El código de incentivos entra a la recta final

El Fondo Cinematográfico de Puerto Rico será eliminado y sobre la mirilla están los créditos contributivos para la revitalización de los cascos urbanos y para las donaciones de terrenos con las que se busca protección por su valor natural. Hasta ahí parecen llegar, hasta ahora, las decisiones sobre el nuevo Código de Incentivos Contributivos que trabaja el gobierno, según consultas separadas hechas a los jefes de los departamentos de Hacienda y de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Raúl Maldonado Gautier y Manuel Laboy, respectivamente. El resto de las determinaciones se irán tomando en la medida en que se complete el proceso de consulta, que en la actualidad se lleva a cabo con los representantes de los sectores industriales que, de algún modo, se benefician o se afectan con los cambios que se perfilan para los incentivos y créditos contributivos que otorga el gobierno. “Esta es la etapa más crítica. Estamos buscando el insumo y estamos validando los cómputos que se hicieron para medir el retorno de la inversión que hace el gobierno con estos incentivos y créditos”, dijo Laboy en una entrevista con El Nuevo Día. El funcionario precisó que ya terminó el proceso de identificar y cuantificar el impacto al erario de los incentivos. En total, precisó, hay unas 80 leyes en las que el gobierno, de algún modo, ofrece alguna ventaja económica al sector privado. De estas, unas 50 tienen como objetivo adelantar algún sector industrial en particular. El resto, promueven asuntos sociales, por lo que estas leyes, por el momento, no serán alteradas. Tampoco están alterando las exenciones contributivas. Los estimados del gobierno apuntan a que las 50 leyes que buscan impulsar el desarrollo económico suponen una erosión al erario de entre $1,000 millones y $1,500 millones anuales. “Queremos que se entienda que un incentivo que no produzca un retorno de inversión positivo al gobierno, en esencia, se convierte en un subsidio a una actividad económica. Eso no necesariamente es negativo. Ahora, esto significa que esa actividad económica subsidiada tendrá que competir con las otras prioridades que tiene el gobierno desde el punto de vista del presupuesto”, dijo Laboy. “Tenemos que ser puntuales sobre cuáles (incentivos o créditos) se van a permitir. Vamos a asignarle fondos a esos incentivos, pero tienen que estar bajo los parámetros de liquidez que maneja el gobierno. Eso llama a controlar la cantidad o el monto de incentivos que se otorgan. Todo tiene que estar presupuestado y los rendimientos deben ser medidos a fin de año. Ya no se va a dar dinero por dos o tres años”, dijo, por su parte, el secretario de Hacienda. En el análisis, se elaboraron métricas para identificar esos retornos de inversión. El proceso de consulta con los sectores industriales beneficiados o afectados incluye, precisamente, la validación de esas métricas. “Nosotros hemos limitado la toma de decisiones sobre los incentivos porquenecesitamos tener el insumo de los distintos sectores que se afectan. En el pasado, se tomaban decisiones sin consultar o sin tener herramientas o datos del tema. Eso se está cambiando”, sostuvo Laboy. La expectativa es que para septiembre todas las decisiones estén tomadas, de modo que el nuevo código pase a la consideración de la Legislatura, afirmó el secretario del DDEC. El Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal en marzo establece que para el año fiscal 2018 que recién comenzó, el gobierno debe recortar unos $100 millones en los subsidios contributivos e incentivos otorgados al sector privado.