Decisión favorable a LUMA

Con la determinación, queda autorizado el gasto por operar la red eléctrica, así como el pago adelantado de $135 millones que propuso el gobierno para el proceso de transición y la reclamación de toda cantidad acumulada que corresponda a dicho pago. “Continuaremos trabajando duro y bien enfocados para que, a mediados de 2021, comencemos a operar el sistema y ofrecer un servicio al cliente de excelencia, como merecen los puertorriqueños”, dijo Wayne Stensby, presidente y principal oficial ejecutivo de LUMA Energy. El pasado mes de julio, la AEE había defendido que el contrato —suscrito a un costo de $1,500 millones— requería la confirmación de que cualquier obligación de transición acumulada y no pagada tiene prioridad de gasto administrativo como condición para que LUMA Energy pueda comenzar los servicios de transición. El contrato establece una transición estimada de 12 meses previo a que entre en vigor en 2021. Pero, el periodo establecido se puede extender si la AEE no logra completar la reestructuración de su deuda y salir del proceso de quiebra que atraviesa bajo el Título III de la ley federal Promesa. Fermín Fontanés, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPP), señaló que “la determinación facilitará la labor de LUMA durante la etapa de transición”. El contrato requiere el pago de las obligaciones por adelantado a cambio de los servicios de transición que se requieren para establecer las bases para la modernización de la red eléctrica y que el consorcio asuma el control sobre la operación y el mantenimiento del sistema. “Se trata de servicios que son sustancialmente beneficiosos durante la etapa de transición, particularmente en la gestión del operador para identificar ineficiencias en el sistema actual de Transmisión y Distribución”, aseguró Fontanés. El ejecutivo explicó que entre los servicios está la movilización del equipo de transición de LUMA Energy a Puerto Rico, la transición de la gerencia, el reclutamiento de empleados, el establecimiento de los planes de beneficios para los contratados, el desarrollo de tecnología de información y la preparación para tomar el control del servicio al cliente, facturación y otras funciones de administración de financiera. Asimismo, la corporación pública necesita el desarrollo de un plan de sistema de remedición y presupuestos iniciales de operación y capital, preparación para el manejo de fondos federales, preparación para la respuesta ante emergencias y la evaluación de la cadena de suministro de combustible y energía. Tras completarse la transición, la AEE deberá pagar a LUMA una compensación anual que comenzará en $70 millones. Luego, para el segundo y tercer año, el monto se elevará a $90 millones y $100 millones respectivamente. Por el resto de la vigencia del contrato, el pago ascenderá a $105 millones. Además, el consorcio recibirá $20 millones en bonificaciones adicionales a la compensación anual, para un pago máximo de $125 millones, si cumplen con los objetivos de eficiencia y mejoramiento del servicio que estipulará el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). Asimismo, LUMA deberá cumplir con un ahorro neto acumulado de $323 millones durante la primera mitad del término de 15 años. La proyección promedio de ahorros operacionales anuales durante la primera mitad del término es de un 27% mayor que el cargo por servicio anual pagadero a la compañía, por lo que la cuantía proyectada de ahorros contrarresta el cargo por servicio. LUMA estima que el total potencial de obligaciones de transición y, por tanto, el máximo que podría permitirse como reclamo de gastos administrativos será de aproximadamente $136,351,930, de los cuales poco más de $59.37 millones se han depositado en una cuenta de reserva en la AEE. De esta cuenta se pagarán las obligaciones y se repondrán en el curso ordinario de los negocios.