Esto surge luego de que un menor de 16 años, identificado como Javier Antonio Cordero Nevares, muriera el pasado 15 de agosto tras recibir alrededor de 15 balazos de la mano de agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) luego de una persecución vehicular que culminó en una calle sin salida de la urbanización La Riviera de Río Piedras.
De igual manera, destacaron que “toda persona acusada o sospechosa tiene derecho a ser sometida al proceso judicial, asistiéndole la presunción de inocencia”.
Debate sobre el abuso policiaco
Entretanto, en una publicación de este rotativo se puso en la mesa el debate sobre el abuso policiaco.
Para la organización sin fines de lucro Kilómetro Cero, la muerte de Cordero Nevárez a todas luces parece ser una ejecución extrajudicial. En declaraciones a este medio, Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de la organización, afirmó que “lamentablemente, no se trata de un caso aislado en Puerto Rico”, ya que dicha entidad ha documentado otros casos como este.
Añadió que este año ya la Policía ha matado al menos tres jóvenes de 21 años o menos y mencionó que hay otros casos de disparos policiales que no han podido confirmar si han culminado en muertes. “Desde 2014, 84 personas han muerto por uso de fuerza policial; 18 de estas han sido jóvenes de 21 años o menos”, abundó Mari Narváez.
Exigió a la Policía revelar los nombres y números de placas de los policías relacionados con este caso y que el Departamento de Justicia presente cargos criminales contra todos los agentes que abusan de la fuerza y del poder, violan las políticas constitucionales de la agencia, ejecutan castigos ilegales y exhiben negligencia crasa en sus funciones.
“El problema es que esta fuerza se utiliza de forma absolutamente selectiva contra personas de barrios racialmente mixtos, con altos niveles de personas afrocaribeñas, en barrios por debajo del nivel de pobreza y eso no me lo estoy inventando, eso nosotros lo analizamos en marzo y sacamos un informe, ‘Licencia para matar’”, aseveró.
Denunció que en Puerto Rico no existe ningún nivel de rendición de cuentas para este tipo de caso y que el NIE es otro cuerpo policial. “No hay fiscalías especializadas, una división de derechos civiles en Justicia, así que estos casos quedan impunes”, sostuvo Mari Narváez.
Atenta la Comisión de Derechos Civiles
Asimismo, el director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), Ever Padilla, dijo estar “extremadamente consternado” por los hechos. Indicó que la Policía tiene una responsabilidad de aclarar lo que sucedió y debe reflexionar sobre si lo que se está haciendo con la reforma policial es suficiente para evitar incidentes de este tipo.
Expresó que la CDC ha participado activamente del proceso de diseño curricular y ha sido facilitador en los adiestramientos a los agentes como parte de la reforma.
“No hay ninguna justificación para usar la violencia de la manera en la que se usó y para acabar con la vida de una persona en las circunstancias que han trascendido, de que el adolescente no tenía ningún arma… Así que tenemos que reflexionar sobre si la reforma de la Policía realmente está funcionando y hay que esperar que culmine la investigación”, sostuvo Padilla.
Mencionó que, al momento, en la CDC no hay querellas activas sobre abuso policial, pero indicó que se han investigado denuncias presentadas por el uso excesivo de la fuerza. Reveló que en el año fiscal 2020-2021 investigaron entre 28 a 30 denuncias de este tipo.
Habla experto en justicia criminal
El experto en asuntos sociales y profesor de Justicia Criminal de la Universidad Interamericana, José Raúl Cepeda, manifestó, por su parte, que es terrible que la Policía local imite las malas costumbres de varios cuerpos policiales en Estados Unidos.
“Desde la perspectiva de derechos humanos, eso es una ejecución extrajudicial, que es cuando autoridades o funcionarios armados por el Estado matan a un civil”, abundó Cepeda a EL VOCERO.
Al igual que otras entidades, destacó que incidentes como el ocurrido anteanoche en Puerto Nuevo deben ser investigados por una comisión civil. “Aquí el problema es que los policías evalúan a los policías y por supuesto nunca pasa nada. A diferencia de Estados Unidos, aquí este tipo de incidente no se identifica como un ‘issue’ de clase, ni de raza, y terminan en impunidad”, puntualizó.
Temían por su vida
En medio de la avalancha de críticas, el presidente del Concilio Nacional de Policías (Conapol), Fernando Soler, defendió la labor que realizan los agentes. “Entiendo yo que quien tiene que determinar en un momento si su vida está en peligro es el agente que está interviniendo y que las agencias pertinentes hagan la investigación y determinen. Sería lo más justo”, dijo.
“He visto muchas personas sacando la noticia de contexto con información a base de lo que están poniendo los medios y a veces eso lo que trae es un encontronazo entre las personas y la Policía por mala información. Mi punto de vista es que yo confío en lo que pasó allí. Entiendo que los agentes actuaron porque temían perder su vida”, agregó.
Soler mencionó que los policías que estuvieron en la escena son los más indicados para explicar qué fue lo que sucedió. “Si es como ellos dicen -y a mí me pasara igual-, yo voy a defender mi vida con lo que tenga en las manos”, indicó el líder policial. Asimismo, rechazó las denuncias sobre ejecución extrajudicial y agregó que se debe esperar por la pesquisa que realiza el NIE.
Mientras, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, alegó que el menor intentó arrollar a los agentes con el vehículo que conducía. Confirmó que Cordero Nevárez no tenía un arma de fuego.
“Los policías salimos a la calle a proteger vidas y propiedades, no a matar a nadie”, agregó el funcionario en entrevista radial (WKAQ 580).
En esta nota colaboró la periodista Yaritza Rivera Clemente.
FUENTE: elvocero.com