La administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) tendrá que pagar una multa de $5,000 por incumplir con una orden del Tribunal de Apelaciones que exigía la apertura del recinto de Río Piedras y el reestablecimiento de las labores educativas.
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El tribunal impone una multa de $5,000 a la UPR
La suma aumentará $1,000 diarios hasta que se restablezca el acceso
La jueza Lauracelis Roques, del Tribunal de San Juan, determinó esta tarde que la administración universitaria incurrió en desacato civil al no haber actuado satisfactoriamente para garantizar el acceso, por lo cual a la multa se añade una sanción diaria de $1,000 por cada día que el principal centro docente del País permanezca cerrado.
De acuedo a la jueza, la UPR no realizó esfuerzos “diligentes y razonables” para cumplir con la directriz del Apelativo. Antes de emitir su decisión, Roques sostuvo que la administración tenía alternativas si sabía que no podía cumplir con la orden, como solicitar la reconsideración del Tribunal de Apelaciones o pedir auxilio del Tribunal Supremo.