Cientos de casos de abuso sexual infantil en Puerto Rico se quedan impunes

Apenas empezando a vivir, la niña rompió el grueso cascarón y, venciendo el terror de generaciones, desafió a todo su entorno para decir lo que le estaba pasando: su propio padre la abusaba sexualmente. La madre, venciendo también sus propios miedos ancestrales, le creyó sin titubear y denunció al hombre. La pesada piedra de los casos de abuso sexual contra menores comenzó a rodar. Ocurrió en el 2016. A la denuncia, le siguió lo típico en estos casos. Interrogatorios, citaciones, las mismas preguntas muchas veces, órdenes de protección. La pesquisa, por razones desconocidas, se quedó atascada en alguna dimensión inaccesible. Nadie, al final, fue acusado. No habiendo crimen probado, se acabó entonces la razón de las órdenes de protección. La niña tuvo que volver a relacionarse con el padre abusador. Salto al 2021. La niña está hoy en la temprana adolescencia. En estos días, se le volvió a ver por un centro de atención a víctimas de abuso sexual. El padre que la primera vez no pagó por su crimen, volvió a abusarla. De nuevo, hay pesquisa. La pesada piedra de los casos de abuso sexual contra menores está rodando otra vez. No se sabe, igual que la vez anterior, a dónde irá a parar. Pero, dado el historial de estos casos, cabe temer que, nuevamente, no llegue a nada. El caso de esta niña, que le fue contado a El Nuevo Día por una fuente con conocimiento directo de lo acontecido, pero con la condición de que no se revelen detalles que pudieran poner en riesgo la pesquisa, no es, trágicamente, único. Solo durante los últimos cinco años, cientos de denuncias de abuso sexual contra niños validadas como ciertas por organizaciones por profesionales contratados por el propio gobierno para manejarlas, no han resultado en acusaciones contra nadie, dejando a igual cantidad de agresores libres para continuar perpetrando sus crímenes y a incontables niños sin el invaluable consuelo que da el que se le crea y se le haga justicia. Es una situación espantosa por donde quiera que se le mire. Por un lado, los expertos consideran que un agresor sexual de menores llega a acumular entre 12 a 15 víctimas a lo largo de su vida; en la medida en que no se le encauce seguirá perpetrando crímenes que marcarán por siempre a sus víctimas. Por el otro, el niño o niña que logró reunir la enorme valentía que se necesita para denunciar a un agresor que en el 75% de los casos es alguien cercano como su padre, su padrastro o un hermano, se queda sin la recompensa a su valentía: la convicción de su agresor. “Devastador para un niño” “Esto es devastador para un niño. Se va a poner rebelde. Probablemente jamás va a hablar si vuelve a suceder algo, como diciéndose: ¿para qué voy a hablar si ya hablé y no hicieron nada? Ese es el niño que probablemente vamos a ver experimentando más adelante en su vida con alcohol, con violencia”, dijo la doctora Brenda Mirabal, una catedrática retirada de pediatría del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), especialista en maltrato infantil. Desde el 2013, el grueso de las denuncias contra niños y niñas se atiende en los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Abuso Sexual, conocidos como Cimvas. Estos centros cubren todas las regiones de la isla y consisten de equipos multidisciplinarios que atienden a los menores referidos por el Departamento de la Familia (DF), hospitales y hasta la Policía, con el fin de validar si el abuso ocurrió. Entre el 2017 y el 2020, el Cimvas que maneja la Universidad Carlos Albizu bajo contrato con el DF para las regiones de San juan, Bayamón, Arecibo, Ponce y Guayama ha corroborado como ciertas 392 denuncias de abuso sexual contra menores. Entre los años fiscales 2016-17 hasta lo que va del 2020-21, el Cimvas del Hospital Pediátrico en Río Piedras, que cubre mayormente casos que llegan a hospitales, ha corroborado 141 de estas denuncias. El Departamento de Salud, que maneja los Cimvas en las regiones de Fajardo y Bayamón, no respondió una petición de entrevista sobre este tema. Entre las organizaciones que sí contestaron, hay al menos 533 instancias de abuso sexual ya corroboradas, de las que no sabe en qué estatus, si alguno, están en los tribunales. Los directores de ambos centros, Larry Emil Alicea, de la Universidad Carlos Albizu, y Yanira Carmona, del Hospital Pediátrico, dijeron que no tienen constancia de cuántos de esos casos, si alguno, han sido radicados. Entre los años fiscales 2016-17 hasta el 18 de agosto de este año, en las cortes se presentaron apenas 71 casos de agresión sexual contra menores bajo el inciso