El suspendido alcalde de Mayagüez José Guillermo "Guillito" Rodríguez dice que no renunciará

La jueza Iraida Rodríguez Castro, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez, por violaciones al artículo 262 del código penal, incumplimiento del deber, y por el artículo 264 de malversación de fondos públicos. Rodríguez Castro también encontró causa para arresto contra la gerente de finanzas del municipio, Yahaira Valentín Andrades, por los mismos cargos. A cada uno se les impuso una fianza de $100,000, la cual fue diferida por la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio, según notificó el abogado del alcalde, Harry Padilla. “No hay razón por la cual tener que renunciar”, dijo Rodríguez a los periodistas, cuando le preguntaron si estaría dimitiendo como alcalde luego de la determinación del tribunal en su contra. Los dos cargos radicados por el Panel del Fiscal Especial Independiente (Pfei) fueron notificados en la mañana del martes y están vinculados con una supuesta inversión de alto riesgo de $9 millones que emitió el municipio de Mayagüez. El dinero provenía de unas resoluciones conjuntas aprobadas por la Legislatura, que suponían destinarse para mejoras pendientes al Centro de Trauma de Mayagüez. Según explicó en sala el fiscal especial independiente (FEI), Miguel Colón, la naturaleza del cargo de malversación de fondos públicos no requiere que haya un beneficio a favor del imputado, en este caso el alcalde y la gerente de finanzas. El delito se configuró porque ese dinero no se utilizó para el propósito legislado, permanecieron sin uso por varios años y, en cambio, el municipio autorizó una inversión con esos fondos, que terminó en bancos de Estados Unidos. Aunque la ley provee los mecanismos para que los municipios autónomos hagan inversiones en el mercado de valores, Colón enfatizó que existen varias condiciones para llevar a cabo las transacciones, como emitirla a través de la banca local, desarrollar una propuesta de inversión, buscar cotizaciones, entre otras, pero eso no se hizo en este caso. No obstante, Colón sostuvo que lo único que se pudo recuperar de esa inversión fueron $4 millones, producto de una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), contra un banco de inversión por no haber supervisado al asesor financiero del alcalde, Eugenio García Jiménez. Destacó -de paso- que de ese monto, $1.2 millones fueron pagados a los abogados que contrató el municipio, que a su vez viola la ley de municipios autónomos, que establece que el pago de honorarios no debe superar el 10% de la reclamación. El alegato del fiscal especial independiente fue retado por Padilla, quien argumentó en sala que no hubo pérdida certificada por el municipio, de $9 millones, sino lo contrario, que lograron recuperar más de $9 millones mediante acciones legales contra las instituciones financieras. El abogado explicó que el total recuperado proviene de los $4 millones de la demanda de la SEC, que la entidad entregó al municipio, otros $4 millones procedentes de instituciones financieras de Estados Unidos y una partida de $1.8 millones de la partida original de $9 millones que no se invirtieron y se devolvieron. En esa misma línea, insistió que la pérdida de la inversión de $9 millones no se le puede adjudicar a su cliente, pues este designó a cuatro asesores financieros por contrato para que la administraran. A esos asesores, relató Padilla, el alcalde le dio cuatro instrucciones: analizar qué fondos municipales estaban disponibles para invertir, determinar la cantidad, llevar a cabo la inversión según establecido en la ley de municipios autónomos y que la inversión sea dentro el marco de la ley. Esas directrices supuestamente no fueron obedecidas por los asesores, por lo que Padilla insistió en reiteradas ocasiones que su cliente fue víctima de un timo. Esos cuatro asesores: García Jiménez, Alejandro Riera Fernández, Roberto Mejill Tellado y Arnaldo Irizarry, fueron parte de los siete individuos arrestados en marzo de 2021 por las autoridades federales y actualmente enfrentan cargos por emplear un esquema de fraude contra el municipio de Mayagüez a través de la empresa municipal Mayagüez Economic Development Inc. (Medi). “Los han timado al extremo de que el gobierno federal tiene que iniciar un proceso que culminó en el año 2021, con la radicación de cargos penales en la jurisdicción federal contra siete personas, y precisamente dentro de esas siete personas están cuatro que eran los funcionarios del municipio a cargo de la inversión”, sentenció Padilla en sala. El abogado de defensa resaltó que el Pfei no ha podido consignar las cantidades de dinero que se perdieron por la transacción, pero indicó que el municipio emitió certificaciones que acreditan el recibo del dinero perdido. El fiscal Colón señaló que el municipio nunca entregó esas certificaciones, pero Padilla sostuvo que el Pfei extendió el término de la investigación por 10 días para investigar el asunto. Por su parte, el abogado de la gerente de finanzas del municipio, Ramón Parga, se acogió a los argumentos esbozados por Padilla e insistió que en este caso no hubo beneficio económico para los acusados y que las actuaciones de su clienta fueron procesales e incidentales. Luego de que la jueza Rodríguez Castro dictó causa para arresto contra ambos funcionarios, las partes acordaron reunirse este viernes a las 2:00 p.m. en las oficinas del Pfei para trámites de procesamiento. Una vista con antelación a juicio fue señalada para el 7 de junio y la vista preliminar para el 14 de junio. El caso contra Rodríguez y Valentín Andrades surge de una querella presentada poco después de los arrestos federales, por el representante José Enrique Meléndez ante el Departamento de Justicia (DJ), para que investigara las transacciones realizadas por el municipio. En noviembre del año pasado, el DJ refirió la pesquisa al Pfei. El pasado 31 de marzo, un año después de sometida la querella, la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (Upad), adscrita al Pfei, suspendió sumariamente al alcalde mientras culminaba la investigación.