Puerto Rico 17 julio 2018

Denuncian supuesto intento de abolir uniones

La vista judicial está pautada para el jueves a las 3:30 p.m. en el Tribunal Superior de San Juan

Cinco sindicatos del sector público advirtieron ayer que la supuesta orden del gobierno de Ricardo Rosselló para desafiliar de forma masiva a los trabajadores es la peor amenaza a la que se han enfrentado desde su existencia, la cual catalogaron como antiobrera, antidemocrática e ilegal.

El presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT), Roberto Pagán, afirmó a preguntas de EL VOCERO que el gobierno persigue “abolir su obligación de negociar colectivamente” y regresar al estatus de desprotección que había antes de 1998, cuando “los abusos contra los trabajadores eran extraordinarios”.

Se refirieron a la opinión legal de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, y al memorando que emitieron el secretario del Trabajo, Carlos Saavedra, y la directora de la Oficina de la Administración y Transformación de los Recursos Humanos (Oatrh), Nydza Irizarry, que cancela la pertenencia al sindicato y pone en manos del patrono un nuevo proceso de afiliación.

En entrevista con EL VOCERO, Saavedra había interpretado que tras la decisión del Tribunal Supremo federal en el caso Janus v Afscme, “ya no se puede presumir el consentimiento de los empleados (a estar afiliados y pagar cuota), sino que estos tienen que dar el consentimiento”. Así las cosas, el gobierno iniciaría una consulta para preguntarles a los unionados si quieren continuar afiliados y pagar su cuota.

Sin embargo, las uniones obreras Servidores Públicos Unidos (SPU), SPT, Federación Central de Trabajadores (FCT), Unión General de Trabajadores y PASO denunciaron que estas decisiones se exceden de lo determinado por el Supremo federal en el caso Janus v Afscme en tanto que tocan no solamente a los empleados no afiliados, sino a toda la matrícula.

El Tribunal Supremo federal indicó en su opinión del 27 de junio que “ni los cargos por servicio ni cualquier otro pago al sindicato se pueden deducir del salario de los empleados no afiliados a la unión”. Agregó que los empleados tienen que dar su consentimiento antes de que se les retire dinero para que esta norma puede cumplirse.

Pagán argumentó que lo único que surge de este caso es que los trabajadores no afiliados no tienen que pagar cargos por servicios para ser representados. Comentó que “el gobierno está llevando a cabo una campaña en las distintas agencias sometiendo un formulario de desafiliación. El gobierno está yendo hacia los miembros a solicitar su desafiliación”.

“Ninguna acción anterior había llegado al nivel que ha llegado esta acción del gobernador Ricardo Rosselló”, puntualizó sobre lo que han concebido como un ataque a las uniones obreras.

Obligación de neutralidad

El abogado de SPU, Manuel Rodríguez Banchs, agregó que el gobierno tiene la obligación de ser neutral bajo la Ley 45 de 1998, en términos de la afiliación y la certificación del sindicato como representante de la unidad apropiada. “Con esta acción, precisamente, están haciendo campaña contra la unión, desafiliando a la gente, cuando existe una prohibición legal”, argumentó.

El secretario tesorero de la FCT, local 481 UFCW, Juan Cortés Valle, señaló que son “acciones concertadas”, pues “hay unas instrucciones hacia directores de las agencias de desafiar, de comenzar el proceso de la desafiliación masiva de unionados”.

Estos cinco sindicatos radicaron un recurso de interdicto ante el Tribunal Superior de San Juan, en el que solicitan el cese y desiste de esta práctica. La vista judicial está pautada para el jueves a las 3:30 p.m., indicó Rodríguez Banchs.

Evaluarán cambios

El secretario del Trabajo respondió a EL VOCERO que aunque entienden que están usando el “vehículo apropiado para garantizar los derechos constitucionales de los empleados públicos”, dejarán la puerta abierta para analizar cambios en conversación con los sindicatos.

“Seguiremos en comunicación con las uniones para analizar cambios, si alguno, al proceso establecido que cumpla con la jurisprudencia y el rol de los sindicatos”, comentó Saavedra.

El titular del Trabajo objetó los argumentos de que el Estado está forzando la desafiliación de empleados. Dijo que simplemente, “se hace valer la opinión en cuanto a que son los empleados los que tienen derecho a decidir si se mantienen afiliados o no a su sindicato y si consienten al cobro de cuotas”.

Fuente: elvocero.com

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