A, del Artículo 130 del Código Penal, según la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT). Algunos casos pueden haber sido presentados bajo otros artículos como podría ser los de actos lascivos o incesto. Pero no se suministraron estadísticas al respecto. Los casos presentados, además, no tienen necesariamente que haber sido investigados a través de los Cimvas, pues a las cortes llegan también casos directo desde hospitales y oficinas locales del DF. Para las personas que trabajan con víctimas de estos delitos, es extraordinariamente frustrante que después de que logran validar que un niño sufrió una agresión sexual, lo cual no es nada fácil, no pase nada con el agresor. “Nosotros aquí no hacemos una opinión porque nos da la gana de hacer una opinión para validar un caso. Tenemos unos criterios y los casos que se validan son que reúnen esos criterios. Una vez se haya cumplido con esos criterios, no debe haber duda de que el abuso ocurrió”, dijo la doctora Mirabal, que es consultora del Cimvas del Hospital Pediátrico. La doctora Carmona, a su vez, agregó: “La falta de credibilidad es uno de los problemas más serios que tienen nuestros niños que sufren abuso. Se asume que el niño que habla de abuso es que se lo inventó, que alguien se lo dijo y lo siguió repitiendo. Eso puede pasar. Pero en el proceso que hacemos aquí nos vamos a dar cuenta y hay unos criterios para sostener lo que está diciendo”. Todos los involucrados en este asunto están conscientes de que las denuncias de abuso sexual contra menores no son procesos fáciles de llevar. Son casos en los que rara vez hay evidencia física, pues por lo general se descubren mucho tiempo después de ocurrido el abuso y habiendo desaparecido ya las señales visibles del crimen. Se depende, casi siempre, del testigo de un menor fácilmente manipulable, que por lo general tuvo vínculo afectivo o de dependencia con su agresor y que, además, está en una situación muy frágil, no pocas veces bajo presión de su propia familia. Hay casos que incluso los mismos profesionales recomiendan no radicar cargos para proteger la salud emocional de una víctima a la que el proceso judicial podría hacerle más mal que bien. Pero todos coinciden que hace falta hacer más para lograr probar los casos y proteger a las víctimas. “Tiene que existir una conversación entre el sistema de justicia y los que trabajamos estos casos con los niños para buscar otras alternativas”, dijo Alicea, de la Universidad Carlos Albizu, quien sostiene que ha visto un aumento dramático de estos casos. La fiscal Laura Hernández Gutiérrez, quien dirige la oficina del Departamento de Justicia que investiga y procesa los delitos sexuales contra menores, sostuvo que hay en curso pesquisas por delitos referidos por los Cimvas, pero no dijo cuántos ni en qué regiones. Se defiende Justicia Precisó, además, que hay casos que pueden tomar “hasta tres años” en radicarse, entre otras cosas porque hay que atenderlo tomando en consideración el estado emocional de las víctimas. La ley que creó los Cimvas partía del principio de que en dichos centros se recopilaría la evidencia testimonial que limitara, al máximo, las ocasiones en que un menor debía dar testimonio y evitar así revivir su trauma cada vez que tuviera que relatarlo, lo cual es uno de los mayores impedimentos para procesar estos casos. La ley incluso provee para que fiscales y policías observen los interrogatorios de los niños con profesionales de la conducta humana a través de un cristal unidireccional y hasta sugieran preguntas si lo entienden necesario para fortalecer el caso. Pero al menos en las regiones examinadas por El Nuevo Día eso no está ocurriendo y, al igual que antes de la existencia de la ley, “los fiscales insisten en interrogar a los niños”, sostuvo Alicea. La fiscal Hernández Gutiérrez dijo que no puede ser de otra forma. “Puede que ellos tengan un caso validado. Pero eso no es todo lo que yo necesito para radicar un caso. Eso es una pieza y es importantísima, pero no es todo lo que yo necesito”, sostuvo Hernández Gutiérrez, quien dijo que si se deja llevar solo por la entrevista del Cimvas, “el caso se me va a caer”. “Ellos no pueden sustituir lo que hace el fiscal. Ellos quieren grabar a los menores y que esa grabación sea usada en el tribunal, pero eso no se permite en nuestro ordenamiento jurídico”, agregó la fiscal, quien dice que es inevitable que, después de las entrevistas en los Cimvas, los menores tengan que volver a revivir sus traumáticas experiencias ante fiscales. “En casos criminales, ese testimonio de la víctima no se puede sustituir”, manifestó Hernández Gutiérrez.