El debate por la pena de muerte sigue vivo en caso de la "Masacre de la Tómbola"

Ante la posibilidad de que el autor de la “Masacre de la Tómbola” enfrente de nuevo la pena de muerte, la defensa del acusado recibió ayer sobre 12,000 documentos del Tribunal Federal con los que busca impugnar la selección del jurado. Todavía faltan seis meses para el nuevo juicio ordenado por el Circuito de Apelaciones de Boston contra Alexis Candelario Santana, pero los abogados de la defensa ya encaminan una estrategia que catalogan sin precedentes en la Corte de Distrito de Puerto Rico. Boston ordenó el nuevo juicio por errores cometidos por el entonces juez José A Fusté. La enorme cantidad de documentos recibidos por la defensa de Candelario Santana no solo responde a su intención de impugnar el proceso de selección del jurado para el juicio, sino de los integrantes del gran jurado que aprobó el pliego acusatorio. La defensa de Candelario Santana delegó en Jeffrey Martin, un experto en el análisis de jurados, la evaluación de los documentos. En una moción presentada al tribunal, los abogados justificaron la importancia de analizar cómo se seleccionan los jurados con el argumento de que estas personas determinarán si Candelario Santana “vive o muere”. Los abogados David Runhke y Francisco Rebollo destacaron, en particular, que el excluir a personas que no dominan el inglés puede representar una desventaja para el acusado. Indicaron que estudios previos de Martin apuntan a que en la isla el factor del idioma descalifica al 70% de los candidatos, dándole más oportunidad para ser seleccionados “a los más ricos y los ciudadanos con más nivel de educación en este distrito”. “No hay precedente que guíe… No hay otro distrito donde el lenguaje de los potenciales jurados no sea otro que el inglés”, lee la moción. “Si el señor Candelario es enjuiciado y sentenciado a muerte por un jurado que excluye a una porción significativa de la población, cualquier sentencia estará sujeta a dudas significativas sobre su validez legal y moral”. El juez Francisco Besosa, quien atiende el caso, pidió que se agilice el proceso de entrega y análisis, pues anticipó que cualquier impugnación y las contestaciones podrían extenderse tanto que pudieran afectar el comienzo del juicio, pautado para el 1 de abril de 2019. Un jurado encontró culpable a Candelario Santana el 23 de marzo de 2013, por el asesinato de nueve personas que fueron baleadas frente al negocio La Tómbola el 17 de octubre de 2009. En cambio, el jurado no alcanzó unanimidad para sentenciarlo a la pena de muerte, por lo que Fusté le impuso cadena perpetua. Debido a que Fusté permitió que un testigo declarara a puerta cerrada, Boston ordenó un nuevo juicio, que vuelve a enfrentar a Candelario Santana a la pena de muerte. A pesar del tiempo que ha pasado, expertos consideran que cualquier jurado en la isla fallará en contra de la pena capital, que fue abolida por el gobierno de Puerto Rico desde 1929. “Nuestra sociedad, para bien, sencillamente se opone a que se ejecute a alguien”, sostuvo el abogado criminalista Ignacio Rivera. “No creo que haya cambio alguno en cuanto a la pena de muerte”. “Se considera un baluarte el apego al derecho a vivir, aunque sea encarcelado”, agregó. Por su parte, Georgina Candal, presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, destacó que en Puerto Rico “la filosofía que permea es de rechazo a los casos de pena de muerte”. “Aún con los asuntos de criminalidad, la gente está clara que los problemas no se resuelven con la pena de muerte”, agregó Candal, quien señaló que Estados Unidos es uno de los países que todavía se guía por la “doctrina del ojo por ojo, diente por diente”. Candal sabe que las personas que apoyan ese castigo también plantean evitar reincidencia. En el caso de Candelario Santana, antes de la masacre de La Tómbola, solo cumplió seis años de cárcel estatal por el asesinato de 12 personas. “Es difícil compararse con alguien que ha perdido un familiar. Es necesario dedicar esfuerzos para buscar alternativas para darles alivio a las personas que han sufrido, más que pensar en quitarle una vida a una persona o en cientos de años de condena que nadie vivirá para cumplir”. dijo. Mientras, Vanessa Mullet, del Proyecto Inocencia, señaló que la preocupación con la pena capital cobra mayor significado al observar que esa organización ha logrado excarcelar a convictos en varias organizaciones al probar años después que son inocentes. La abogada recordó el caso del puertorriqueño Juan Meléndez, quien fue excarcelado después de estar 17 años en el “corredor de la muerte” en el estado de Florida. “Imagina si alguno ha sido condenado a muerte siendo inocente. Como nunca se sabe, esa no es una pena que deba estar disponible en los tribunales”, expuso Mullet.

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