Cargo heredado obstaculizaría cambio a energía solar

La implementación del “cargo heredado” propuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF) para sufragar el pago a los acreedores como parte del Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) representaría un obstáculo a la proliferación de sistemas basados en energías renovables, como el Sol, según el profesor universitario Agustín A. Irizarry Rivera. Esta es una de varias conclusiones de un análisis realizado por Irizarry Rivera, que fue incluido en la moción presentada ante la jueza federal Laura Taylor Swain por organizaciones ambientalistas como parte del proceso de la quiebra de la corporación pública bajo el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa). “En Puerto Rico la distribución de energía renovable está creciendo, no así los sistemas renovables a gran escala. El PAD propuesto falla en analizar los datos públicos disponibles que demuestran esto y simplemente ignoran este hecho”, destacó Irizarry Rivera, quien fue representante Ciudadano a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica de 2012 a 2014. En junio del 2021, LUMA Energy reportó 26,077 clientes dentro del programa de medición neta de generación de energía por medio de sistemas fotovoltaicos. Esta cifra se triplicó 21 meses después y en marzo del 2023 este renglón se encontraba en 78,096. Los números sobre la capacidad de almacenamiento de las casas en el País han mostrado incrementos similares. En junio del 2021, LUMA reportó que la capacidad de los sistemas instalados alcanzaban los 228 megavatios y luego incremento a 524 megavatios en marzo del 2023, lo que representa un aumento de más del doble de la capacidad. Sin embargo, el catedrático advirtió que el cargo heredado propuesto por la junta fiscal está diseñado para penalizar a los ciudadanos adopten sistemas de medición neta citando el exhibit P del PAD, que indica que “los cargos fijos (en vez de cargos volumétricos) son preferibles como el instrumento primario para sumar ingresos adicionales al ser menos impactados por la adopción de paneles solares por parte de los consumidores”. “El PAD usa el cargo fijo para imponer una carga energética a los puertorriqueños que solo podrán escapar saliendo del archipiélago y desconectándose de la red (de la AEE)”, sostuvo Irizarry Rivera, quien concluyó que las políticas energéticas del País se verán afectadas por este impuesto. Cabe destacar que la Ley 17 de Política Pública Energética ordena que para 2025 debe haber como mínimo 40% de generación con energía renovable y que para el 2050 se alcance la totalidad del País. La moción presentada por los grupos ambientalistas como Comité Diálogo Ambiental, la Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, el Sierra Club, la Coalición de Organizaciones Anti Incineración, Amigos del Río Guaynabo, Enlace de Acción Climática y Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, destaca lo que entienden son “suposiciones erróneas”. “El plan está basado en el actual ritmo de adopción de distribución de energía generada por fuentes renovables, específicamente los sistemas fotovoltaicos residenciales que incluyen baterías, resultando en un sobrestimado de las ventas futuras de energía (de la AEE), lo que significa que no podrá repagar la deuda que busca saldar”, advierte Irizarry Rivera. No es factible La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) también atacó el PAD en una moción que incluyó la extensa declaración del director de finanza del Instituto de Economía de la Energía y Análisis Financiero (Ieefa), Tom Sanzillo, en la que expone que la propuesta no es “factible”. Entre los elementos que Sanzillo presenta para fundamentar esta afirmación figura que el plan “está basado en proyecciones financieras irrazonables y defectuosas”, que “no es consistente con la prestación de un servicio eléctrico adecuado a futuro que sustente la economía (de Puerto Rico)” y que “está estructurado de manera que resulta riesgoso a largo plazo”, lo que impediría el acceso a los mercados de capital. Sanzillo destacó que dentro de las proyecciones de gastos detallados en el Plan de Ajuste de la Deuda hasta el 2038 se incluyó el servicio de la deuda, pero se dejó fuera todo gasto de capital que no sea sufragado con fondos federales y desarrolladores privados. Señaló que el Plan de Ajuste establece que la capacidad de energía renovable disponible para el año fiscal 2027 será de 3.75 gigavatios, bajo la suposición de que se completarán seis grandes proyectos, de los que al mes pasado solo dos solicitudes de propuestas (RFP, en inglés) habían sido publicadas. De acuerdo con la moción de la Utier, para abril del 2023 la AEE solo había firmado 120 proyectos de energía solar que totalizan un gigavatio de capacidad, por lo que entienden que debido a la magnitud y la complejidad de los proyectos que no han iniciado, es prácticamente imposible alcanzar los 3.75 gigavatios para la fecha estipulada en el Plan de Ajuste.