El Gobierno continúa negociando el préstamo de emergencia

El gobierno de Puerto Rico ha optado por pagar las cuentas atrasadas que mantiene con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y centra sus esfuerzos en un proyecto de ley en la Legislatura local ante las objeciones que ha puesto la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para desembolsar un préstamo de emergencia que fue aprobado por el Congreso tras el paso del huracán María. Sin embargo, aun con esas y otras medidas, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) admitió ayer que si FEMA no otorga el préstamo por desastres a Puerto Rico (CDL, en inglés), el gobierno tendrá que adoptar “decisiones difíciles”. El propósito es asegurar los servicios básicos a la población, el pago de pensiones y la nómina de los empleados públicos. “Vamos a continuar negociando con el Departamento del Tesoro hasta lograr ese CDL”, dijo el director ejecutivo de la Aafaf, Gerardo Portela Franco. “Hemos cumplido fielmente con todos los requisitos”, subrayó Portela Franco haciendo referencia a la negociación que la Aafaf mantiene con el Tesoro federal desde octubre pasado. Ayer, El Nuevo Día reveló que FEMA y el Tesoro estadounidense han frenado el desembolso de fondos a Puerto Rico bajo el programa CDL hasta adoptar “una política de balance de efectivo” que servirá para determinar en qué momento y cuánto dinero FEMA dará a la isla para cubrir sus gastos operacionales mientras se recupera de los efectos del huracán María. Mientras esa política –que se adoptará “en consulta” con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)– no se concrete y Puerto Rico tenga efectivo en sus cuentas, el gobierno tendrá que “cubrir sus necesidades de efectivo y aquellas de la AEE y la AAA”. La determinación de FEMA y el Tesoro federal está contenida en una carta del administrador auxiliar del Directorado de Recuperación de FEMA, Alex Amparo, y el subsecretario auxiliar de Finanzas Públicas del Tesoro federal, Gary Grippo, con fecha del pasado 9 de enero. El Nuevo Día reveló la existencia de la carta el pasado sábado, pero no accedió al contenido específico del documento hasta ayer. Portela Franco dijo a este diario que recibió la carta la semana pasada, y contestó la misiva ayer. El Nuevo Día pidióa Portela Franco copia de su contestación, pero el funcionario explicó que no podía porque continúa en negociaciones con FEMA y el Tesoro federal. También se solicitó, sin éxito, una reacción a la JSF. El próximo viernes, el organismo llevará a cabo una audiencia sobre la situación de liquidez del gobierno. “En el momento más difícil en nuestra historia, el gobierno de Rosselló nuevamente demuestra su irresponsabilidad atendiendo la recuperación y reconstrucción del país producto de la credibilidad en quiebra de su administración”, indicó el senador popular Aníbal José Torres tras conocerla decisión de FEMA. “No se puede hablar de levantar a Puerto Rico si las instituciones dispuestas a ayudarnos no confían en el desempeño de quienes dirigen y administran el gobierno”, agregó el legislador. En tanto, el presidente del Sindicato de Empleados de Servicio (SEIU), Héctor Figueroa, indicó que “es inconcebible que FEMA y el Tesoro retengan los fondos de ayuda aprobados hace tres meses para Puerto Rico tras el azote del huracán María”. “Las familias trabajadoras puertorriqueñas siguen siendo consideradas como ciudadanos de segunda clase por la administración de (Donald) Trump y por el Congreso”, agregó el líder sindical. Meses de negociación Si bien Portela Franco negocia los términos del CDL desde hace casi cuatro meses, el funcionario admitió a El Nuevo Día que todavía FEMA y el Tesoro fedderal no han informado a la Aafaf qué condiciones específicas se incluirían en la política pública que se ha adoptado para Puerto Rico. Luego que, el pasado 20 de septiembre, el huracán María pasó por Puerto Rico, el Congreso aprobó un paquete de ayuda para la isla, así como para los estados de Florida, Texas, California e Islas Vírgenes. En ese paquete de ayuda, el Congreso aprobó inyectar unos $4,900 al CDL que administra FEMA y se esperaba que, de esa cifra, Puerto Rico recibiera a unos $4,700 millones. Las Islas Vírgenes ya han tenido acceso a unos $731 millones a través