El Proyecto de Retiro Digno se presentará ante el pleno de la Cámara

Frente a las advertencias de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la Cámara de Representantes se apresta a aprobar en su sesión de hoy el Proyecto del Retiro Digno, una medida que ha generado gran atención y movilizaciones continuas al Capitolio de grupos de pensionados y empleados activos del gobierno, que colocan en la medida sus esperanzas de que las pensiones actuales y futuras no serán afectadas por un posible recorte. La última propuesta de recorte de pensiones, que está en una especie de limbo, afecta a todos los que reciban $1,500 mensuales con una rebaja de hasta 8.5%. La pieza legislativa, con cambios mínimos discutidos el martes en una vista pública de enmiendas, ha sido impulsada por sindicatos y grupos como Construyamos un Nuevo Acuerdo, cuyos representantes, de tiempo en tiempo, han visitado el Capitolio para gestiones de cabildeo y hasta para instalar un campamento frente a la plazoleta del área norte. En síntesis, la medida establece una política pública de cero recortes a las pensiones, que se regrese al sistema antiguo de pensiones con beneficios definidos y que se garantice el pago de estos beneficios con los ahorros a ser generados por bonos impugnados por la propia Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en el Tribunal Federal. La apuesta de los propulsores de la medida es que la jueza Laura Taylor Swain anulará $8,000 millones en bonos de la Administración de Sistemas de Retiro, $16,500 millones en fondos de Obligaciones Generales y $3,800 millones en bonos de la Autoridad de Edificios Públicos que han sido impugnados. Los pagos a los pensionados serían gestionados a través del Fideicomiso para la Administración Conjunta de los Sistemas de Retiro, FACSir), que agruparía a pensionados del magisterio, el gobierno central y los empleados de la rama judicial. Sin embargo, la propia directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, advirtió en repetidas ocasiones que la medida no es cónsona con la Ley Promesa. Mientras legisladores y expertos dicho estatuto han advertido que no importa el plan de recorte de pensiones que se acuerde en el Tribunal Federal, la Leglsiatura y el gobernador Pedro Pierluisi siempre tendrían la última palabra para viabilizar una reducción ya que para que se concrete se necesita legislación. En una carta dirigida a la Legislatura y a la Rama Ejecutiva a finales de enero, Jaresko señaló que quedaba “prohibido” que se aprobara el Proyecto de la Cámara 120 e indicó que la pieza legislativa, cuya autora principal es la representante penepé Lourdes Ramos, “va más allá de la autoridad del gobierno”, choca con la Ley Promesa y con los poderes de la JSF. “La promulgación del PC 120 no lograría nada más que generar un litigio para que se declare la nulidad”, sostuvo Jaresko en su carta. “La mayoría de las disposiciones sustantivas del PC 120, en particular las que tienen que ver con la reestructuración de los sistemas de jubilación bajo FACSi, la restauración de los beneficios de jubilación previo a la petición y la supuesta protección de estos beneficios contra impedimentos bajo cualquier Plan de Ajuste, son totalmente inconsistentes con el Plan Fiscal Certificado y Promesa”, insistió Jaresko. Jaresko enumeró otras objeciones del ente fiscal a la medida, como que dispone que las aportaciones patronales al sistema de retiro “están desconectadas de cualquier evaluación actuarial” e impediría que los policías continúen beneficiándose del Seguro Social. Jaresko también acusa a los autores de la medida de engañar a sus constituyentes al señalar que el proyecto contiene promesas “que quizás nunca se cumplan”. La versión original de la medida en controversia fue aprobada el año pasado en la Cámara, pero detenida en el Senado por objeciones del entonces presidente del cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz, quien presentó preocupaciones en torno a la constitucionalidad de su lenguaje. La representante Ramos intentó que la exgobernadora Wanda Vázquez incluyera el proyecto en alguna de las sesiones extraordinarias del pasado año, pero la primera ejecutiva no lo hizo. La medida actual es respaldada por 35 representantes de todas las delegaciones y Ramos ha dicho estar confiada que Pierluisi la apoye también con su firma. En su misiva, Jaresko da a entender que la JSF insistirá en recortar las pensiones al indicar que el PC-120 “incluye disposiciones que pretenden eliminar todas las medidas de pensión contempladas por el Plan Fiscal”. También critica, entre otras cosas, que se pretenda regresar a un plan de beneficios definidos “del pasado con beneficios de jubilación que no pueden ajustarse en el Título III”. “En la práctica, estas disposiciones también limitarían las medidas de reestructuración de las agencias gubernamentales, tales como reducciones en la nómina o en el número de servidores públicos con derecho a participar en los Sistemas de Retiro”, sostuvo Jaresko. “La mayoría de las disposiciones sustantivas del PC 120, en particular las que tienen que ver con la reestructuración de los sistemas de jubilación bajo FACSiR (Fideicomiso para la Administración Conjunta de los Sistemas de Retiro), la restauración de los beneficios de jubilación previo a la petición y la supuesta protección de estos beneficios contra impedimentos bajo cualquier Plan de Ajuste, son totalmente inconsistentes con el Plan Fiscal Certificado y Promesa”, insistió Jaresko. Jaresko enumeró otras objeciones del ente fiscal a la medida, como que dispone que las aportaciones patronales al sistema de retiro “están desconectados de cualquier evaluación actuarial” e impediría que los policías continúen beneficiándose del Seguro Social. Jaresko también acusa a los autores de la medida de engañar a sus constituyentes al señalar que el proyecto contiene promesas “que quizás nunca se cumplan”. Por ejemplo, indicó que el proyecto busca que se restablezcan beneficios de derechos acumulados, el restablecimiento de los bonos y la expansión de la participación en las pensiones de beneficios definidos y que solo se reconocerán esos beneficios si se puede demostrar que el nuevo fideicomiso alcanza un nivel de financiación de un 120%. “El gobierno aún tiene que proveer modelos para demostrar la capacidad de alcanzar estos niveles y el impacto que tendrá en el plan fiscal”, dijo Jaresko.