Diversos sectores abogan por una apertura escalonada de la economía

La flexibilización del cierre parcial de los comercios decretado para controlar la transmisión del coronavirus se debe hacer de forma gradual y como parte de una estrategia coordinada entre el gobierno y el sector privado que permita reactivar la economía mientras se protege la salud de los ciudadanos, advirtieron ayer expertos en salud y en economía consultados por este diario. En momentos en que aumenta la presión, particularmente del sector privado, para que la gobernadora Wanda Vázquez Garced modifique las medidas de distanciamiento social, es crucial que se recuerde que el propósito de haber decretado un toque de queda y cierre parcial de comercios fue frenar los contagios con COVID-19, indicó el director ejecutivo del Fideicomiso de Salud Pública, José Rodríguez Orengo. Se podrán tomar medidas para pasar a la próxima fase del manejo epidemiológico -lo que conlleva la apertura de establecimientos- cuando se pueda evidenciar una reducción en los contagios, explicó Rodríguez Orengo. Asimismo, se debe asegurar que los hospitales tienen la capacidad para atender los contagios que surjan y que existe un sistema de rastreo de contactos que permita identificar posibles nuevos enfermos, sostuvo. “La pandemia sigue aumentando. Como parte de los datos, debemos tener claramente medido que esta situación está bajo control, que no van a seguir aumentando los casos, para poder abrir”, sostuvo. Ayer, la primera ejecutiva indicó que labora en el plan de reapertura con el insumo del “task force” médico y el “task force” económico, del que forman parte más de 60 representantes de industrias y comercios. “Confío que, en los próximos días, presentaremos un plan responsable para iniciar algunas actividades económicas. Siempre contando con el consejo asesor del equipo médico, pieza clave para proteger la vida y la salud de nuestra gente”, expresó Vázquez Garced ayer en un mensaje publicado en redes sociales. No obstante, los datos disponibles públicamente sobre el desarrollo de la infección en la isla dificultan el diseño de estrategias, indicó Rodríguez Orengo. Tras reconocer errores en las cifras de personas contagiadas en Puerto Rico, el Departamento de Salud informó ayer que el número de personas que han obtenido resultados positivos en las pruebas diagnósticas es 915. Públicamente, no se han dado cifras sobre la cantidad de hospitalizados por COVID-19 o que han requerido cuidados intensivos, ni cuántas personas se han recuperado del virus, destacó la epidemióloga Melissa Marzán. De forma individual, instituciones hospitalarias locales han informado que no han recibido grandes cantidades de pacientes de coronavirus. “La reapertura se puede hacer de una manera estructurada, organizada, pero se tiene que saber cuáles son esas instituciones o negocios que pueden abrir de primera instancia sin tener grandes impactos en la interacción, y luego seguir aumentando teniendo la certeza de que las personas estarán aisladas. De otra manera, sin información transparente, vamos a seguir caminando con una banda en los ojos”, expresó Rodríguez Orengo. Ni el toque de queda ni el cierre de los comercios son medidas sostenibles a largo plazo, reconoció Marzán. “Está el asunto económico, pero también la salud mental de las personas. Todos necesitamos retomar las actividades”, expresó la epidemióloga. El economista Gustavo Vélez coincidió en que la apertura de establecimientos no debe hacerse de cantazo, sino de forma gradual.El plan de cómo se logrará esto debe estar listo lo más pronto posible, pues el 60% de las personas del sector privado que quedaron desempleadas estarán sin dinero pronto, de acuerdo con un censo en el que trabajó el economista. El impacto del cierre de comercios en la economía del país para este año ya sobrepasa los $8,000 millones, estimó Vélez. “Tenemos que cuidar la salud, pero estar pendientes de, por lo menos, entender el impacto que esto está teniendo en la economía y cómo las decisiones que se vayan a tomar pueden ir permitiendo una normalización o apertura gradual de los sectores”, expresó el economista. Cualquier decisión sobre la reactivación de ciertos sectores económicos se debe tomar a base de la evidencia científica y estadística y, en la isla, solo se han administrado aproximadamente 11,000 pruebas diagnósticas de COVID-19, destacó el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas, Orville Disdier Flores. A algunos individuos se les han tomado dos y tres muestras. A falta de pruebas, que escasean a nivel mundial, en la isla se pueden tomar medidas para monitorear la epidemia. Marzán destacó el sistema de vigilancia de síntomas asociados al COVID-19, desarrollado por el Programa de Salud Pública de Ponce Health Sciences University e investigadoras del Ponce Research Institute. Asimismo, Rodríguez Orengo adelantó que el Fideicomiso de Salud Pública, adscrito al Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación, anunciará a finales de la semana una iniciativa que permitirá aumentar de unas 4,500 a 20,000 la cantidad de pruebas diagnósticas semanales que se pudieran realizar en la isla. El lunes, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy, indicó que se trabaja en varios planes para flexibilizar el cierre parcial de comercios. Por ejemplo, el funcionario adelantó que los sectores de la construcción, la manufactura y los bienes raíces podrían ser los primeros en reabrir.