, el contrato no es igual al de LUMA y hay que esperar a que esté finiquitado para “explicar la diferencia entre uno y cuáles fueron los cambios luego de nuestra experiencia con el otro contrato”.

Liza Ortiz Camacho, representante del interés público ante la Junta de Directores de Alianzas Público Privadas, planteó que el proceso de evaluación fue “muy distinto al de LUMA”, porque se les proveyó toda la información que solicitaron.

También se atendieron los seis requerimientos que hicieron los presidentes legislativos, los aspectos técnicos y las preocupaciones sobre los empleos, “la participación de entidades locales durante el proceso de la privatización y la transparencia”.

“Yo espero que sea (un buen contrato). El proceso se hizo correctamente, se aprobó conforme a ley y tenemos que movernos hacia adelante. Eso es política pública establecida por Legislatura y el Gobierno en su momento y eso es lo que se está siguiendo. Dicho eso, teniendo en consideración todo lo que se presentó, entiendo que es la decisión correcta. Si no, no hubiera tenido mi voto”, declaró Ortiz Camacho.

Incluye disposiciones exigidas

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, informó que se incluyeron las seis disposiciones que se habían exigido a cambio de que los representantes del interés público votaran a favor del contrato.

Las seis disposiciones exigían que en caso de que se requiera subcontratar servicios, se obligue a considerar primero a los empleados y empresas de Puerto Rico.

También que cualquier ahorro producto de la privatización se refleje como reducción en la factura del servicio; que no se permita la subcontratación de socios, aliados, subsidiarias ni otras organizaciones ligadas al consorcio elegido; mayor transparencia; la protección de los empleados y sus beneficios en la AEE, y que la extensión del contrato tenga que contar con el voto unánime de los dos representantes del interés público ante la Junta de Directores de Alianzas Público Privadas.

“Todo lo que pedimos, más adicional acordamos otras cosas, aunque no puedo entrar en detalles, pero se incluyó las seis enmiendas, y tres o cuatro disposiciones para darle más fuerza y otros elementos adicionales que van a permitir que cualquier cosa futura no tengamos que estar en los tribunales todos los días para la cuestión de la transparencia”, afirmó.

Por su parte, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, expresó que “la aprobación del nuevo modelo de generación de energía era anticipable. Los puertorriqueños han expresado la insatisfacción y deseo de cambio hacia un sistema eléctrico confiable y más económico”.

Destacó que tanto él como el presidente de la Cámara, hicieron las exigencias porque la transformación del sistema eléctrico “es un asunto prioritario que tiene que atenderse de forma responsable, organizada y seria en el contrato, que permita lograr ese propósito”.

“Así, establecimos que cualquier integración del sector privado en ese esfuerzo, tiene que cumplir, a nuestro juicio, con los siguientes requisitos: primero, asegurar la protección de los empleos y los derechos laborales de los trabajadores; segundo, que se asegure estabilidad del sistema y que se reduzcan los apagones; tercero, que se integre a los municipios en proyectos estratégicos; cuarto, que sea el sector privado el que asuma los costos que sean necesarios más allá de los fondos consignados por el gobierno federal; quinto, que se regule el proceso y se establezcan métricas estrictas de cumplimiento: y, sexto, que todo ahorro que genere esa transacción tiene que transferirse en reducciones de tarifas a todos los consumidores”, detalló Dalmau Santiago.

Insistió en que si el acuerdo garantiza estas exigencias, se habrá dado el primer paso en la dirección correcta. “No obstante, nosotros, desde la Asamblea Legislativa, velaremos para que se cumplan con esos objetivos”, agregó.

Lamenta la poca información

El representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa, lamentó que haya poca información sobre los acuerdos alcanzados, y aseguró que hay riesgos si se completa el acuerdo en este momento, en que entiende no hay urgencia.

Enfatizó que en 2022 la demanda de gas natural en la Central Costa Sur solo se suplió entre 20% a 30%, y que el conflicto bélico en Ucrania sigue teniendo repercusiones que pueden elevar el costo del combustible y reducir la oferta, lo que puede resultar en que aumenten los costos.

“El mantenimiento de la generación existente por el director ejecutivo actual (Josué Colón) y su equipo es lo mejor que está siendo administrado actualmente. Existe un plan de trabajo y mantenimiento en coordinación con FEMA —que añadirá 600 megavatios para que las unidades que necesitan ser reparadas salgan de servicio y tengan resguardo a través de barcazas— donde FEMA se va a encargar de la generación, más el combustible. Por lo tanto, ya que este contrato no conlleva generación nueva y el mantenimiento de las unidades es lo mejor administrado actualmente, esto no es necesario. No es urgente”, aseguró.

FUENTE: elvocero.com