David Skeel: "Puerto Rico no tendrá estabilidad si no sale de la quiebra"

El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), David Skeel, aseguró este jueves que Puerto Rico no tendrá “estabilidad” si no completa la reestructuración de sus obligaciones, un escenario que perjudicará a todos los puertorriqueños, desde los pensionados y empleados públicos hasta los demás componentes del sector privado, no gubernamental y civil. Y también aseguró que los distintos acuerdos que integran el Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central proveen a Puerto Rico la oportunidad de salir adelante y que, a pesar de las críticas y malos entendidos en torno al PDA, no habrá mejores términos para la isla si el liderato político no aprovecha esta oportunidad. “Estoy convencido de que este el mejor plan (de ajuste) que pueda tener Puerto Rico”, dijo Skeel, al expresar su preocupación en torno a los riesgos que encara la isla si el Proyecto Cameral 1003 no se convierte en realidad. “Creía que nos encontrábamos al borde una importante victoria para Puerto Rico, pero si el Senado no aprueba este proyecto y en este momento, yo espero que pasará, no me voy rendir”, dijo Skeel. “Continuaré luchando por Puerto Rico, pero la realidad es que lo que pueda lograrse en un segundo intento jamás será tan bueno para la isla. Ese es mi temor. Podríamos conseguir un plan B, C, o D, pero ninguno de esos será tan beneficioso”, sostuvo Skeel, académico experto en Derecho de Quiebras. Las expresiones de Skeel a El Nuevo Día se produjeron minutos después de que la JSF diera un plazo de 24 horas al Senado de Puerto Rico para aprobar el proyecto cameral 1003. Si el Senado no aprueba el proyecto enmendado y que ya fue refrendado por la Cámara de Representantes, la JSF se verá “forzada” a solicitar a la jueza Laura Taylor Swain que se aplace la vista de confirmación del PDA. Hasta ahora, el juicio de confirmación del PDA, está programado para comenzar el próximo 8 de noviembre. Si ello no sucede, alega la JSF, Puerto Rico se expone a pasarla mal y lo que hasta ahora parecía certero no lo será. No habrá certeza alguna para pagar las pensiones y tampoco para asegurar la continuidad de los convenios colectivos, según Skeel, y tampoco habrá claridad en cómo gestionar el presupuesto gubernamental. Pero también hay otros riesgos, según la declaración emitida por la JSF, como la posibilidad de que los bonistas u otros acreedores pidan al tribunal desestimar el proceso de Título III y que se le pague de inmediato. Solo a los bonistas, quienes no han cobrado en cinco años, Puerto Rico les adeuda unos $6,800 millones en principal e intereses no pagados desde el 2016. Esto, según cifras oficiales. La aseveraciones de Skeel no se dan en el vacío, más bien son la conclusión que se deriva de la amplia jurisprudencia estadounidense en materia de quiebra. En síntesis y por lo general, cuando un deudor retira un plan de ajuste justo cerca de un proceso de confirmación, los resultados casi siempre son peores. Si se trata de una empresa, esta puede cerrar operaciones en definitiva, pero en un caso como el de Puerto Rico, lo casi seguro es que los acreedores requerirán al tribunal que se les pague más. Opinan los banqueros Mientras la JSF ha trazado la raya con el Proyecto Cameral 1003 y advirtió los riesgos a los que se expone Puerto Rico, esta semana, dos de los principales líderes del sector privado de Puerto Rico subrayaron la importancia de poner fin a la bancarrota. Ignacio Álvarez, principal oficial ejecutivo de Popular Inc. señaló este miércoles que es muy probable que aquellos que se oponen el PDA estén “subestimando los riesgos de no llegar a una transacción” “Es hora que tomemos este deal (acuerdo), resolvamos este asunto y empecemos a enfocarnos en la economía real”, dijo Álvarez. Según el banquero, no acabar con la reestructuración de la deuda, podría crear más riesgos para los sectores que la Legislatura busca proteger como la Universidad de Puerto Rico, los municipios o el pago de las pensiones. “Como todo acuerdo, este no es perfecto, pero quienes no se oponen creo están subestimando lo que significa no tener un acuerdo”, indicó Álvarez, quien esperaba que este jueves el Senado pusiera fin a la puja por el Proyecto Cameral 1003. Por su parte, el principal oficial ejecutivo de Oriental Bank, José Rafael Fernández, aseguraba en su conversación trimestral con inversionistas y periodistas, que Puerto Rico atestigua “los capítulos finales” del proceso de reestructuración y que completar ese proceso tendría múltiples beneficios. Para Fernández, es necesario que el gobierno de Puerto Rico comience a operar fuera del régimen de bancarrota y que complete su reestructuración a fin de que la isla toque otros asuntos apremiantes como la renegociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el fortalecimiento de esa infraestructura clave para el desarrollo económico de la isla. La importancia del Proyecto Cameral 1003 Al explicar por qué razón se necesita la aprobación del Proyecto Cameral 1003, Skeel ofreció dos argumentos. Explicó que contrario a la percepción general, el arreglo de gobernanza entre la JSF y el territorio estadounidense provisto en la ley federal Promesa requiere que el organismo que preside trabaje en conjunto con el gobierno puertorriqueño para reorganizar sus finanzas. Pero sobre todo, el PDA ante la consideración del tribunal descansa en que la Legislatura dé su aprobación al proceso porque esa es la manera “más adecuada” para implementar la reestructuración, explicó el académico. En ausencia de tal legislación, agregó Skeel, la JSF tendría que identificar algún otro mecanismo para implementar el PDA. Pero aún si la JSF buscara esa ruta, con toda probabilidad, habrá objeciones con tal proceder. A manera de ejemplo, el Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA, en inglés) suscrito entre la JSF y la Coalición de Deuda Legítima y otros bonistas establece que la legislación para habilitar la reestructuración de la deuda del gobierno central tiene que estar aprobada en o antes del inicio de la audiencia de confirmación del PDA. Ese mismo RSA establece que si el PDA no se consuma, los bonistas suscribientes pueden reclamar una indemnización de $100 millones al gobierno de Puerto Rico, uno de los riesgos que la JSF enumeró al dar un plazo de 24 horas al Senado para descargar su deber. Skeel se mostró esperanzado en que el Senado cumplirá con su rol en este proceso decisivo, pues de lo contrario, todo lo construido en los pasados cinco años desde la JSF para dar “estabilidad” a los servicios públicos y asegurar el pago de las pensiones podría hacerse sal y agua. “Tengo la esperanza de que no iremos por ese camino (de la inestabilidad) porque este plan tiene muchos beneficios”, manifestó Skeel. Esta noche, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, indicó que no hay votos suficientes en esa cámara para avalar el Proyecto Cameral 1003.