CPI: Datos incompletos de mortalidad motivan nuevo pleito judicial contra el Departamento de Salud

SAN JUAN (CPI) – Los datos incompletos sobre las defunciones de los últimos dos años entregados por el Registro Demográfico al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) causaron que esta organización volviera a demandar al secretario de Salud, Carlos Mellado López, y a la directora de dicha agencia, Wanda Llovet Díaz. La nueva petición de mandamus del CPI, amparada en el derecho constitucional de acceso a la información pública y radicada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, solicita que se ordene a la Directora del Registro Demográfico, agencia que está adscrita y responde al Secretario de Salud, cumplir su deber de entregar la base de datos de defunciones actualizada para los años 2022 y 2023, hasta lo más reciente disponible, tal como lo ha hecho en al menos otras cinco ocasiones anteriores debido a demandas del CPI y de otras entidades. La directora ejecutiva del CPI, Carla Minet, dijo que: “Quedan muchos ángulos por investigar sobre las muertes vinculadas a la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico. Al igual que hicimos antes, solicitamos periódicamente los datos más actualizados necesarios para el análisis de la mortalidad, Y nuevamente enfrentamos trabas del Registro Demográfico, que elimina campos fundamentales de la información que se necesita para analizar y fiscalizar”. “Contrario a veces anteriores – explicó la directora ejecutiva del CPI – recientemente recibimos los últimos datos faltando cierta información, sin razón válida, porque son los mismos que se han incluido previamente. De nuevo vuelve Salud a negarse con las mismas alegaciones que ya fueron rechazadas por los tribunales en Puerto Rico. Esto nos fuerza a volver a pedir la intervención judicial para que se ordene a las agencias cumplir con la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141 de 2019) a pesar de haber sido el mismo asunto superado con órdenes judiciales anteriores”. “Es lamentable que el Gobierno vuelva a fomentar pleitos judiciales, comprometiendo más recursos públicos en causas perdidas y obstaculizando el flujo de información pública”, señaló Carla Minet. El tipo de datos solicitados han permitido al CPI en el pasado publicar investigaciones reveladoras, incluyendo que, al dejar Salud sin efecto medidas de protección contra el contagio de COVID, ocurrió uno de los repuntes de muertes más altos de la pandemia. La base de datos fue usada también para identificar casos de mujeres asesinadas por sus parejas y enviar cartas a sus familiares para indagar más sobre los casos, lo que dio pie a la serie investigativa Sin madre por el machismo, que ayudó a conocer las circunstancias de los feminicidios y el efecto de esta realidad en los menores que quedan huérfanos, sin apoyo del Estado, y en las abuelas que se convierten en cuidadoras. El documento es esencial para el trabajo periodístico. Tracto de la solicitud En 2009, la periodista Omaya Sosa Pascual investigó la posible llegada de la pandemia del H1N1 a Puerto Rico y su impacto en la población. Le negaron el acceso a los datos de mortalidad. El CPI demandó al Registro Demográfico y la agencia aceptó entregar los datos, lo que permitió que se documentaran sobre 500 casos específicos y sus historias. Otra serie de pleitos del CPI contra Salud y el Registro Demográfico se dieron a raíz de la investigación sobre las muertes vinculadas al paso del huracán María por Puerto Rico. En febrero de 2018, el Centro presentó una petición de mandamus para que dichas agencias entregaran copia de la base de datos sobre causas de muerte y todos los certificados de defunción emitidos desde el 18 de septiembre de 2017. Dicho caso evolucionó y resultó en varias órdenes judiciales contra Salud y a favor del CPI. “El uso de esta base de datos nos permitió identificar a las víctimas, conocer su realidad a través de entrevistas con sus familiares, y revelar en nuestra investigación Los muertos de María que la mortalidad era mucho más alta que las 64 muertes reconocidas por el Gobierno de Puerto Rico. A raíz de nuestra investigación, el Gobierno tuvo que reconocer que eran casi 3,000 las muertes”, enfatizó la editora de Proyectos Especiales y cofundadora del CPI, Omaya Sosa Pascual. Como parte de otra investigación sobre las muertes vinculadas a la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico, el CPI presentó en 2020 otro mandamus para obtener la base de datos de mortalidad de los años 2007 al 2020. Llovet Díaz se allanó, entregó la información y las partes sometieron una moción conjunta acordando que, para “evitar controversias futuras sobre la solicitud y entrega de los documentos e información aquí solicitadas”, dichas peticiones se canalizarían a través de la entonces Directora de la Oficina de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Salud, según consta en la sentencia. Para una investigación del CPI sobre la administración de las vacunas contra el COVID-19, la organización presentó otro recurso legal similar tras no haber podido obtener los datos completos y actualizados de mortalidad de 2020 y 2021. La referida agencia entregó la información, pero ocultó un sinnúmero de campos previamente divulgados, aludiendo a que eran confidenciales. El tribunal nuevamente ordenó la divulgación de la información solicitada. Al año siguiente, la periodista Jeniffer Wiscovitch Padilla, del CPI, hizo peticiones similares sobre las defunciones actualizadas de 2021 y 2022, en los mismos términos anteriores. Salud cumplió y posteriormente se repitieron más actualizaciones en varias ocasiones. La situación cambió a partir de mayo de 2023 con la petición de la periodista Omaya Sosa Pascual sobre la mortalidad actualizada contenida en la base de datos de defunciones del 2022 y lo que va del 2023. Salud entregó un CD alegando que contenía lo solicitado, pero para la sorpresa del CPI y a diferencia de las cuatro entregas anteriores, así como otras cuatro instancias en las que las agencias se allanaron o fueron requeridas por órdenes judiciales, el archivo tenía suprimidos varios campos de información, como los nombres, apellidos y direcciones de los difuntos e informantes, los cuales estuvieron incluidas en todas y cada una de las entregas anteriores. Mellado López invocó en una carta oficial las disposiciones de la ley HIPAA (Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico en español) para negarse a proveer la información omitida. El CPI es representado en este caso por los abogados Luis José Torres Asencio y Steven P. Lausell Recurt de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, donde son profesores, y cuentan con la asistencia de los estudiantes Camila V. Rivera Pérez, Lee C. Rodríguez Nogue, Luisa R. Sotero Franceschini y Jean C. Vizcarrondo Morales, como parte del Proyecto de Acceso a la Información.