Descubrimiento de prueba en caso de Wanda Vázquez podría extenderse meses

El fiscal Ryan R. Crosswell advirtió hoy, martes, que el proceso de descubrimiento de prueba en el caso por conspiración, soborno por medio de fondos de programas federales y fraude electrónico contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) Mark Rossini podría extenderse por los próximos meses. Crosswell indicó al juez federal Raúl M. Arias Marxuach durante una vista de estatus que el Ministerio Público entregó en las pasadas semanas dos paquetes adicionales de evidencia que corresponden, en su mayoría, a contenido de la intuición bancaria de Herrera Velutini -Bancredito- que fue obtenida mediante “subpoenas”. “Proveímos un registro de 37 páginas con detalles de lo que se ha producido en el descubrimiento para facilitar la revisión del material”, destacó Crosswell. Por otro lado, el fiscal federal mencionó que, tras varias reuniones, se logró un acuerdo con las representaciones legales de los acusados, sobre la lista de términos que utilizará el equipo especial de peritos asignado al caso a la hora de determinar qué contenido debe ser filtrado y así evitar que “información privilegiada” como conversaciones entre los coacusados y sus abogados sea utilizada en su contra. “Hubo ciertas instancias en las que conferimos con los abogados de defensa sobre los términos ya que estamos preocupados de que fueran demasiado abarcadores”, comentó el fiscal. Asimismo, Crosswell catalogó el proceso de filtrar la información como “el mayor asunto que queda pendiente dentro del descubrimiento de prueba” “En términos de próximos pasos, esperamos que este proceso se extienda por las próximas semanas e incluso por los próximos meses”, sostuvo el fiscal. Por su parte, el licenciado Ignacio Fernández De Lahongrais, quien forma parte de la defensa de la exgobernadora junto a los abogados Luis A. Plaza Mariota y Peter John Porrata, confirmó a la corte que, en total, ha recibido cinco entregas de paquetes de evidencia, la cual se encuentran evaluando. Mientras que la licenciada Lilly Ann Sánchez, que forma parte del equipo legal de Herrera Velutini, comentó al juez Arias Marxuach que han solicitado varios ítems específicos de evidencia que no han sido provistos al momento, por lo que no descartó acudir ante la corte con una moción para solicitar su asistencia con el asunto de no llegar a un acuerdo con el Ministerio Público. “Sé que llevan meses trabajando con la producción de los datos electrónicos provenientes de las órdenes de allanamiento de 32 dispositivos y que esto debe tomar más tiempo, pero no sé si exista una manera de comenzar a realizar una entrega paulatina del material (a medida que se obtiene)”, sugirió la letrada. Bajo consideración moción de desestimación Entretanto, el juez Arias Marxuach confirmó en sala que estará evaluando la moción de desestimación de los cargos criminales presentada por la defensa de Vázquez Garced y a la cual se unieron las representaciones legales de los otros dos abogados, al igual que la contestación por parte del Ministerio Público al reclamo. De igual forma, el magistrado indicó que tendrá listo para esta semana el dictamen sobre una moción de reconsideración presentada por la defensa de Herrera Velutini sobre solicitud de producción de evidencia que fue denegada por la corte el pasado 24 de abril. El togado pautó la próxima conferencia de estatus del caso para el 2 de octubre al tomar en consideración que “el descubrimiento de la prueba electrónica tomará tiempo”, al tiempo que tiene ante sí la moción de desestimación de los cargos. Ayer, el equipo de defensa del banquero venezolano ripostó a la respuesta de Fiscalía al asegurar que el gobierno falló en prestar atención a que en el pasado ningún fiscal había acusado a alguien bajo el argumento que una contribución política corresponde a un soborno ya que “estas interacciones están protegidas por la constitución”. “La criminalización de una interacción puramente de naturaleza política de este caso no debe ser permitida”, reclamó la defensa de Herrera Velutini, que insistió en que la base para los cargos simplemente apunta a que el banquero ejercía cierta influencia en el proceso político y no demuestran un beneficio mutuo entre las partes (quid pro quo) explícito. A Rossini y Herrera Velutini se le atribuye ofrecer millones para apoyar la campaña de Vázquez Garced a cambio de que la exmandataria despidiera al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, y nombrara a otra persona en el cargo. El esquema imputado a la exgobernadora se extiende desde 2019 hasta 2021. Se indicó que Herrera Velutini operaba en la Isla la entidad Bancrédito International Bank, que estaba bajo investigación de la OCIF. De acuerdo con el pliego, la pesquisa se centraba en el hecho de que el banco no estaba llenando los informes de transacciones sospechosas (SAR, en inglés). Se asegura que Herrera Velutini insistía en que la entonces gobernadora destituyera al director de la OCIF y, en su lugar, nombrara a una persona que no continuara la investigación contra el banco. Se indicó que hubo reuniones en La Fortaleza, en el Distrito de Convenciones y en hoteles. El pliego detalla, también, que en febrero de 2020 hubo una reunión en la Mansión Ejecutiva para discutir el financiamiento de la campaña de Vázquez a cambio de que sacara a Joyner del cargo. Además de los donativos directos a su campaña, el pliego detalla cómo Rossini contrató una empresa para realizar una encuesta sobre la primaria y entregarla directamente a la campaña de Vázquez. Se aseguró que esto ocurría mientras el equipo de la entonces gobernadora se mantenía en contacto con el banquero para dejarle saber que ya le habían pedido la renuncia a Joyner y que sería efectiva el 28 de febrero de 2020. Incluso, les enviaron una foto de la carta de renuncia, antes de una reunión en la que se discutirían asuntos del financiamiento de la campaña, incluyendo la creación de un ‘superpac’ (Comité de Acción Política, en inglés).

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