En blanco y negro la privatización de AEE

La Legislatura tiene ante sí la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), mediante un proyecto de ley de 18 páginas que llegó desde La Fortaleza. La medida fue radicada ayer luego de que el gobernador Ricardo Rosselló hiciera el anuncio el lunes en su Mensaje sobre la Situación del Estado. También se radicó el proyecto que reorganiza el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). El proyecto de la AEE establece explícitamente que se podrán realizar procesos competitivos de solicitud de propuestas o contratos de Alianzas Público Privadas (APP) para “vender o disponer cualquier activo de la AEE y para transferir o delegar permanentemente, temporeramente o por un periodo fijo o variable cualquier operación, función o servicio”. La legislación busca sacar del proceso toda la fiscalización que pueda hacer la Comisión de Energía al establecer – en varias instancias – que las negociaciones que se hagan al amparo del nuevo estatuto no estarán sujetas a las reglamentaciones de este organismo. Son varios los poderes que, bajo este proyecto, perdería la Comisión de Energía. Expresamente establece que esta entidad no tendrá jurisdicción sobre ninguno de los contratos ni transacciones que se den a la luz de esta legislación. “No se requerirá la evaluación, aprobación o el consentimiento de la Comisión de Energía para dichos contratos o acciones”, dispone la medida. Sobre los empleados de la AEE, el proyecto indica que cualquier contrato de alianza o privatización que se lleve a cabo de conformidad con la nueva ley no podrá ser utilizado por el gobierno “como fundamento para el despido de ningún empleado con un puesto regular”. Agrega que el dinero producto de las transacciones podrá utilizarse en parte para los sistemas de retiro de la corporación pública. Sí aclara que estos empleados podrían estar sujetos a las disposiciones de la Ley de Empleador Único, que permitiría moverlos a otras agencias. “De igual forma, la autoridad y el gobierno podrán diseñar y ofrecer planes de transición o renuncias voluntarias incentivadas”, reza la medida y luego añade que “los empleados que como resultado de esta ley sean transferidos bajo el concepto de movilidad a otra entidad gubernamental conservarán todos los derechos adquiridos conforme a las leyes, normas, convenios colectivos y reglamentos que les sean aplicables”. El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, dijo ayer que “el gobernador con este proyecto demuestra la incapacidad de administrar el aparato público que el pueblo le delegó y ahora ha decidido venderlo”. En su exposición de motivos, el proyecto presenta esta venta como “el nuevo motor de desarrollo económico, beneficiando al pequeño y mediano comerciante con un sistema de energía eléctrica eficiente, confiable y moderno a un costo que le permita crecer y generar empleos”. Dice que ya cuenta con el endoso de entidades como la Asociación de Restaurantes, la Asociación de Industriales, el Sistema Universitario Ana G. Méndez, el Centro Unido de Detallistas, la Asociación de Hoteles y Turismo y el Colegio de Médicos Cirujanos, entre otros. Consolidación cultural Por otra parte, la reorganización del ICP busca consolidarlo con la Corporación del Centro de Bellas Artes, la Corporación de Artes Musicales y la Corporación de las Artes Escénicas Musicales. De igual forma, crea una División de Artes Musicales para trabajar el Festival Casals y establece como subsidiaria del ICP la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. La Junta de Directores del ICP quedaría constituida por nueve miembros, ocho de los cuales serían nombrados por el gobernador y confirmados por el Senado. La otra silla sería ocupada por el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR). La medida establece que los programas auspiciados directa o indirectamente por el ICP tendrán preferencia en el uso de las instalaciones del Centro de Bellas Artes de Santurce.