El gobierno federal realiza pesquisas en Puerto Rico sobre fondos federales de FEMA y para la pandemia

Washington – Investigadores federales han tocado las puertas de oficinas del gobierno de Puerto Rico como parte de pesquisas abarcadoras que involucran contrataciones gubernamentales del pasado cuatrienio. Las autoridades federales, por ejemplo, han presentado órdenes para producir documentos a la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), confirmó El Nuevo Día. Las investigaciones han incluido asuntos sobre contratos otorgados con fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para mitigar los daños causados por el huracán María y la pandemia del coronavirus, y sesiones de un gran jurado, según fuentes. “He recibido ‘subpoenas’. No puedo confirmar para qué subrecipientes o qué entidad federal (presentó la orden de entrega de información)”, indicó el martes el director ejecutivo de COR3, Manuel Laboy Rivera, quien asumió ese puesto en enero, cuando comenzó el mandato del gobernador Pedro Pierluisi. Laboy Rivera no precisó la fecha en que recibió el requerimiento de información. COR3 tiene a su cargo coordinar el proceso de reconstrucción, que involucra decenas de miles de millones de dólares en fondos de FEMA. Los primeros informes sobre la investigación federal han apuntado hacia el manejo de contratos en las administraciones de Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garced. Un portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos declinó hacer comentarios. El avance de las investigaciones tiene lugar después que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), desde el año fiscal federal 2021, duplicó el número de agentes asignados a sus unidades contra la corrupción, que aumentaron de dos a tres. “Para finales del año pasado, teníamos dos unidades y ahora tenemos una tercera”, dijo ayer Limary Cruz Rubio, portavoz del FBI en San Juan, al indicar que no pueden hacer comentarios sobre “investigaciones específicas”. Pero sí confirmó que, en estos momentos, sin dar el número exacto, cuentan con el doble de agentes de los que tenían en septiembre de 2020. Cruz Rubio sostuvo que el aumento en recursos va de la mano con el número de querellas que se reciben y cuán rápido han podido manejarlas. La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Salud de Estados Unidos ya había adelantado que este año llevaría a cabo dos auditorías en Puerto Rico ante la sospecha de que han ocurrido pagos indebidos bajo el programa de Medicaid, del cual depende en gran medida el plan Vital del gobierno puertorriqueño. Después de los cargos por corrupción del verano de 2019 por las contrataciones de la Administración de Seguros de Salud (ASES), la OIG había decidido examinar si en Puerto Rico se han reclamado indebidamente pagos a nombre de beneficiarios fallecidos o a los que se les han asignado “múltiples números de identificación” bajo el programa de Medicaid. La fiscalía federal de San Juan presentó cargos, en julio de 2019, en contra de altos funcionarios del gobierno de Rosselló Nevares por actos de corrupción en el Departamento de Educación y la ASES que estuvieron vinculados a contratos con la empresa BDO y el consultor Alberto Velázquez Piñol. A principios de mes, la exsecretaria de Educación Julia Keleher se declaró culpable por dos cargos de conspiración para cometer fraude. Inicialmente, se le imputó promover la subcontratación de una asistente en el Departamento de Educación inflando el valor de los contratos de la compañía BDO con su oficina. Llegó a enfrentar 11 cargos por conspiración, fraude electrónico, soborno y robo de identidad. La exadministradora de ASES Ángela Ávila, por su parte, enfrenta cargos de fraude electrónico y conspiración, al igual que el exgerente de BDO Fernando Scherrer. La mayor cantidad de cargos presentados originalmente, 18, fueron contra Velázquez Piñol. Mientras, después de las denuncias sobre los fallidos contratos de $38 millones para la compra de pruebas del COVID-19, el entonces secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, dijo, en abril de 2020, que agentes del FBI, de la Administración federal de Medicamentos y Alimentos (FDA) y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud se comunicaron con su oficina para pedirle que guardara correos electrónicos. El primer caso de corrupción presentado por las autoridades federales relacionado con los contratos de emergencia tras el huracán María involucró a dos funcionarias de FEMA -Ahsha Nateef Tribble y Jovanda Patterson- y a Keith Allison, entonces presidente de Cobra Acquisitions, empresa que trabajó en la reparación del sistema eléctrico. Cobra Acquisitions obtuvo unos $1,900 millones en contratos. FEMA, evitó comentar si investigadores federales le han presentado nuevas solicitudes de información. “FEMA no comenta sobre potenciales investigaciones o investigaciones en curso por parte de alguna entidad estatal o federal. FEMA continúa comprometida con los esfuerzos para la recuperación de Puerto Rico mientras se asegura que la inversión federal se efectúe de una forma que sea fiscalmente responsable y resiliente ante desastres futuros”, indicó esa oficina federal en su declaración.