Carlos "Johnny" Méndez tiene "muchas preguntas" para Samuel Pagán

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, expresó ayer su descontento con las decisiones administrativas del representante novoprogresista Samuel Pagán Cuadrado, quien enfrenta una querella ética de su exempleado Luis Hiram Delgado Rivera. Méndez dijo a periodistas que busca conocer cómo un contrato de hasta $180,000 que otorgó Pagán Cuadrado a la compañía International Legislative and Government Consulting Group, propiedad de Isoel Sánchez, dio paso a que se reclutara como subcontratista a Delgado Rivera, cuyas funciones realizadas dentro de la oficina del representante novoprogresista son inciertas. Ayer, Pagán Cuadrado no estuvo disponible para reaccionar a esta información. Un portavoz se limitó a decir que, en algún momento, el legislador novato reaccionará “a todo lo que se ha especulado”. Méndez dijo que entre ayer y hoy se reuniría con el legislador por el distrito 35 “a ver qué me dice sobre muchas preguntas que tengo”. El presidente cameral reveló que se ha reunido varias veces con Pagán Cuadrado sobre “imputaciones” en su contra. Pagán Cuadrado no fue ayer al Capitolio a pesar de que había sesión. Se dijo que estaba en su distrito representativo. “Le he pedido que me dé explicaciones y me tiene que dar explicaciones contundentes”, agregó Méndez, al decir que no lo convencen “fácilmente”. Pagán Cuadrado ha enfrentado una demanda civil por cobro de dinero, una querella en la Oficina del Contralor Electoral por donativos no reportados y varios señalamientos en la auditoría de su campaña. Según Méndez, como resultado del contrato con la empresa de Sánchez, Pagán Cuadrado “puso a (subcontratistas) a realizar funciones que no se supone que sean las que realiza un contratista, sino un empleado regular. Por ahí van mis preguntas; ¿Por qué ocurrió eso? ¿Cuál fue la decisión? ¿A quién se le pidió autorización?”, agregó Méndez, al explicar que le pidió a Pagán Cuadrado que tomara una serie de acciones correctivas que no detalló. El Nuevo Día supo que hasta cinco empleados de la oficina de Pagán Cuadrado fueron subcontratados por Sánchez, quien falló en solicitar a la Cámara una autorización para realizar las subcontrataciones, como dispone el contrato, al que tuvo acceso El Nuevo Día y que fue firmado en julio del año pasado con vigencia de un año. Supuestamente, los empleados como Delgado Rivera pensaban que habían sido contratados por la Legislatura, no por la empresa de consultoría. Al no informar sobre la subcontratación, estas personas no tuvieron que ser sometidas a pruebas de dopaje. El 27 de abril, el contrato fue rescindido por Sánchez y algunos de los empleados pasaron a la nómina de la Cámara. Antes del contrato de $180,000, se había suscrito otro contrato entre la oficina de Pagán Cuadrado y la empresa de Sánchez por $58,000, con vigencia del 1 marzo al 30 de junio del año pasado. La administración de la Cámara autorizó el contrato de $180,000 bajo la presunción de que era un solo contratista. El empresario no contestó llamadas a su celular. La compañía de consultoría fue seleccionada por el representante para brindar asesoría legislativa, redacción, evaluación y análisis de medidas legislativas; brindar servicios de relaciones públicas, redactar comunicados de prensa; análisis de medios, entre otros asuntos. El acuerdo fue cancelado y poco después, Delgado Rivera visitó varias oficinas legislativas para presentar una declaración jurada en la que denunciaba las irregularidades de su contratación y un patrón de hostigamiento sexual en la oficina de Pagán Cuadrado perpetrado, supuestamente, por la esposa del legislador, Nancy Malavé Toro. La querella no procedió en Capital Humano por Delgado Rivera no ser empleado de la Legislatura y eso provocó que presentara la querella en la Comisión de Ética el miércoles de la semana pasada. Méndez aseguró ayer que nadie en la Cámara ha declarado haber sido víctima de hostigamiento sexual en la oficina de Pagán Cuadro. El líder legislativo no dijo cuánto dinero la Cámara desembolsó por honorarios del contrato de $180,000 y tampoco pudo precisar cuántas personas cobraron. Alegó que desconocía que Sánchez reclutaría a otras personas para realizar el trabajo. “(El contrato) no decía que la compañía iba a contratar a otros contratistas para realizar trabajos dentro de la oficina de un legislador. Eso no lo tenemos claro y eso es lo que tiene que explicar”, dijo Méndez.