El gobierno tendrá que pagar los casos de expropiación forzosa

Los reclamaciones de acreedores, cuyas propiedades fueron expropiadas por el gobierno, no serán rechazadas y tampoco consideradas como reclamaciones no aseguradas sujetas a recortes en el Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central porque ello sería contrario a la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ha concluido el Primer Circuito de Apelaciones. En un fallo emitido esta semana, el foro apelativo federal afirmó la decisión de la jueza Laura Taylor Swain, quien en enero pasado, confirmó el PDA del gobierno central. Entonces, Swain requirió a la Junta de Supervisión Fiscal(JSF) que corrigiera en el PDA, el lenguaje relacionado a los casos de expropiación forzosa o de lo contrario, la modificación de deudas no podía ser aprobada. Desde la perspectiva de la JSF, las reclamaciones de sobre una veintena de acreedores, cuyos inmuebles fueron objeto de una expropiación por parte del estado, pueden ajustarse, cosa que rechazó el foro apelativo federal. El panel integrado por los jueces O. Rogeriee Thompson, Jeffrey R. Howard y William J. Kayatta no quedó convencido por ninguno de los argumentos que la JSF empleó en su recurso apelativo y tampoco por “la ristra de infortunios” que el organismo utilizó en su argumentación y que, en esencia, vaticinaba un caos para las jurisdicciones en bancarrota si estas tuvieran que pagar los casos de expropiación forzosa. Asimismo, Kayatta criticó en su escrito que la JSF intentara convencer al tribunal con interpretaciones erradas de diversos precedentes judiciales, incluyendo el proceso de bancarrota de Stockton, California o la jurisprudencia creada en caso Knick v. Township of Scott. “Declinamos interpretar (el caso de) Knick como si este cambiara el derecho a recibir una compensación justa (establecido) en la Quinta Enmienda a una mera obligación monetaria que puede echarse a un lado mediante una ley”, reza el fallo judicial. “Leemos la decisión del tribunal de Título III como precisamente parece decir: que rechazar reclamaciones válidas de expropiación forzosa antes de la petición (de quiebra) por menos de una justa compensación violaría la Quina Enmienda y haría que un plan proveyendo para tal relevo no sería confirmable bajo (la ley federal) Promesa”, agrega en su escrito, el juez Kayatta. La decisión del Primer Circuito representa una victoria para diversidad de acreedores del gobierno. Desde PFZ Properties, dueños de los terrenos de Costa Serena en Loíza y la sucesión Mandry Mercado, un litigio que lleva al menos una década, hasta la procesadora de leche Suiza Dairy y varias cooperativas de ahorro y crédito que alegan sus bienes han sido expropiados por el estado. El fallo del panel apelativo no significa que los acreedores serán compensados de inmediato. Más bien el fallo permite que si en su día, los acreedores demandantes prueban que el gobierno se quedó con sus inmuebles o propiedad y no han sido compensados justamente, estos cobrarían la totalidad de lo que se consigne como una indemnización justa en tales litigios. Entre otras cosas, los jueces del apelativo no compraron el argumento de que los casos de expropiación forzosa podían ajustarse en un proceso de bancarrota, que podían hacerse distinciones entre un litigio de este tipo con fondos ya separados versus otros que no habían llegado a esa etapa del proceso judicial o que un caso de expropiación forzosa puede convertirse en una reclamación no asegurada y por ende, pagar a estos acreedores en función de la recuperación de esa clase. “No nos persuade que la Quinta Enmienda solo pueda leerse para permitir el menoscabo de una reclamación antes del proceso de bancarrota por justa compensación simplemente porque los reclamantes ya no poseen los derechos sobre la propiedad luego de la petición (de quiebras)”, indicó el juez Kayatta. En síntesis, según Kayatta, en la constitución estadounidense se dan múltiples instancias en las que el estado podría incurrir en una violación de lo establecido en esa ley suprema. Pero en el caso de las expropiaciones forzosas, la constitución también provee el remedio de la justa compensación y por ello, estos casos no pueden despacharse con los remedios que se proveen en otras instancias como el incumplimiento de una relación contractual. El PDA del gobierno central identificó que el gobierno adeuda poco más de $400 millones en casos de expropiación forzosa. Si el foro apelativo hubiera acogido los argumentos de la JSF, estos acreedores habrían recibido el mismo trato que los acreedores no asegurados, quienes recibirán unos centavos de cada dólar que el gobierno les adeuda.