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La administración del presidente Donald Trump no solo está atenta al plan que le tiene que someter el gobernador Ricardo Rosselló para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), sino que ya ha sugerido el camino para lograr que el futuro de esa entidad resulte en un negocio “sustentable”, mediante la instalación de contadores en cada propiedad y la eliminación de subsidios.
Así lo hizo saber ayer el principal asesor de seguridad de la Casa Blanca, Thomas Bossert, a preguntas de EL VOCERO en una rueda de prensa en las instalaciones alquiladas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en Guaynabo.
“Hay un par de cosas que me gustaría ver y al presidente le gustaría ver en un tiempo relativamente corto. Pasamos mucho tiempo, para crédito del gobernador, hablando de esto ayer (lunes) y es un plan sostenible que puede incluir diferentes partes”, comenzó diciendo.
Entonces, especificó que al presidente Trump “le gustaría ver los rudimentos fundamentales básicos de un plan de negocios de servicios públicos que sea sustentable e incluya medidores en propiedades y (tener) propiedades con propietarios definidos, con títulos y escrituras”.
Estos términos son utilizados para referirse a personas o entidades que aprovechan un recurso común sin pagar o sin asumir una parte sustancial del costo de su producción.
La Ley 22 de 2016, de la autoría del exsenador Ramón Luis Nieves, redujo los subsidios en los residenciales públicos y hoteles, mientras eliminó los subsidios a los industriales. El subsidio a los hoteleros tiene un crédito máximo de 11%, mientras que los residentes de vivienda pública tienen una tarifa fija que va entre los $30 a $50 mensuales, de acuerdo con la cantidad de habitaciones y a su consumo máximo.
Según el estudio realizado entonces, el subsidio al sector industrial para el año fiscal 2014 representó un costo a los abonados de $6.3 millones; el de hoteles y paradores le costó $8.7 millones; el de las iglesias y organizaciones sin fines de lucro costó $6.9 millones y el de los residenciales públicos alrededor de $20 millones.
Bossert agregó que cuando la Casa Blanca propuso las microrredes y proyectos de paneles solares industriales lo hizo pensando en esos dos conceptos, que implican mejoras al sistema de medición de consumo y de facturación de la AEE.
Con fecha la entrega de planes
Bossert señaló a su vez que el gobernador tendrá que entregar planes de acción para el 18 de junio y el 8 de agosto, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Congreso y la Casa Blanca, algo que le recordaron tendrá que hacerse con mucho detalle y basado exclusivamente en daños directos del huracán María.
“Si él no pone en marcha algo que se vea como un estado final futuro, y creo que lo hará, entonces estaremos gastando dinero de manera arriesgada y esa no es su intención ni la nuestra. Pero, tenemos que asegurarnos que pasamos tiempo en el nivel federal para aprender y entender qué es lo que está diciendo (el gobernador) y por qué, y qué es exactamente lo que quiere lograr para que no tengamos un malentendido”, contestó Bossert a preguntas de la prensa.
Por el contrario, si surge un malentendido en la fase de diseño de los planes de acción, “entonces cada proyecto que venga más tarde bajo ese plan será revaluado hasta un grado frustrante de despliegue”, advirtió el funcionario.
El asesor de Casa Blanca admitió que están siendo rigurosos a la hora de aprobar las hojas de trabajo para emplear el dinero en proyectos permanentes bajo las categorías C a la G del programa de asistencia pública de FEMA pues importa mucho el diseño que someta Rosselló. Además, hay “requisitos de causalidades”.
“No podemos poner todo nuestro dinero en algo que pueda no ser una causa del evento subyacente del ciclón”, explicó.
Refutó, sin embargo, las críticas realizadas por el gobernador en cuanto a la burocracia. “Una cosa que me gustaría hacer, y pueden imprimir esto, es rechazar rotundamente los términos burocráticos del trabajo permanente y de emergencia. (Esas expresiones) no tienen sentido, son engañosas y, lo peor, están alejando la recuperación moral”, dijo sin aludir directamente a Rosselló, sino a la prensa.
Sobre este particular, el director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa, por sus siglas en inglés), Carlos Mercader, dijo por separado a EL VOCERO que los mismos oficiales de FEMA habían admitido previamente su burocracia y que la administración Rosselló discutió este asunto con Bossert en un clima ameno y de respeto.
El restante 5% le toca a la AEE
Presente en la mesa redonda también se encontraba el comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace, por sus siglas en inglés) para el distrito de Jacksonville, Jason Kirk, quien afirmó que le corresponderá a la AEE encargarse de energizar al último 5% de los abonados. Confesó que en algunos casos eso podría demorar hasta junio.
Kirk enfatizó que la corporación pública estuvo informada desde el principio que le correspondería aumentar sus fuerzas de trabajadores para encargarse de ese último tramo de la energización.
Estimó también que antes que culmine el mes alcanzarán el 95% de los abonados, pues al día de ayer las cifras oficiales reflejaban un 93.4% con servicio.
Mientras las autoridades federales buscaban mitigar el impacto negativo en la opinión pública, el gobernador se quejaba nuevamente de la respuesta de Estados Unidos desde La Fortaleza.
“He enumerado un sinnúmero de áreas, que yo acepto han sido desaciertos. El principal que puedo mencionar y que les digo que no ocurriría nuevamente es solicitar la ayuda del Cuerpo de Ingenieros para restaurar el sistema de energía eléctrica en Puerto Rico”, sentenció Rosselló.
FUENTE: elvocero.com
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