El gobierno de Puerto Rico justificó la activación de recursos adicionales, como guardias del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), durante protestas y actividades multitudinarias como la ocurrida el miércoles en el Viejo San Juan en la que decenas de miles de personas reclamaron la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, al afirmar que así lo permite el acuerdo de la reforma de la Policía.
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Defienden activación de guardias de Corrección
Para proteger vida, seguridad y propiedad en las protestas
Los abogados del gobierno Arturo García, María Domínguez y Javier Micheo —del bufete McConnell Valdés— radicaron una moción el miércoles en la noche en el caso de la reforma policial en la que plantean que como parte del acuerdo el gobernador, a través del secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), puede activar los recursos necesarios.
“El gobernador... tiene la autoridad de contratar y/o activar recursos adicionales si es necesario para proteger la vida, la seguridad y la propiedad de todos los ciudadanos, incluidos, entre otros, el uso de guardias del DCR, en caso de que la situación se agrave y dé lugar a actos de violencia, como fue el caso el lunes 15 de julio”, señala la moción, la cual fue desellada ayer.