El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales demandará a 12 invasores en Bahía de Jobos

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) presentará hoy una demanda civil en el Tribunal Superior de Guayama contra 12 individuos que ilegalmente ocuparon terrenos de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos, en Salinas, con miras a desalojar la zona e iniciar un proceso de reforestación para que el área recupere su estado natural. Según explicó la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez, el recurso legal solicita al tribunal que emita una sentencia declaratoria para reafirmar que la agencia es el único dueño en pleno dominio del terreno en controversia. Además, reclaman una orden de desahucio contra los 12 individuos que han ocupado ese terreno ilegalmente y acción reivindicatoria para que se remuevan bienes muebles, se demuelan estructuras inmuebles, y que sea pagado por los demandados. “Esta demanda es solo el inicio de lo que va a venir haciendo el DRNA y esperamos que sirva de detrimento, de disuasivo para que las personas en Puerto Rico que están cometiendo crímenes ambientales detengan este tipo de conducta”, declaró Rodríguez en una mesa redonda con los medios de prensa escrita. La agencia identificó a 12 personas que ocuparon terrenos ilegalmente gracias a información suministrada por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y LUMA Energy. En algunos casos, las denuncias que recopiló la agencia contra los invasores remontan al año 2012. Los demandados por el DRNA son Jorge Oppenheimer Méndez, Miguel A. Flores Torres, Pablo Vergara Ramos, Brendaliz Cotto León, Edgar Cruz Falcón, Ángel Benítez Rodríguez, Víctor Feliciano Bonilla, Carmen Santiago Bermúdez, Myrna Mercado Collazo, Ramón López Vélez, Grecy Marie Correa Carrasquillo y Rafael Caraballo Díaz. No se descartó que haya más implicados. La demanda fue radicada por el licenciado Homero González López y la licenciada Maritere de Jesús Aponte, ambos de la firma González López & López Adames. Rodríguez indicó que la contratación de los abogados, cuyo costo asciende a $49,000, sería reembolsado por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (Noaa, en inglés). Mientras la demanda siga su curso, la intención de la secretaria interina es que la agencia logre acceso a los terrenos, para llevar a cabo una evaluación de daños, tarea para la cual se realizarán estudios de suelo y otros análisis de impacto ambiental. No obstante, Rodríguez sostuvo que preliminarmente estiman que los daños a la reserva sobrepasan los $4 millones. Daño sí es reversible “Nuestros expertos, científicos ambientales y biólogos, nos han dicho que el daño sí es reversible y así lo hemos confirmado. Que va a tomar muchos años, sí es cierto también. Pero al día de hoy, sí hemos tenido muchas conversaciones, muchos acercamientos de entidades sin fines de lucro, de comunidades también, que han expresado su interés que, en la medida en que ocupemos la titularidad y empecemos la reforestación de esa área, se comprometieron junto al DRNA a así hacerlo”, manifestó la secretaria interina. Sin embargo, dado el extenso tiempo que los mangles necesitan para crecer, Rodríguez estimó que tomaría una década “para que esté el área tan verde como estaba antes”. Parte de la prueba que utilizarán para este caso consiste en fotografías aéreas del progreso de las construcciones en la zona de la reserva. “Uno puede ver las fotos aéreas, por Google Maps, de cómo se fue moviendo a través del tiempo las construcciones. Sí puedes ver que hay un pico en el 2015, hay otro pico grande en el 2017 y hay otro pico grande en la pandemia del 2020 cuando estaban los encierros”, dijo Rodríguez. Esta demanda civil fue anticipada desde mediados de este mes, cuando el DRNA reconoció en una vista ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes que la agencia no atendió querellas por construcciones ilegales en la reserva nacional desde el 2004. Rodríguez insistió ayer que a tono con la demanda, el DRNA volverá a abrir aquellos casos administrativos que involucren la zona en disputa. Entretanto, el Departamento de Justicia (DJ) también lleva a cabo su propia investigación de naturaleza criminal para identificar violaciones en la reserva nacional. Rodríguez afirmó que esa investigación sigue en proceso y que Justicia está citando testigos y tomando declaraciones juradas.