El Senado investigará el aumento en la tarifa de la luz

El Senado de Puerto Rico discutirá en una sesión este jueves una medida legislativa con que el cuerpo expresará su rechazo al aumento en la tarifa de energía eléctrica anunciado por el Negociado de Energía de Puerto Rico. La medida también solicitará al Departamento de Justicia que investigue la posibilidad de una conducta ilegal durante la aprobación del alza, informó el portavoz de la mayoría de la Cámara alta, Javier Aponte Dalmau. El 31 de diciembre, el Negociado de Energía le dio el visto bueno a una petición de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para incrementar el costo por el kilovatio/hora en .81 centavos. El argumento de la corporación pública fue que calculó mal el costo del combustible durante los meses de septiembre a noviembre, pagando más de lo previsto. La ley orgánica de la AEE le permite recuperar todos sus gastos incurridos a través de la factura. El gobernador Pedro Pierluisi ha dicho públicamente que el pueblo tiene que acostumbrarse a los aumentos en la energía, particularmente cuando hay aumentos en el costo de petróleo, al sostener que le toca al Negociado de Energía evaluar cualquier petición de ajuste de la AEE. La AEE, de hecho, contrató a la empresa Larkin & Associates para auditar el proceso de compra, adquisición, acarreo, almacenaje y consumo de la AEE durante los pasados tres años. La auditoría ocurre luego de que la corporación pública entregara varios informes identificados como incongruentes al Negociado de Energía al momento de solicitar ajustes en la factura para los meses de junio a agosto del 2020. En síntesis, el Negociado de Energía sostuvo que la AEE alegó haber comprado el barril del petróleo en esos meses por un precio mucho mayor al que imperaba en el mercado. La AEE indicó haber pagado $91.6 millones más. A raíz de estas incongruencias, se ordenó la auditoría, que abarca los años 2018 al 2020. “Ya sea por incompetencia o por intención, la AEE subestimó sus gastos durante el último tercio del año 2020 en medio de un proceso electoral y ocultó dicha información a la ciudadanía hasta que entró en vigor este aumento de tarifa. El Senado no va a permitir que el pueblo puertorriqueño pague las consecuencias de esta práctica negligente y sea sometido a un castigo como el que representa esta alza tarifaria”, manifestó en declaraciones escritas Aponte Dalmau, quien presentó una Resolución Concurrente, la número 3, como presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía. Aponte Dalmau dijo que la práctica de la AEE de manipular los asuntos tarifarios durante la época electoral no es nueva. En el año 2012, la corporación pública bajó artificialmente su tarifa para crear un supuesto alivio al consumidor durante los meses cercanos a las elecciones generales. Esto creó un disloque fiscal que tuvo que ser posteriormente subsanado por la administración del gobernador Alejandro García Padilla mediante ajustes tarifarios que tuvo que asumir el consumidor puertorriqueño. El portavoz de la mayoría en la Cámara alta anunció también que radicó la Resolución del Senado 50 para que se investiguen los procesos, legalidad y fundamentos del aumento de .81 centavos por kilovatio-hora (kwh) en el costo de la energía eléctrica solicitado por la AEE y autorizado por el Negociado de Energía. “El país necesita contestaciones. ¿Desde cuándo esto estaba previsto? ¿Por qué esta información no salió a relucir en las vistas de transición? ¿Se ocultó este aumento como parte de una estrategia político electoral? ¿Por qué no se cumplió con la divulgación de estos procesos mediante vistas públicas como es requerido? Este aumento se aprobó en cuartos oscuros y a espaldas tanto de la Asamblea Legislativa como del pueblo puertorriqueño. El Negociado de Energía guarda un silencio cómplice. Entendemos que existe una negligencia en el cumplimiento del deber y una falta de transparencia que es contraria a lo que establece la ley y se deben imponer responsabilidades”, señaló el portavoz popular. Finalmente, el legislador expresó que la intención legislativa de crear la Comisión de Energía de Puerto Rico, que posteriormente se convirtió en el Negociado de Energía, no tan solo era para administrar el proceso de regulación de tarifas sino para llevar a cabo procesos de evaluación claros y transparentes. “Esa es la transparencia que estamos exigiendo hoy”, puntualizó Aponte Dalmau.