Crean protocolo para investigaciones criminales de feminicidios y transfeminicidios

¿Cuál hubiese sido el resultado de la investigación sobre la muerte de Ileana Rodríguez Félix si la Policía no hubiese identificado señales que descartaron la versión de su pareja, que alegaba que había fallecido en un accidente de tránsito? Rodríguez Félix, de 35 años, no murió por las heridas recibidas en la colisión que el hombre provocó en un intento por ocultar los golpes que le había propinado en la cabeza y otras partes del cuerpo en medio de un incidente de violencia de género ocurrido, en diciembre de 2020, en Gurabo, concluyó la investigación de la Uniformada. Pero, aunque en ese caso la pesquisa policíaca reveló la verdad detrás de los hechos -lo que provocó la radicación de cargos por asesinato contra el individuo-, la realidad es que no siempre los componentes investigativos gubernamentales cuentan con las herramientas o el entrenamiento para identificar los crímenes de mujeres y personas trans por razones de género. En busca de reforzar esas herramientas, el Comité PARE anunció la firma del primer “Protocolo para la investigación de muertes violentas de mujeres y personas trans, por razones de género”, un documento desarrollado entre el Departamento de Justicia, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), el Negociado de la Policía, el Instituto de Estadísticas y el Observatorio de Equidad de Género. “Lo más importante es que establece que todas las muertes, incluso algunas que parecen accidentes, deben ser investigadas desde una perspectiva de género y desde el lente de que puede ser un feminicidio, que no se descarta o considera la posibilidad de un feminicidio, a menos que no fuera un caso obvio”, destacó Debora Upegui-Hernández, analista del Observatorio. El documento, de 49 páginas, representa, además, el reconocimiento, por parte de la Policía, de la existencia del feminicidio y transfeminicidio, subrayó. “Antes, simplemente eran muertes de mujeres, y muchas de ellas nunca aparecían en las estadísticas”, afirmó Upegui-Hernández. La creación del protocolo es un mandato contemplado en la Ley 157 del 28 de diciembre de 2020, que ordena el establecimiento de un sistema de compilación de estadísticas. Es, además, un complemento de la Ley 140 de 2021, que reconoce el feminicidio y el transfeminicidio como conductas que constituyen asesinato en primer grado, y de la Orden Ejecutiva 2021-013, mediante la cual el gobernador Pedro Pierluisi declaró un estado de emergencia por violencia de género. El protocolo también acerca a Puerto Rico a otros países respecto a la investigación de este tipo de delitos, ya que, para su confección, se utilizó como modelo el “Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género”. El protocolo en detalle De forma amplia, el protocolo establece las guías, normas y procesos para la investigación criminal coordinada entre agencias sobre las muertes violentas de mujeres y/o personas trans por razón de género. Provee, además, disposiciones para garantizar los derechos de las víctimas, sobrevivientes, sus familiares y testigos durante el proceso, e incorpora la perspectiva de género en las investigaciones. “Eso es bien importante para no permitir que se pierda evidencia, y darle paso a contemplar que pudieran ser un feminicidio casos que se pueden catalogar como accidentes, sobredosis o sucesos desgraciados”, dijo Upegui-Hernández. El protocolo debe ser ejecutado por los miembros del Negociado de la Policía, y constituye una herramienta de trabajo y referencia para los fiscales en el Departamento de Justicia y los investigadores del ICF. Deberá aplicarse de forma sistemática en las muertes violentas de mujeres o personas trans, en los decesos de estas poblaciones sin causa determinada, en casos de suicidio y en algunos accidentes de estos grupos. Estipula, igualmente, que las personas encargadas del caso, en todas sus etapas, deben evitar juicios valorativos sobre las conductas o el comportamiento anterior de la víctima y romper con la carga cultural y social que responsabiliza o culpa a la víctima por lo que pasó. “Se comienza a instrumentar un sistema investigativo, que no va a ser fácil, porque este documento va ahora a ser implementado en las agencias, para que comencemos todos y todas, y me incluyo, a conocer lo que es igualdad de género, lo que son indicadores de género, lo que es un feminicidio íntimo, lo que son los roles de género...”, expresó la fiscal Ileana Espada, oficial de cumplimiento del Comité PARE. La Policía, abundó, contaba con una orden administrativa para la atención de casos de la población trans, pero no había un protocolo para la investigación específica de crímenes violentos y para establecer cómo realizarla desde la perspectiva de género. Justicia, por su parte, contaba con una orden administrativa para investigar crímenes de odio. Durante la discusión previa a la redacción del documento, recordó Espada, uno de los primeros señalamientos que levantaron las organizaciones, las víctimas e, incluso, fiscales fue sobre la clasificación de “crímenes pasionales” que mantuvo la Policía hasta mayo pasado. Esta clasificación, sostuvo, podía influenciar la forma en que se examinaba una escena. “Los mayores problemas que se identificaron y han sido identificados internacionalmente... son esos prejuicios y estereotipos”, puntualizó. El protocolo también dispone la inclusión de la víctima sobreviviente o sus familiares en todas las etapas de la investigación, establece cómo se deben realizar las entrevistas, los pasos para dar seguimiento al caso, los deberes de la fiscalía y la compilación y manejo de las estadísticas. Presenta también un glosario, y se crearon formularios para recoger la información de una forma unificada y sistemática. “Hay un ‘check list’ (lista de cotejo) que te da los diferentes tipos de móviles, situaciones de alerta que pudieran hacerte pensar que la muerte estuviese relacionada a un incidente de violencia de género”, dijo Upegui-Hernández, a modo de ejemplo. La analista del Observatorio de Equidad de Género destacó como otro logro la formación de un comité interagencial que revisará periódicamente el protocolo, las estadísticas recopiladas, el manejo de las investigaciones y la clasificación de las modalidades de muertes violentas (feminicidio íntimo, feminicidio familiar). La fiscal Laura Hernández, directora de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, resaltó que el protocolo prioriza la atención de estos incidentes cuando hay más de una escena y reconoce la importancia de que el fiscal tenga esa comunicación directa con el patólogo desde el lugar de los hechos para expresarle cualquier preocupación o duda. “Es un paso de avanzada, de reconocer la manera en que las investigaciones deben conducirse, así que creo que ha sido un esfuerzo colectivo de todas y todos dentro de las agencias que trabajamos con las investigaciones de los feminicidios y transfeminicidios... Esto no es el fin, es un paso”, señaló Hernández. Upegui-Hernández dijo que -contrario al modelo latinoamericano- el protocolo adoptado en la isla excluyó material educativo y de conceptualización, ya que algunos componentes en la mesa de trabajo entendían que debía ser un documento de “puesta en práctica” para asegurar su lectoría. “Sí, luchamos para que incluyera parte de esa información conceptual y explicativa que le permita a la gente entender qué es un delito basado en violencia de género”, aseveró. “Violencia de género son muchos tipos de violencia, incluyendo violencia por un desconocido, acecho, violencia indirecta... y no es solamente lo que ocurre dentro de una pareja íntima, que es lo que la Policía entiende”, añadió Upagui-Hernández. Un elemento que se quedó pendiente, según la analista del Observatorio, es la necesidad de que personal del ICF custodie la cadena de evidencia en todas las escenas de crimen para evitar su posible contaminación. Para ello, sin embargo, la agencia necesitaría más recursos humanos, reconoció. Mientras, el Instituto de Estadísticas establecerá un sistema de compilación y manejo de datos estadísticos sobre las muertes violentas de mujeres y personas trans por razones de género. Esto, sin embargo, no libera a las agencias de llevar sus cifras.