Claman por la regulación de los alquileres a corto plazo en las zonas residenciales

Entre los afectados por la proliferación de los alquileres a corto plazo (STR, por sus siglas en inglés) que acudieron ayer, martes, al Capitolio para participar del segundo día de vistas públicas del Proyecto de la Cámara 1557, el reclamo fue unísono: regular lo antes posible este tipo de alojamientos en las zonas residenciales de Puerto Rico. Los perjudicados viven, principalmente, en condominios donde la mayoría de los titulares avalaron esta actividad económica, ya que Ley de Condominios dispone que, si en la escritura matriz de una propiedad horizontal los STR aparecen prohibidos, la prohibición puede ser revertida por dos terceras partes de los dueños de las propiedades. Rosario Goyco, titular del condominio Condado del Mar, en San Juan, reclamó que los titulares no deberían tener esta potestad y que el uso de un condominio debería limitarse a lo que dispone su escritura de matriz. “Si la escritura matriz específicamente dice que es para uso residencial y todos los permisos son residenciales, el votar la Junta y los titulares para cambiar el régimen de ley por el cual nosotros adquirimos la propiedad es prácticamente expropiar a los titulares la titularidad sobre esos elementos comunes que esos negocios (los STR) van a utilizar para su beneficio. Grava onerosamente las facilidades públicas”, reclamó la abogada. Cuestionado sobre si el proyecto de su autoría atenderá las preocupaciones de los condominios, el representante José “Cheíto” Rivera Madera indicó que el ordenamiento legal vigente provee herramientas a los ciudadanos, pero, reconoció, hay un problema de aplicación. Asimismo, se expresó preocupado ante las denuncias de que hay personas o corporaciones tipo LLC que tienen derecho al voto por cada unidad de apartamento que posean, lo que podría distorsionar el deseo de la mayoría de los titulares en temas relacionados a los STR. “Eso lo vamos a prohibir”, adelantó Rivera Madera. Además de las preocupaciones relacionadas a los condominios, Nathanie Martínez González, facilitadora de la organización Mujeres Islas LLC, denunció que estos alojamientos limitan el acceso a la vivienda en los municipios, particularmente en Vieques y Culebra. A su juicio, la medida “se queda corta” para atender este problema, por lo que recomendó incluir protecciones para tener acceso a la vivienda, así como realizar un análisis del impacto de los STR en Puerto Rico, además de asignar dinero recurrente para la fiscalización de los alojamientos. “El equipo (de Mujeres Isla) ha aumentado por los pasados años y cada persona que viene tiene dificultad en conseguir vivienda, al igual que los maestros, que a veces se tienen que ir por esa misma razón. Si le preguntas al dueño de una casa, le conviene más un alquiler a corto plazo o compensar un arrendamiento a largo plazo aumentando el costo de la renta”, expresó durante su ponencia. Frente a este escenario, Rivera Madera dijo que la regulación de los STR en las zonas residenciales será una realidad, pero que todavía no está claro cómo se hará. Hasta ahora, la medida dispone que el propietario de un alojamiento localizado en una zona residencial podrá utilizar hasta un 30% de la unidad para esos fines. Si excede dicha cantidad, tendría que obtener una variación de uso residencial a comercial por parte de la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe). “La regulación en las zonas residenciales tiene que suceder de alguna manera, porque la queja constante es de las áreas residenciales”, expresó el legislador del Partido Popular Democrático (PPD). Anticipó, además, que la regulación será uniforme, pero tendrá una ventana para que los ayuntamientos generen sus propias ordenanzas de acuerdo con las particularidades de sus territorios. “Lo que vamos a tratar de hacer es tener el proyecto listo antes de que acabe esta sesión legislativa y, por lo menos, pasarlo en la Cámara de Representantes”, manifestó.