Departamento de Educación concentra sus recursos de apoyo en escuelas amenazadas con violencia armada

Personal adscrito a planteles cercanos fue movilizado este martes para atender posibles secuelas emocionales en las escuelas University Gardens y Juan J. Osuna, en San Juan, donde el lunes se encendieron las alarmas ante las presuntas amenazas de tiroteos realizadas por estudiantes en un chat. “Dado que fueron parte de esta situación que ocurrió lamentablemente, hoy tenemos psicólogos tanto en la escuela Juan J. Osuna como en la University Gardens para dar apoyo a sus compañeros y obviamente a las comunidades escolares. Movemos usualmente psicólogos, particularmente de las escuelas más cercanas, y contamos con especialistas adicionales”, explicó Regina Cibes Silva, directora del Programa de Psicología Escolar del Departamento de Educación. Temprano el martes, el teniente José Cruz, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, informó que la Policía había obtenido una “admisión parcial” de parte de uno de los alumnos alegadamente involucrados en las amenazas contras las escuelas. “Este menor nos hace admisiones parciales con relación a la validez de esas amenazas, y que estaba planificando con un tercero que también era de la escuela de University Gardens”, dijo el oficial, quien agregó que “había la posibilidad de que (la acción violenta) se pudiera llevar a cabo”. “En un principio su defensa era que era una broma, pero luego de la interrogación nos admitió que en efecto lo tenía planificado. Lo estaban ponderando”, dijo el teniente. Según Cruz, el estudiante que admitió haber realizado la amenaza afirmó que era víctima de acoso escolar, si bien no había revelado esa situación a sus familiares o a la escuela. Las amenazas circularon a través de la aplicación WhatsApp y fueron reportadas a los directores de ambos planteles por un maestro de la escuela University Gardens, luego de que una estudiante se lo informara, indicó Cibes Silva. De acuerdo con Cruz, uno de los estudiantes en el intercambio pertenece a la escuela University Gardens y el otro a la escuela Juan J. Osuna, al tiempo que aluden a un tercero que también asiste a la University Gardens pero que, al momento, se encuentra en Estados Unidos. Al analizar este incidente, Cibes Silva consideró que se demostró la efectividad de los protocolos establecidos por el Departamento de Educación y sus planteles para responder a una amenaza de esta naturaleza. “Fue una estudiante que se acerca a un maestro y esa es la importancia de estar todos pendientes, fue posiblemente un maestro con el que ella tiene más confianza y se acerca con esta preocupación. Es lo que instamos, que ante cualquier preocupación tenemos que reafirmar que nuestras escuelas son seguras”, subrayó la psicóloga. De otra parte, Cibes Silva aseguró que las dos escuelas involucradas en esta situación cuentan con todos los componentes encargados de velar por la salud emocional de los integrantes de la comunidad escolar, entiéndase al menos un psicólogo, trabajador social, enfermero y consejero profesional. No obstante, reconoció que, a nivel sistémico, hay planteles que no tienen psicólogos o consejeros. Para un universo de 851 escuelas, actualmente la agencia tiene a su disposición unos 760 psicólogos y 505 consejeros, precisó Cibes Silva. En entrevista telefónica con este diario, la funcionaria sostuvo que no considera el factor salarial como el motivo principal para su escasez. Los psicólogos devengan un sueldo base de $4,979 mensuales, mientras que los consejeros, al igual que los trabajadores sociales, tienen un salario de $2,750, al tiempo que las y los enfermeros cobran $2,816. “Las convocatorias están abiertas porque queremos que cada escuela pueda contar con este profesional. Asimismo, afecta a los demás profesionales, siempre tenemos trabajadoras sociales que se mueven a otras escuelas o se jubilan. Estamos en proceso de que estos equipos, donde no haya, podamos contemplarlo”, dijo Cibes Silva. La profesora de Trabajo Social Jennifer Montalvo, por su parte, señaló que en el país hay suficiente “capacidad” de profesionales en este campo para atender las necesidades del sistema educativo, pero que hay circunstancias donde un solo empleado debe velar por una cantidad demasiado elevada de estudiantes. “En Puerto Rico tenemos prácticas y protocolos para atender el acoso escolar, y creo que más allá de tener protocolos o tener normativas (la pregunta) es cómo se está ejecutando. Podemos tener muchos protocolos y normativas, pero a la hora de la verdad, sea por las condiciones laborales o la carga de trabajo del personal, ese tipo de seguimiento, con los talleres sobre lo que es el acoso escolar, cómo denunciarlo y cómo crear relaciones saludables en el entorno educativo, no necesariamente se da de la forma que deberíamos esperar”, indicó la secretaria del Colegio de Profesionales del Trabajo Social en referencia a una de las aparentes causas para las amenazas registradas. De otra parte, Montalvo puntualizó que las autoridades deben evitar el enfoque “punitivo” hacia los adolescentes involucrados, o la tentación de hacer de ellos un “ejemplo”, en lugar de reconocer que son jóvenes que requieren ayuda emocional. “Independientemente de que sea víctima o agresor, necesita ayuda. Estamos en las comunidades escolares para brindar el servicio y ayuda al que lo necesite. Tenemos que mirar a qué se debe esa conducta, qué ha pasado anteriormente. Lógicamente, nosotros (el Departamento de Educación) no podemos entrar en la parte criminal, porque eso lo harán las agencias que están trabajando el caso”, afirmó Cibes Silva.