del CDL. En el caso de Puerto Rico, El Nuevo Día reveló antes que el gobierno podría estar obligado a dar, como colateral, los recaudos no comprometidos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) o aquellos que pagan las corporaciones foráneas bajo la Ley 154. Portela Franco no precisó si el tema del colateral todavía se negocia. Explicó, sin embargo, que en la política de balance de efectivo, se establecería algún evento como condición (un “trigger event”) para que se desembolse el dinero a la isla. “Nuestro objetivo es obtener esos fondos lo antes posible. Puerto Rico los necesita. Hemos perdido recaudos desde el huracán, las corporaciones públicas han perdido sus collections”, indicó. Según FEMA, hay dinero La carta de FEMA no parece reflejar la urgencia que reclama la administración de Ricardo Rosselló Nevares. “Como resultado de los huracanes Irma y María, el gobierno, la AEE y la AAA proyectaron a finales de septiembre de 2017 que agotaría sus fondos operacionales en o cerca del 31 de octubre de 2017. Sin embargo, al 29 de diciembre de 2017, el balance de efectivo del gobierno central era de aproximadamente $1,700 millones”, escribieron Amparo y Grippo al agregar en su escrito el informe del gobierno que reveló otros $6,875 millones en unas 800 cuentas bancarias. Sin efectivo De acuerdo con Portela Franco, la cifra de $1,700 millones en la cuenta TSA no despinta el hecho de que Puerto Rico se encuentra en estado de “insolvencia”. El jefe de la Aafaf recordó que la cifra incluye las reservas que requirió la JSF, dinero para pagar el proceso de renegociación de la deuda en corte, así como el pago de las pensiones y la nómina pública, dos partidas prioritarias para Rosselló Nevares. Malabares Un vistazo detenido al informe más reciente de liquidez del gobierno parece validar los argumentos de Portela Franco. PUBLICIDAD Por ejemplo, en el informe del 5 de enero se explica en las notas al calce que las proyecciones incluyen los recaudos del IVU que regularmente se envían a Cofina, lo que todavía la jueza Laura Taylor Swain no ha atendido. Esa cifra rondaría $316 millones. Además, el informe revela que en lo que va de año fiscal, el gobierno central ha retenido $437 millones de la Administración de Accidentes por Automóviles (ACAA) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), entre otras. Mientras, a los suplidores del gobierno se les deben unos $331 millones y las agencias de gobierno mantienen $276 millones en deudas entre sí, incluyendo las facturas del agua y la luz. De este modo, según Portela Franco y Andrés Méndez, a cargo de asuntos de liquidez en la Aafaf, el gobierno parece desvestir un santo para vestir otros como la AEE y la AAA. “A medida que tengamos que inyectar liquidez a la AAA y la AEE, ese balance de la cuenta TSA de Hacienda irá cayendo estrepitosamente”, dijo Méndez. Y sin el préstamo de FEMA habría que seguir adoptando “decisiones difíciles” como estirar los pagos a suplidores, dijo Méndez. Mientras no se completen las negociaciones con FEMA, la Aafaf aguarda por que la Legislatura apruebe el proyecto de ley que permitiría auxiliar a las principales corporaciones públicas. Interpretación errada A preguntas de El Nuevo Día en torno a qué motivaciones podría tener FEMA para exigir tantas condiciones a la isla, Portela Franco no quiso abundar sobre el tema. El gobernador, en cambio, sí lo hizo durante un evento ayer en Cataño. Según Rosselló Nevares, se ha dado una interpretación “equívoca” a la carta de FEMA y el Tesoro. “El gobierno de Puerto Rico y el Tesoro han llegado a un acuerdo. El acuerdo es que para que cuando bajen los recaudos en Puerto Rico, empiecen a llegar los préstamos. Qué quiere decir esto. Que al momento, todavía tenemos recursos que se van a estar agotando, pero que ellos van a querer transferir esos préstamos una vez ocurra a eso”, dijo Rosselló Nevares. El gobernador también rechazó que la JSF tenga una responsabilidad adicional en el proceso de otorgamiento del CDL porque Promesa ya establecía que el ente federal tendrá injerencia en cualquier préstamo que reciba la isla. La carta de Amparo y Grippo indica en su quinto párrafo que la política de efectivo para el préstamo de Puerto Rico se adoptará “en consulta con el gobierno y la JSF”.