Puerto Rico 29 marzo 2018

Dura reacción del gobernador

Ricardo Rosselló rechaza las nuevas imposiciones de la junta por considerarlas ilegales e inaceptables

La Junta Federal de Control Fiscal impuso ayer condiciones adicionales y aún más fuertes de las aceptadas previamente en negociaciones privadas por el gobernador Ricardo Rosselló, que implican recortes a las pensiones de los jubilados, así como la eliminación apresurada de derechos de los trabajadores del sector público y privado.

El gobernador reaccionó molesto con los requerimientos del ente impuesto federal por adjudicarle un interés de “dictar la política pública del gobierno”.

“Eso, además de ser ilegal, es inaceptable”, denunció.

Inmediatamente, agregó que dejaba sin efecto la reforma laboral, que su gobierno había acordado con la junta para recortar días por vacaciones y enfermedad y eliminar el bono de Navidad a los empleados privados. Revirtió el acuerdo alcanzado, luego que el ente fiscal limitó su propuesta para aumentar el salario mínimo federal y descartó otras de sus medidas.

Las nuevas exigencias de la junta incluyen recortar el 10% a las pensiones de los jubilados del gobierno que junto al beneficio del seguro social exceden $1,000 mensuales; eliminar el bono de Navidad de los empleados públicos (además de los privados) y reducir los beneficios en salud a solo $100 por mes.

En tres misivas al gobernador, la junta pidió eliminar los derechos laborales del sector privado con mayor prontitud (al 1 de enero de 2019), mientras exigió que la reducción a siete días de licencia por enfermedad y licencia por vacaciones sea “efectivo inmediatamente”.

La propuesta de Rosselló para aumentar el salario mínimo a $8.25 la hora se hizo “prácticamente imposible”, dado a las condiciones que impuso la junta para que se aumente progresivamente la tasa de participación laboral a 55%, observó el propio gobernador en un mensaje televisado a seis horas de que se hicieran públicas las cartas.

“Vamos a comenzar rebasando o tratando de rebasar el (récord) histórico de Puerto Rico, que no ha sobrepasado el 47% (de participación laboral). Nunca hemos sobrepasado el 47%”, había dicho Rosselló en una conferencia de prensa previa, en la cual rechazó compartir su postura sobre las misivas de la junta fiscal.

El ente federal también condicionó el alza del salario mínimo exclusivamente a mayores de 25 años, mientras pidió una exención para los empleadores pequeños.

Además, el gobernador observó que la junta ignoró su propuesta para proveer capacitación a la fuerza laboral. “Con esos elementos imposibilitados, la propuesta (reforma laboral) no es viable”, dijo.

Promete defensa de los jubilados

Sobre los recortes exigidos a las pensiones de los jubilados, el bono de Navidad de los empleados públicos y sus beneficios en salud, Rosselló observó que debe ser una decisión de política pública que corresponde a gobiernos elegidos democráticamente. Basado en esta misma premisa, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, les llamó “pretensiones dictatoriales”.

La opinión legal del gabinete de Rosselló es que la comunicación de la junta contiene meras “recomendaciones” bajo la sección 205 de la Ley federal para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés). La junta sostiene, por su parte, que se trata de “requerimientos”, que el gobierno de Puerto Rico viene obligado a cumplir bajo la sección 201 de esa ley.

La ley Promesa permite que la junta desarrolle y presente al gobernador y la Legislatura su propio plan fiscal, en caso que determine que el plan del Ejecutivo no satisface los requisitos establecidos.

“Les informo que aunque la junta certifique en el plan fiscal una reducción de un 10% a las pensiones, esa injusta y abusiva medida tendrá mi tenaz oposición”, comentó Rosselló.

Rechazo a la regionalización

La junta rechazó también la propuesta del gobernador para la regionalización de los servicios municipales, así como la propuesta de consolidación del Instituto de Estadísticas dentro del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y la propuesta de consolidar la Comisión de Energía dentro de una nueva Junta Reglamentadora de Servicio Público.

Solicitó, a su vez, aumentar los recortes presupuestarios a las agencias por $130 millones, según el gobernador. La junta exigió públicamente recortar $5,661 millones para el año fiscal 2023.

“Resulta en una gran contradicción que mientras la junta pretende imponer recortes en gastos al gobierno, que van más allá de lo prudente y necesario, solicitan que se aumente para ellos el presupuesto”, reaccionó Rosselló.

Reconoció que hay otros asuntos donde tienen diferencias, pero se expresará formalmente sobre ellos en los próximos días.

Coincidencias en otras áreas

El ente emitió, sin embargo, loas al gobernador y su equipo de trabajo por haber incluido en el plan fiscal la reducción de los costos médicos del programa de salud gubernamental, así como los costos de los departamentos de Educación y de Salud mediante el cierre de escuelas y la centralización de oficinas, respectivamente.

Rosselló finalizó su discurso televisado reiterando que su compromiso con privatizar la administración de las escuelas públicas y la infraestructura eléctrica “tiene más fuerza que nunca”.

Fuente: elvocero.com

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