El PIP ve en el proyecto de Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez una oportunidad para revivir un debate abarcador sobre el status

Washington D.C. – El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) ve en el proyecto de status de las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez la posibilidad de retomar las discusiones abarcadoras que se dieron entre los partidos políticos de Puerto Rico y el Congreso entre 1989 a 1991. Pero, la senadora, María de Lourdes Santiago - vicepresidenta del PIP-, considera que si se quieren eludir errores de aquel debate, el Congreso debe hablar “claro y fuerte sobre sus verdaderos parámetros” para definir las relaciones político-jurídicas entre Estados Unidos y Puerto Rico. En el testimonio que envió por escrito a nombre del PIP al Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, para la vista pública de mañana, miércoles, sobre el futuro político de Puerto Rico, Santiago afirmó que desde el proceso de 1989 a 1991 el Congreso no ha mostrado interés en un debate significativo. Indicó que aquella discusión sentó las bases para hacer clara la situación colonial de la Isla, el rechazo a la opción de la estadidad y la posibilidad de alcanzar “un plan de transición económica para la alternativa independentista que puso fin a viejas mitologías que equiparaban la liberación nacional y un status puertorriqueño soberano con una forma de suicidio colectivo y como una receta para el aislamiento del mercado estadounidense y de los millones de puertorriqueños que residen en Estados Unidos”. La senadora Santiago - quien será una de ocho ponentes en la vista pública-, señaló que “el problema con la iniciativa” liderada hace tres décadas por el entonces senador demócrata J. Bennet Johnston “fue que su derrota solo sirvió para colocar el tema del status de Puerto Rico en un segundo plano durante 30 años, asegurando así que la relación colonial existente, cada vez más disfuncional, continuara por defecto”. En su ponencia, Santiago indicó que de los dos proyectos de ley ante el comité, el proyecto 2070 de las congresistas Velázquez y Ocasio Cortez, electas por Nueva York, “es el único que tiene el potencial de promover un proceso que conduzca a la descolonización”. Santiago afirmó que la otra medida, el proyecto1522 del demócrata Darren Soto y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, “nos conducirá de nuevo a otro callejón sin salida”, pues no avanzaría en el Senado, cuyo liderato coincide en que el referéndum del 3 de noviembre de 2020, en el que la estadidad obtuvo el 52.5% de los votos, no es suficiente para avanzar una propuesta a favor de que Puerto Rico sea el estado 51 de EE.UU.. “La posibilidad de la estadidad es una quimera inventada por una combinación tóxica de dependencia e inseguridad inducidas por el colonialismo en Puerto Rico (una forma tropical del síndrome de Estocolmo), con la simpatía bien intencionada pero superficial de algunos liberales estadounidenses que creen que no apoyar la estadidad sería pensar en los puertorriqueños como que ‘no la merecen’”, sostuvo la senadora independentista. Para algunos liberales estadounidenses, afirmó, “convertirse en un estado de los Estados Unidos es una condición exaltada y privilegiada a la que todos deberían aspirar”, pero “olvidan o ignoran que el problema de Puerto Rico es un problema colonial, no uno de la igualdad negada a una minoría bajo las leyes y la Constitución de los Estados Unidos”. “Mientras que los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos, siendo una minoría, luchan por los derechos civiles individuales plenos, el problema de Puerto Rico es de liberación nacional donde el derecho colectivo a la autodeterminación e independencia de un pueblo colonial es un derecho humano inalienable y universalmente reconocido”, subrayó Santiago. El Congreso, agregó, debe reconocer que la inmensa mayoría de la población puertorriqueña, “incluyendo muchos de los que favorecen la estadidad, aunque son ciudadanos estadounidenses, no se consideran estadounidenses y aluden a consideraciones principalmente de conveniencia económica para preferir la estadidad”. En ese sentido, la senadora Santiago indicó que en un país en el que el gobierno, las escuelas públicas y los tribunales funcionan en español, “más de dos tercios de la población – por razones complejas incluyendo una resistencia histórica a la imposición extranjera-, ni siquiera tienen conocimientos prácticos del idioma inglés”.