Duro revés a la defensa de Wanda Vázquez y sus coacusados

El juez federal Raúl Arias Marxuach denegó esta mañana varios pedidos realizados por la defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez y sus coacusados, el exagente del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) Mark Rossini y el banquero venezolano Julio Herrera Velutini, sobre el alcance de la evaluación del contenido de cuentas de correo electrónico y teléfonos obtenido durante la investigación que llevó a la acusación por cargos de soborno y fraude. El magistrado determinó, por medio de una opinión, que es adecuado el equipo especial de peritos que se asignó para determinar qué contenido debe ser filtrado, de manera que no afecte el caso al evitar que “información privilegiada” como conversaciones entre los coacusados y sus abogados sea utilizada en su contra. Ante esto, el togado catalogó el reclamo de la defensa de irrelevante. Arias Marxuach sustentó su dictamen en el hecho de que varias cortes a nivel apelativo han aceptado estos equipos para filtrar el contenido, compuestos de abogados, paralegales y agentes que no participan de la pesquisa, como un mecanismo para proteger material privilegiado durante investigaciones criminales. De igual manera, el juez sostuvo que el personal del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) que no fue parte del equipo de la Fiscalía, colocó los documentos producto del allanamiento de aproximadamente 32 cuentas electrónicas y dispositivos en una base de datos y “aplicó términos de búsqueda para filtrar potenciales comunicaciones privilegiadas y luego proveyó esta base al equipo investigativo”. “Las cortes también han reconocido que los equipos para filtración son particularmente apropiados cuando las comunicaciones han sido obtenidas de manera encubierta por medio de una orden de allanamiento válida”, subrayó el juez Arias Marxuach. Asimismo, el magistrado mencionó que la defensa no cuestionó en sus mociones la validez de los allanamientos y que solo levantó bandera sobre el hecho de que las órdenes no especificaron la manera en la que el contenido sería evaluado. Por otro lado, la corte denegó la solicitud de las representaciones legales de los acusados para que se entreguen de vuelta los bienes incautados y la información, incluyendo las copias del contenido de las cuentas de correo electrónico y documentos privilegiados. La defensa, sostuvo el juez, no proveyó suficientes argumentos para sustentar el remedio extraordinario que exigían. “No hay evidencia de que se realizó un allanamiento ilegal”, agregó el togado, quien indicó que los pocos casos utilizados como ejemplo por la defensa para apoyar sus reclamos son inadecuados o han sido revocados. Modificaciones al protocolo Sin embargo, Arias Marxuach accedió a imponer una serie de modificaciones al protocolo del equipo de filtración de material, de manera que incluya a abogados y otro personal que no labore con la sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia federal, y brindarle a la defensa un término de 14 días para someter una lista de palabras claves para identificar cualquier comunicación o documentos protegidos por la relación de cliente y abogado y otros privilegios aplicables. De igual manera, el juez ordenó que todo documento que sea identificado en estas búsquedas solo sea provisto a la Fiscalía tras ser evaluado por un abogado y que en caso de ser catalogado como una comunicación privilegiada, deberá permanecer con el equipo. El grupo deberá trabajar con los equipos de defensa para acordar si cada contenido es, en efecto, privilegiado, y si alguna parte del mismo tiene que ser eliminado. De no llegar a un acuerdo, el contenido deberá ser sometido a la corte para que emita una determinación sobre el mismo. El pasado 15 de noviembre, el juez Arias Marxuach le ordenó a la Fiscalía explicar el protocolo que utiliza un equipo especial de peritos que se asignó para determinar qué contenido debe ser filtrado, de manera que no afecte el caso, y si alguno de estos expertos es empleado por la Fiscalía Federal en Puerto Rico. Sobre este grupo de expertos, se indicó que no fue hasta marzo de 2022 que fue activado para prevenir cualquier exposición de comunicaciones entre Herrera y Rossini con sus abogados y que opera bajo las guías del protocolo establecido para este tipo de ente, que dicta que el equipo esté integrado por un abogado y paralegales de la Sección de Integridad Pública que no estén involucrados en el caso o los fiscales del mismo. Para depurar los datos, los expertos utilizan un programa denominado “Relativity” que les permite buscar palabras claves en el contenido. En este caso, se buscó apellidos y nombres de ciertos abogados que la Fiscalía entró en conocimiento que podían representar a Herrera o Rossini una vez fueran acusados. A Rossini y Herrera Velutini se le atribuye ofrecer millones para apoyar la campaña de Vázquez Garced a cambio de que la exmandataria despidiera al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, y nombrara a otra persona en el cargo. El esquema imputado a la exgobernadora se extiende desde 2019 hasta 2021. Se indicó que Herrera Velutini operaba en la Isla la entidad Bancrédito International Bank, que estaba bajo investigación de la OCIF. De acuerdo con el pliego, la pesquisa se centraba en el hecho de que el banco no estaba llenando los informes de transacciones sospechosas (SAR, en inglés). Se asegura que Herrera Velutini insistía en que la entonces gobernadora destituyera al director de la OCIF y, en su lugar, nombrara a una persona que no continuara la investigación contra el banco. Se indicó que hubo reuniones en La Fortaleza, en el Distrito de Convenciones y en hoteles. El pliego detalla, también, que en febrero de 2020 hubo una reunión en la Mansión Ejecutiva para discutir el financiamiento de la campaña de Vázquez a cambio de que sacara a Joyner del cargo. Además de los donativos directos a su campaña, el pliego detalla cómo Rossini contrató una empresa para realizar una encuesta sobre la primaria y entregarla directamente a la campaña de Vázquez. Se aseguró que esto ocurría mientras el equipo de la entonces gobernadora se mantenía en contacto con el banquero para dejarle saber que ya le habían pedido la renuncia a Joyner y que sería efectiva el 28 de febrero de 2020. Incluso, les enviaron una foto de la carta de renuncia, antes de una reunión en la que se discutirían asuntos del financiamiento de la campaña, incluyendo la creación de un ‘superpac’ (Comité de Acción Política, en inglés).