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12 de octubre de 2020

Detenidas las negociaciones de la APP para Puertos

Según el gobierno, la pandemia también ha obstaculizado el progreso de un proyecto en el RUM

12 de octubre de 2020 - 10:02

Dos de las Alianzas Público Privadas (APP) que esta administración esperaba concretar están detenidas y el director de la Autoridad para las APP, Fermín Fontanés, indicó que la suspensión de los trabajos se debe a la pandemia del Covid-19.

El gobierno había encaminado desde principios de cuatrienio un proyecto para poner en manos privadas la construcción de vivienda para estudiantes y estacionamientos en el Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM), y otro para los muelles del Viejo San Juan. Ambos procesos están detenidos y no hay fecha de para cuándo podrán continuar. La expectativa sigue siendo que, al menos el de los muelles, se mueva antes de que termine el año.

El plan para el RUM se anunció desde 2018. La promesa era establecer una alianza público privada para vivienda y estacionamiento con una inversión total de $128 millones.

Desde marzo, con el primer caso reportado de Covid-19, las escuelas y universidades están operando de manera remota y ahora no hay necesidad de residencias ni de estacionamiento en el recinto.

Reina la incertidumbre

La incertidumbre provocada por los efectos de la pandemia impide que Fontanés pueda estimar para cuándo se podría retomar el proyecto de los muelles.

“Es difícil ahora mismo dar un tiempo porque en el mercado hay mucha incertidumbre y las cosas están cambiando. Hay unos proyectos en el Congreso (de Estados Unidos) que nos podrían ayudar, pero es difícil dar un tiempo definitivo”, indicó. “Siendo optimista, pensaría que en los próximos meses podríamos llegar a una conclusión en la negociación y procederíamos al proceso de aprobaciones”, señaló.

El impacto del Covid-19, expuso, no era una posibilidad cuando se comenzaron estas negociaciones.

“Cuando entramos en esta negociación no era algo que podíamos predecir y ahora tenemos que ajustar el proyecto para asegurarnos no solo de que las proyecciones se ajustan, sino que más adelante tendremos las herramientas para asegurarle al pueblo que esto va a funcionar”, indicó.

Ante las dificultades que presenta la pandemia el funcionario de gobierno no puede precisar cuándo reabrirá esta industria ni cuántos pasajeros llegarán a los muelles de la Isla.

“En el mercado de los cruceros, no sabemos cuándo van a salir los cruceros o cuándo van a regresar los pasajeros. Eso no es algo que podamos saber hoy. Lo vamos viendo en lo que la industria se va mejorando”, manifestó. “Todavía Puerto Rico no sabe si vamos a recobrar la cantidad de turistas que teníamos en el pico o si la industria va a cambiar alrededor del mundo”, puntualizó.

Voces en oposición

La privatización de los muelles no tiene el aval de todos los sectores. En diciembre del año pasado, la Alianza Turística de Puerto Rico se reunió con la gobernadora Wanda Vázquez para pedir tiempo adicional para evaluar esta propuesta.

La propuesta tampoco tiene aval legislativo. En una vista pública en la Cámara de Representantes, según reportes de prensa, salió a relucir que hay representantes que no favorecen poner los muelles en manos privadas y durante 30 años, luego de un pago inicial estimado entonces en $250 millones.

Daphne Barbeito, de la Alianza Turística, dijo a EL VOCERO que siguen esperando respuesta del gobierno sobre esta transacción. “El rumor es que las negociaciones para finalizar este acuerdo siguen en aumento por lo que volvemos a emplazar al gobierno en que se muestren transparente y actualicen la información. Esta transacción tendría un impacto adverso en el trabajo de 30,000 personas de forma directa e indirecta”, sostuvo.

Defiende la ley

Desde que se aprobó la ley para las alianzas público privadas en 2009 no han sido tantos los contratos que se han concretado. Se puso en manos privadas el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y las autopistas con el contrato a Metropistas. En este cuatrienio, se concretó la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con el contrato a Luma Energy.

Fontanés defendió la implementación de esta ley y lo que ha implicado para la Isla. Aseguró que el beneficio económico no solo lo mide en el dinero que recibe la Isla cuando se concreta una transacción, sino en lo que se “deja de gastar” para mantener instalaciones como el aeropuerto.

“Tendríamos que especular cuánto hubiese sido el presupuesto todos los años. No es solo lo que ellos están haciendo, sino —en el caso de nosotros— es que tendríamos que hacer unas inversiones que no podemos hacer”, expresó. “No es solo el pago inicial, sino también lo que dejas de gastar porque toda esa inversión la están haciendo ellos”, añadió.

Reservas con cancelar el contrato con Luma

Como parte de la campaña electoral, varios de los aspirantes a la gobernación han dejado saber que cancelarían o al menos revisarían el contrato de privatización con Luma Energy.

Fontanés aseguró a EL VOCERO que la cancelación de ese contrato costaría unos $125 millones, dependiendo del momento en que se cancele y las razones para anularlo.

“Ese contrato tiene cláusulas de terminación. No se puede cancelar así porque sí. Tienen que ocurrir ciertas cosas para que el contrato se termine”, expresó. “Dependiendo del momento y la razón, eso va a rondar los $125 millones por la cancelación, pero hay que ver cuáles son las implicaciones de cancelar ese contrato. La credibilidad con el Congreso, Casa Blanca, los mercados, las farmacéuticas”, detalló.

Añadió que se trata de un contrato avalado por la Junta de Control Fiscal.

“Se les olvida que la AEE está en quiebra, con una deuda de $9,000 millones que tenemos que pagar”, afirmó. “Por eso se le está entregando esto a un privado, porque tenemos un monopolio en quiebra con una clientela capturada”, expresó.

FUENTE: elvocero.com

12 de octubre de 2020 - 10:02

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