El Gobierno insistirá en el dinero para el Instituto de Ciencias Forenses

Al someter el presupuesto enmendado ante la Junta de Control Fiscal (JCF), el gobernador Pedro Pierluisi adelantó que no cambiará el presupuesto asignado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), que ayer anunció la acreditación de un programa que depende en parte de la asignación de fondos para contratar y retener al personal forense. El primer ejecutivo tenía hasta ayer para contestar los cambios presupuestarios propuestos por la junta fiscal, los cuales implican recortar al menos $100 millones. Pierluisi no precisó qué cambios propondrá al ente regulador, pero adelantó que no cambiará la solicitud presupuestaria para Ciencias Forenses. “La junta no estuvo de acuerdo en conceder lo reclamado, pero el proceso continúa y entiendo que hoy (ayer) en algún momento estaremos sometiendo un proyecto de presupuesto revisado y vamos a volver a la carga, enfatizando en la justicia salarial. El presupuesto que pedimos es uno de los factores que se tomó en consideración para acreditar al ICF”, sostuvo el gobernador. “Les vamos a pedir (a los miembros de la junta) que no pongan en peligro la institución (ICF) cortando los fondos que ya hemos presupuestado”, puntualizó. Parte de los fondos que objetó la junta son $2.7 millones para el aumento salarial a los empleados de Ciencias Forenses. Tampoco aprobó $1.1 millones para el reclutamiento de personal. La doctora María Conte Miller, directora ejecutiva de Ciencias Forenses, manifestó que para operar de forma óptima necesitan entre 14 y 15 patólogos forenses y actualmente cuentan con 10 —incluida ella— y dos médicos generalistas. “Inmediatamente me enteré de la decisión de la junta, les escribí indicando que la asignación de $2.7 millones es importante para retener la acreditación y que los agentes acreditadores contaron con eso para poder hacer su determinación final al otorgar la acreditación”, explicó la funcionaria. Pierluisi ofreció ayer una conferencia de prensa junto a Conte Miller para anunciar que la División de Investigación Médico Legal y Toxicológica del ICF logró la acreditación de la Asociación Nacional de Examinadores Médicos (NAME, en inglés). Explicaron que esta acreditación requirió que Ciencias Forenses presentara un plan correctivo para cumplir con el reporte de las autopsias en un periodo de 90 días y entregar los cadáveres en menos de 72 horas. Debieron, además, reducir la cantidad de cadáveres no identificados y aumentar el salario a todos los empleados de la institución. “La acreditación es un reconocimiento al trabajo que realizamos en Ciencias Forenses y una garantía de que las investigaciones que hacemos son confiables y objetivas desde el punto de vista científico. Además, nos libera de riesgo de no poder acceder a fondos federales que requieren que estemos acreditados. Esta acreditación fortalece la credibilidad y la reputación de la institución ante el sistema de justicia”, detalló Conte Miller. Para reducir la cantidad de trabajo a cada patólogo —que también incide en las acreditaciones— la titular de Ciencias Forenses instauró desde febrero un protocolo para reducir la cantidad de cadáveres que llega para evaluación forense desde los hospitales. Bajo la nueva directriz, las hospitalarias deben llenar un formulario y recibir la autorización de Ciencias Forenses antes de entregar el cadáver de una persona que haya muerto en un hospital. De acuerdo con Conte Miller, desde que implantaron los nuevos requisitos, han evitado la llegada de 163 casos que a Ciencias Forenses no le correspondía evaluar. La expectativa de la patóloga forense es que al final del año, el protocolo se traduzca en 800 casos menos, lo que alivia la carga de trabajo a cada patólogo. “En algunos hospitales hubo cierta resistencia, pero pudimos conversar con ellos y explicar que no son responsables ni enfrentan ningún riesgo a su profesión. Todos los hospitales han cumplido con el requisito de completar el formulario y mandarlo”, expuso Conte Miller en un aparte con periodistas. Agregó que lo próximo será un programa para educar sobre los cadáveres que requieren la evaluación de Ciencias Forenses para evitar que lleguen cuerpos de personas fallecidas en el hogar o que fallezcan por causas naturales. La evaluación forense, añadió, podría realizarse con otras herramientas, incluyendo a través de fotos. “Ese proyecto que comenzó en los hospitales va a tener una segunda fase con las muertes en las residencias. Justicia ha estado involucrado, apoyándonos”, indicó Conte Miller. “Podemos comenzar con un plan piloto en el área metro. Ahí serían miles de casos”, sostuvo. La funcionaria estima que —entre los fallecidos en hospitales y en el hogar— Ciencias Forenses quedaría relevado de evaluar unos 2,800 casos al año. Casi listo el reglamento sobre la crudita Pierluisi, por otra parte, dejó saber que el Departamento de Hacienda ya encaminó la redacción del reglamento que viabilizará dejar de cobrar temporalmente el impuesto al combustible conocido como la crudita. La Asamblea Legislativa ya aprobó la medida que permitirá reducir el precio de la gasolina y del diésel en la bomba. El mandatario señaló que una vez reciba el informe sobre el proyecto de ley estaría listo para firmarlo. La medida exige que Hacienda prepare un reglamento antes de que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) implemente la legislación. “Hay 15 días para que Hacienda emita el reglamento, pero ya el secretario (Francisco Parés) indicó que tiene el reglamento listo y no creo que tarde 15 días en emitirse”, aseguró Pierluisi.