El Tribunal Supremo de Puerto Rico sostiene la constitucionalidad de requerir una licencia para usar o portar armas de fuego

El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó el pasado viernes que es constitucional el que el Estado regule el derecho a portar o usar armas de fuego al requerirles a los ciudadanos una licencia o permiso. “Revocamos la determinación del Tribunal de Apelaciones que declara inconstitucional el artículo 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico de 2000″, reza la opinión de 34 páginas del máximo foro judicial del país. El artículo en controversia, que era el vigente al momento del inicio del caso, estipula que “toda persona que transporte cualquier arma de fuego o parte de esta, sin tener una licencia de armas, o porte cualquier arma de fuego sin tener su correspondiente permiso para portar armas, incurrirá en delito grave y convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 10 años”. Los jueces del Supremo determinaron que el Apelativo “erró” en su decisión y concluyeron que el artículo es constitucional bajo la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Este caso comenzó entre diciembre de 2015 y enero de 2016, cuando el Ministerio Público radicó cargos de violaciones a la Ley de Armas contra Luis Rivera Caraballo, Alvin Rodríguez Rodríguez y Roberto Rodríguez López. Ante esto, Rodríguez López presentó una moción urgente en la que invocó el derecho fundamental de todos los ciudadanos estadounidenses para poseer y portar armas. Además, solicitó que se declarara inconstitucional la Ley de Armas de Puerto Rico, ya que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico carecía de jurisdicción para encausarlo criminalmente. Asimismo, manifestó que los artículos de la Ley de Armas de Puerto Rico por el que lo acusaban -que también incluía el artículo 5.011 de fabricación, importación, venta y distribución de armas; y el 6.01 por fabricación, distribución, posesión y uso de municiones- eran inconstitucionales, puesto que restringían su derecho constitucional a portar armas. Los otros dos acusados se unieron a estas mociones. Luego que el Tribunal de Primera Instancia declarara “no ha lugar” a las peticiones de desestimación, los acusados recurrieron al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari, donde también alegaron que la Ley de Armas “se convertía en una prohibición absoluta a su derecho a poseer y portar armas, que les exponía a ser encarcelados por haber ejercido su derecho constitucional”. Tras una vista oral celebrada el 17 de agosto de 2016, un panel de jueces del Apelativo dictaminó que la restricción del artículo 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico “era inconstitucional de su faz y en su aplicación, toda vez que constituía una prohibición absoluta al derecho a poseer y portar armas”. Posteriormente, el procurador general, quien defendió en la vista oral que el Estado tiene la legitimidad para establecer límites y reglamentos para la portación de armas, recurrió al Tribunal Supremo. “El requerimiento de licencia para poseer y portar armas en Puerto Rico, -al igual que sucede en otras jurisdicciones de la nación-, solo persigue la política pública de cero tolerancia contra el crimen; lograr que las agencias de orden público sean más efectivas en esa lucha; y promover mayor seguridad y bienestar público para el pueblo”, estableció el Supremo en su sentencia. Seguido, los jueces indicaron que el requerir una licencia o permiso para poseer o portar un arma de fuego no es una medida “extraña e irregular” en Puerto Rico, ni otros estados del país norteamericano. Como ejemplo, mencionaron que estados como Carolina del Norte, Hawái, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Nebraska, Nueva Jersey y Rhode Island requieren de una licencia o permiso para comprar, poseer o portar armas. La opinión del Tribunal Supremo fue emitida por el juez asociado Ángel Colón Pérez.