Desembolsos a última hora

En el último mes del pasado cuatrienio, la administración de Alejandro García Padilla gastó $1.7 millones en liquidaciones de días de enfermedad y vacaciones acumuladas por jefes del gabinete y empleados de confianza. Algunos funcionarios, como la ahora exsecretaria de la Gobernación Grace Santana y su esposo, el exsecretario de Asuntos del Consumidor (DACO) Nery Adames recibieron cheques que, sumados, alcanzan los $93,742. El exdirector de la Oficina de Gerencia y Presupuesto Luis Cruz Batista, quien dirigió la dependencia por cerca de dos años, tuvo por su parte, desembolsos de $57,512. La lista sigue con los exsecretarios de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jorge Colberg Toro y Jesús Manuel Ortiz, con cheques ascendentes a $31,827 y $43,214, respectivamente. Del mismo modo, exjefes de agencias como Ángel Crespo Ortiz (Bomberos), Luis García Pelatti (Junta de Planificación) y Pedro Ortiz Cortés (Administración de los Sistemas de Retiro), tuvieron desembolsos de entre $36,000 y $48,000. Según William Villafañe, actual secretario de la Gobernación, estos pagos aparentemente provinieron de un fondo de $12 millones que se presupuestó específicamente para las liquidaciones de los empleados de confianza y jefes de dependencias, en caso de que cambiara el gobierno. “Esto no fue algo que hicieron a escondidas. Ellos presupuestaron esos $12 millones para liquidaciones en todo el gobierno”, dijo Villafañe al ser consultado sobre el asunto por El Nuevo Día. Villafañe indicó que algunos de estos funcionarios presentaron su renuncia al gobierno el día 15 de diciembre de 2016, y él considera que lo hicieron para que las liquidaciones pudieran salir en la última quincena del pasado cuatrienio y asegurar esos pagos previo a que asumiera el poder la nueva administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Jesús Manuel Ortiz, exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza y actual representante de la minoría del Partido Popular Democrático, explicó que estos pagos se dieron porque así lo requería la ley. “Es parte del proceso normal de liquidar los balances de vacaciones y enfermedad de los empleados del gobierno. Eso sucede en todo el cuatrienio en distintas instancias y, al final del cuatrienio, sucede más si cambia la administración. En el pasado cuatrienio, lo que sí se eliminó fue el bono de productividad. Eso no se dio”, precisó Ortiz. Estos desembolsos, sin embargo, se dieron a pesar de que, por ejemplo, el 1 de agosto de 2015 el gobierno incurrió en un impago al no remitir $57.9 millones a los bonistas de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés). Esta es una instrumentalidad que ha emitido deuda que se paga con asignaciones legislativas. En ese momento, se explicó que la Legislatura no asignó en el presupuesto la partida para cubrir esos pagos. En las vistas de transición gubernamental, el tema del pago de las liquidaciones a los jefes de agencia y empleados de confianza de la administración de García Padilla provocó discusiones álgidas entre los comités de la administración entrante y saliente. La denuncia hecha entonces, precisamente por Villafañe, se enmarcaba en que, para diciembre de 2016, el gobierno debía unos $140 millones en reintegros y el Departamento de Hacienda mantenía atrapados en una bóveda cerca de $160 millones en cheques impresos destinados a suplidores. Sin embargo, el exsecretario de Hacienda, Juan Zaragoza aseguró entonces -durante las audiencias- que estos desembolsos a los jefes de agencias y empleados de confianza no afectaban el flujo de efectivo del gobierno central. Cambia la ley Según Villafañe, este escenario de pagos para liquidar las licencias de vacaciones y enfermedad no debe repetirse durante este cuatrienio puesto que la Ley 26, de Cumplimiento con el Plan Fiscal, impide que se acumule un exceso de vacaciones y días por enfermedad. “Esta práctica tiene que terminarse, especialmente ante la crisis que se vive en el gobierno”, dijo Villafañe.