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Salud

Denuncian aumentos excesivos en los costos de medicamentos

El Departamento de Justicia presentó una demanda contra farmacéuticas por alza "injustificada" en el precio de la insulina

El esquema detallado en la demanda presentada ayer por el gobierno de Puerto Rico contra varias farmacéuticas y administradores de beneficios de farmacia (PBM, en inglés), les imputa a estas haber inflado hasta en 1,200% el costo original de la insulina.

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, explicó que la experiencia en casos similares es que las compañías usualmente optan por “transigir para evitar pagar millones de dólares”.

“Se cobra una cantidad, pero sobre todo, se emite una orden de interdicto para que se prohíba dicha práctica, que es lo que buscamos aquí”, aseveró Emanuelli sobre el esquema que le imputan a las farmacéuticas Eli Lilly & Co., Eli Lily Export, Novo Nordisck Inc. y Sanofi Aventis.

La demanda en el foro local, entre otras cosas, pide que se restituya a los consumidores afectados los gastos incurridos debido a “la práctica ilegal” de los aumentos en costos, y también al gobierno.

“Al igual que otras jurisdicciones, hemos identificado un esquema responsable del aumento desmedido en este producto, el cual alegamos no corresponde a aumento alguno del producto”, sostuvo Díaz, quien agregó que hay demandas similares en Arkansas, Minnesota, Michigan y Mississippi.

Ambos funcionarios sostuvieron que la alegada práctica ilegal pudo haber iniciado en 2012 y ha afectado a miles de pacientes, en especial los que están cobijados por planes médicos con tope en el gasto de medicamentos, porque una vez sobrepasan el límite están forzados a costearlos —incluyendo la insulina— de su propio bolsillo.

El titular de Justicia anticipó que el gobierno podría presentar otras demandas por aumentos similares en medicamentos.

“Manténgase en sintonía. Se trata de una práctica ilegal que aplica a un sinnúmero de medicamentos”, sostuvo Emanuelli, y dijo que el alegado esquema es “un abuso hacia una población vulnerable en la Isla”.

EL VOCERO solicitó a la Administración de Seguros de Salud (ASES) cuáles de los manejadores de beneficios de farmacia están contratados para crear los formularios para el Plan Vital, y no hubo contestación.

Altos costos

La directora ejecutiva de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes (APD), Brenda Padilla, informó que no solo la insulina ha experimentado un marcado incremento en los pasados años, sino que también otros medicamentos e instrumentos para que el paciente tenga un tratamiento asertivo.

“Validamos y entendemos que los costos son altos. Se están haciendo muchas gestiones y se trabaja siempre para que las personas puedan tener acceso, sobre todo las aseguradoras, (ya) que cada día están aprobando más medicamentos que son más costosos”, lamentó la directiva al recordar que, a medida que un medicamento es más costoso, va a ser más difícil que los pacientes puedan cubrir sus necesidades.

Padilla subrayó la necesidad de política pública que pueda regular y controlar el aumento en los medicamentos, tratamientos y otros aspectos del área de la salud.

“Hace falta trabajar muchos proyectos de ley que se conviertan en política pública y sentarnos en la mesa con todas las personas que son parte de la industria de la salud para ver de qué manera podemos seguir logrando ayudar a que los ciudadanos tengan sus medicamentos y acceso a un tratamiento asertivo y completo para controlar su condición y evitar complicaciones”, abundó la directora ejecutiva, quien catalogó el imputado esquema como “un asunto bien serio en términos legales”.

Cerca de 500,000 diabéticos

A nivel local, una iniciativa del ADP que incluyó la realización de 2.8 millones de pruebas de laboratorio, confirmó que en Puerto Rico hay cerca de 500,000 personas con diabetes y que un 28% de la población de la Isla tiene prediabetes.

Según Padilla, entre un 7 al 10% de estos pacientes tienen un diagnóstico de Diabetes Tipo I, que es la persona que requiere todo el tiempo de insulina. En el caso de aquellos con Diabetes Tipo II, su tratamiento consta de medicamentos orales e insulina.

Dicha población enfrenta amplios retos para mantener sus tratamientos al día, recalcó la experta, que incluye el acceso a medicamentos y equipo de monitoreo.

“El problema va más allá del precio de la insulina, ya que hasta la alimentación en el País es un gran reto. No hay alternativas saludables para nuestra gente y los alimentos están cada vez más altos. Se tiene que trabajar un programa de control y manejo”, exclamó Padilla, quien insistió en la necesidad de regulaciones a través de política pública.

Intento fallido

A nivel local, se aprobó el pasado año un proyecto para viabilizar la creación de la Oficina del Comisionado Regulador de los PBM, pero la Junta de Control Fiscal (JCF) impugnó la medida en los tribunales bajo el argumento de que la ley costaría unos $30 millones.

La jueza Laura Taylor Swain dejó el asunto en manos del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, que determinó que se dejará sin efecto la ley.

Los PBM son intermediarios que administran la cobertura del plan de medicamentos de pacientes en la Isla a través de contratos y deciden qué medicamentos se incluyen o excluyen de los formularios y cuánto se les paga a las farmacias por las medicinas que se le despachan al paciente.

La Asociación de Farmacias de Comunidad tildó la movida como un acto de sabotaje al dejar desprovistos a pacientes de un recurso que incide sobre la salud de todo aquel que tenga un plan médico público o privado.

Reaccionan farmacéuticas

EL VOCERO solicitó una reacción a Novo Nordisk Inc., quienes a través de declaraciones escritas mencionaron que no pueden comentar sobre litigios en curso.

“Reconocemos que no todas las situaciones de los pacientes son iguales y tenemos ofertas de distinta accesibilidad disponibles a través de NovoCare. Es importante destacar que Novo Nordisk continuará buscando comprender las necesidades de los pacientes. En 2021, más de un millón de personas utilizaron algún tipo de asistencia de Novo Nordisk al comprar nuestras insulinas”, agregaron.

Por su parte, en Eli Lilly & Co y Eli Lily Export dijeron estar decepcionados por las acusaciones del secretario de Justicia.

“La demanda ignora que cualquier persona es elegible para comprar su receta mensual de insulina Lilly por $35 o menos, ya sea que no tenga seguro o use un seguro comercial, Medicaid o un plan participante de la Parte D de Medicare. Y el costo de bolsillo promedio mensual de la insulina Lilly es de $21.80, una disminución del 44% en los últimos cinco años”, mencionaron en declaraciones escritas.

“También bajamos el precio de lista de nuestra insulina sin marca a un 70% de descuento del precio de su contraparte de marca (Humalog), lo que redujo el precio de lista a los niveles de 2008”, se informó.

Mientras, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, aseguró que “tanto yo como la directora de ASES, Edna Marín, continuaremos fiscalizando y refiriendo a las agencias pertinentes cualquier injusticia que atente contra el buen servicio y tratamiento de nuestros pacientes”.

FUENTE: elvocero.com

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