Puerto Rico 23 febrero 2018

Crece la lista de WhatsApp

Surge más información de los participantes en el chat que le costó la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones al juez suspendido Rafael Ramos Sáenz

Al menos 10 abogados están incluidos en el polémico chat de WhatsApp creado por la hoy secretaria asociada de la Gobernación, Itza García, durante la pasada campaña electoral, en el que se incluyó a medio centenar de personas.

Una fuente que tuvo acceso al intercambio de mensajes, y que habló con EL VOCERO bajo condición de anonimato, aseguró que en el listado aparecen otros dos abogados cercanos al gobernador Ricardo Rosselló, cuyos nombres no han trascendido públicamente.

De acuerdo con la fuente, son más los letrados que intercambiaron mensajes con el suspendido juez y expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz.

Hasta el momento, los abogados cuyos nombres han estado en la palestra por haber sido incluidos en el chat son el secretario de la Gobernación, William Villafañe; el procurador general del Estado, Luis Román Negrón; la directora ejecutiva de la Administración para el Sustento de Menores (Asume), Waleska Maldonado, y García.

La fuente expuso que algunos de estos letrados que participaron del intercambio de mensajes pudieran enfrentar cargos criminales en el foro estatal.

Mientras, un vocero de La Fortaleza, a quien se le pidió una reacción, dijo que la misma no sería emitida ante la ausencia de los nombres de los dos abogados mencionados por la fuente de este medio.

Mirada legal al asunto

Mientras, el abogado y profesor de derecho Carlos Díaz Olivo consideró que hay que distinguir a los letrados que actuaron en la conversación con Ramos Sáenz con los que solo fueron copiados en el chat. Señaló que los primeros estarían en una posición delicada que puede desembocar en un caso penal.

“En el aspecto ético, el Tribunal Supremo puede hacer una amonestación, básicamente una especie de regaño y se le advierte que eso que hiciste no está bien y que no vuelvas a cometer eso, pero ahí se quedó. Pero puede haber más consecuencias como la suspensión temporal de la profesión y podría haber una expulsión, perder el título, desaforo o suspensión indefinida. Eso es en lo ético, y lo ético no excluye que haya también un proceso penal, que pudiera haberlo porque hay un delito en el Código Penal que prohíbe las interferencias en un proceso judicial”, acotó Díaz Olivo.

Observó que en el caso de los abogados que no interactuaron en el chat, pudieran ser amonestados por el Tribunal Supremo.

“Sería interesante ver qué grado de responsabilidad afirmativa tiene un abogado en el sentido de que ve algo indebido y no estar participando… si de alguna manera puedes hacerte partícipe por tu falta de gestión activa en actuar o denunciarlo. Hay un canon de ética profesional que requiere que el abogado vele por la profesión y que denuncie cosas que son incorrectas aun cuando sea complicado, difícil e incómodo para hacerlo. Pudiera haber una vertiente que salpique a estas personas”, apuntó el también analista político. Los funcionarios de la Rama Ejecutiva que pudieran haber incurrido en actos criminales deben ser procesados por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei).

Otras personas que fueron incluidas en el chat son la empleada de La Fortaleza, Yesenia Díaz; el exdirector del Negociado para el Manejo de Emergencias, Abner Gómez; el secretario de Agricultura, Carlos Flores; el comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos y el director ejecutivo interino de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Justo González.

Pesquisa en tres escenarios

Este asunto es investigado por el Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y preliminarmente por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Precisamente, el miércoles el portavoz de prensa del FBI en Puerto Rico, Carlos Osorio, dijo que la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez refirió el pedido de investigación que presentó el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer. “Estamos en el proceso de hacer lo que hacemos siempre, una evaluación preliminar. No puedo decir en qué fase está, pero estamos en funciones de verificar si hay una violación federal”, señaló Osorio a EL VOCERO.

El senador popular Aníbal José Torres fue quien dio a conocer los mensajes de texto de Ramos Sáenz en los que presuntamente pudo haber cometido violaciones a la ética judicial durante la pasada campaña electoral.

La conversación estuvo relacionada al voto de las personas encamadas mientras Ramos Sáenz era presidente de la Junta de Inscripción Permanente (JIP) de Moca. Los mensajes presuntamente dejan al descubierto que Ramos Sáenz no solo participaba activamente en las actividades políticas del Partido Nuevo Progresista (PNP), sino que como parte de sus funciones como presidente de la JIP de Moca consultaba determinaciones con colegas del PNP.

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