Chocan las opiniones sobre venta de municiones

La Ley de Armas nuevamente se convirtió en eje de controversia luego de que una investigación policiaca, que se extendió por 18 meses, reveló la estrecha relación entre vendedores de armas ilegales y municiones adquiridas en armerías por personas con licencia de portación. El comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Rafael Freytes, informó este hallazgo el pasado martes, mientras ofrecía detalles del operativo que desembocó en el arresto de 25 personas, incluyendo dos individuos que tenían licencia para portar armas y expediente criminal limpio. “De mi parte sugeriría enmiendas a la Ley de Armas, de manera que se pueda ayudar un poco a perseguir a este tipo de persona porque, en efecto, hay una relación entre estas personas y la cantidad de municiones que se compran. Para mí, es un indicador bien importante”, subrayó Freytes. Aunque en Puerto Rico no existe un tope para la cantidad de municiones que una persona con licencia de posesión de armas puede comprar, la Policía puede corroborar el uso de las compradas si el número alcanza las 20,000 en un año. “Creo que podría entrar el Departamento (de Seguridad Pública) para proponer una serie de proyectos (de ley) para mejorar específicamente la cantidad de municiones que una persona puede comprar al año. Hemos establecido una relación bien particular entre los vendedores de armas ilegales y las cantidades de municiones compradas por las personas que específicamente tienen licencia para portar, ya que una persona que fue convicta (de delito) no puede portar armas”, puntualizó el comisionado. Sin embargo, para el presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Armas de Puerto Rico (Codepola), Ariel Torres Meléndez, no hacen falta limitaciones a la venta de municiones, porque a su juicio las autoridades cuentan con herramientas para identificar las personas que compran municiones de manera excesiva. “Cuando una persona visita una armería, en este caso para comprar municiones, lo primero que la persona que trabaja allí le pide es la licencia de armas, que tiene un número. Cuando la armería introduce ese número en el sistema (REAL+), este le dice qué calibre el individuo está autorizado a comprar. Nadie puede ir a una armería y comprar cualquier tipo de munición como se hacía antes. La Policía tiene registro de eso”, señaló. Según Torres Meléndez, limitar la cantidad de municiones solo afectaría a quienes practican el deporte de tiro y los entusiastas de la caza, y no resolverá el problema de la venta ilegal, debido a que una vez la persona sale por la puerta de la armería, “no tenemos control”. “Lo que hay que hacer es darle más recursos al NIE, la Policía y las otras agencias del orden público, porque ese operativo que realizaron demostró que el registro funciona y solo necesitan más herramientas para utilizarlo de manera más eficaz”, apuntó el también armero, quien celebró la iniciativa del NIE para sacar de la calle las armas ilegales del bajo mundo. El presidente de Codepola reclamó que caiga “todo el peso de la ley” sobre las personas que aprovechan la licencia de portación para suministrar municiones a las organizaciones criminales. “Esto es un derecho para defenderse no para hacer negocio, no para estar delinquiendo. La ley se hizo con un propósito que incluye darle más herramientas a la Policía y todos los componentes de seguridad”, añadió Torres Meléndez. Insistió en que cualquier legislación que proponga limitar la compra de municiones iría en contra del “derecho fundamental de portar armas”. Legislaciones en el tintero La Legislatura tiene ante su consideración varios proyectos de ley relacionados a la Ley de Armas, como el Proyecto de la Cámara 0382, de la autoría de la representante Yashira M. Lebrón, para que se permita a los instructores de uso y manejo, facilitar armas y municiones registradas a su nombre a los peticionarios de licencia de armas, en los polígonos y clubes de tiro que no tienen armería. El Proyecto de la Cámara 0445, del representante Luis Ortiz Lugo, propone eliminar restricciones a la expedición de licencias de portación de armas que “resultan en un discrimen sobre ciertos ciudadanos”. Ambas piezas legislativas fueron referidas a la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes. Ninguna de las medidas que se encuentran ante la consideración de la Legislatura propone limitar la cantidad de municiones que pueden ser vendidas a un individuo.