En lados opuestos los bonistas y la Junta de Supervisión Fiscal

Aunque continúan sentados a la mesa en un proceso de mediación que es confidencial, los bonistas, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobierno se mantienen en lados opuestos en lo que atañe a la reestructuración de la deuda pública, partiendo de dos divulgaciones efectuadas por las partes este fin de semana. Sin hacer mucho ruido, tanto la JSF como uno de los grupos de bonistas dueños de Obligaciones Generales, que se identifica como el grupo “Ad Hoc de Bonistas Constitucionales”, publicaron sus posiciones en materia del plan fiscal certificado y la propuesta financiera para refinanciar los bonos del gobierno central. El Ad Hoc asegura que lo pactado en febrero pasado es la alternativa “más rápida” para que Puerto Rico salga del Título III, y añade que la JSF continúa “sobreestimando” los gastos del gobierno, mientras minimiza el beneficio económico que tendrá la llegada de fondos federales asociados a la recuperación luego del huracán María. Por su parte, subrayando que la respuesta de los bonistas a la propuesta enmendada de renegociación no es “100% precisa”, el organismo creado por la ley federal Promesa, dijo estar “esperanzado” en que algunas perspectivas de los acreedores en torno a la capacidad del gobierno de generar más ingresos y actividad económica se materialicen. Ello, según la JSF, serviría para hacer contrapeso a los “riesgos considerables” que encara Puerto Rico para mantener su presupuesto balanceado sin déficit por largo plazo. Al refutar a los acreedores, en un documento de 81 páginas, la JSF respondió a los bonistas, señalando -entre otras cosas- que su “manejo proactivo” del gasto gubernamental hizo posible que, en los pasados dos años fiscales, el gobierno acumulara sobrantes en el orden de $8,300 millones. Tales fondos han fluido como liquidez al gobierno central y, a su vez, son parte “central” de la propuesta de renegociación para compensar a los bonistas, subraya el organismo fiscal. “El Plan de Respaldo al Acuerdo (PSA) que se anunció en febrero (pasado) continúa siendo la manera más rápida para que la isla salga del proceso de reestructuración y recobre un acceso crítico a los mercados financieros mientras también alcanza la independencia de la supervisión de la (JSF)”, indicó el grupo de bonistas, una de las partes que suscribió un acuerdo a principios de año que habría facilitado el plan de ajuste del gobierno central. La divulgación de los documentos por parte del Ad Hoc y de la JSF se produjo el sábado, cuando el organismo fiscal aseguró que las negociaciones con los diversos acreedores del gobierno puertorriqueño bajo el mecanismo de mediación instaurado por la jueza Laura Taylor Swain continúan su curso. Deficiente, alegan los bonistas Según el grupo, el plan fiscal certificado por la JSF en mayo pasado descansa en proyecciones económicas “deficientes” e ignora hechos como el desempeño de los recaudos fiscales, siempre por encima de las proyecciones del organismo fiscal. A manera de ejemplo, el grupo expone que, en lo que va de año fiscal, los recaudos al fisco van alrededor de 26% por encima de lo proyectado. Sin embargo, el gobierno y la JSF han advertido que buena parte de esos fondos, en realidad, corresponden a la posposición del pago de impuestos y arbitrios que debieron pagarse el año fiscal pasado y que fueron pospuestos como resultado de la pandemia del coronavirus. En contraste, con su nueva propuesta, la JSF busca un recorte mayor al pactado en febrero pasado, reducir la extensión de los bonos a 20 años, así como la cantidad que el gobierno tendrá que separar cada año para el pago de la deuda pública. Considerando cuánto dinero los estados dedican al pago de la deuda, la JSF busca que Puerto Rico dedique alrededor de 8.6 centavos de cada dólar que ingresa al gobierno central a pagar a los bonistas, una métrica que, en febrero pasado, se fijó en unos 9.2 centavos de dólar. “La deuda contemplada como parte del PSA (plan de ajuste) se amortiza en su totalidad en 20 años, una premisa no vista en el financiamiento municipal y que, de modificarse, liberaría una capacidad mayor de deuda para los acreedores”, riposta el documento presentado por el “Ad Hoc de Bonistas Constitucionales” y en el cual se cuestiona el uso de proyecciones no actualizadas de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, en inglés) y por qué la JSF no incorpora en sus estimados los beneficios de fondos federales, como los paliativos para el coronavirus. En el agregado y para febrero pasado, la JSF buscaba que el pago anual a los bonistas rondara unos $1,500 millones, la propuesta divulgada por el organismo en noviembre pasado propone un servicio a la deuda anual de $1,050 millones. En el caso del vencimiento de la deuda, la JSF sostuvo que los datos que se recogen del mercado municipal apuntan a que las Obligaciones Generales suelen tener vencimientos más cortos, entre 15 y 20 años, como sería el caso de Utah y Hawái, respectivamente. Los bonistas reclaman, por su parte, que el gobierno central puede sostener un servicio a la deuda de entre $1,387 millones a $1,715 millones, partiendo de los estimados de Moody’s Investors Service, publicados el 12 de mayo de 2020. La postura de la Junta De acuerdo con el organismo fiscal, el huracán María, los terremotos de principios de año y la pandemia del coronavirus solo han servido para acentuar una realidad: la marcada divergencia en materia de desempeño económico de Puerto Rico y el resto de Estados Unidos. En cifras, la JSF recordó que, en los pasados 13 años, el producto bruto de Puerto Rico se ha achicado un 20%, mientras en ese período Estados Unidos aumentó su producto bruto en 23%. “La delicuencia en préstamos hipotecarios ha vuelto a subir nuevamente”, ejemplificó la JSF al mencionar uno de los indicadores que muestra que la recuperación en la isla como resultado del coronavirus, ha sido más tardía que a nivel continental. Según la JSF, una de las razones principales para los estimados conservadores del organismo se centra en la incapacidad del gobierno para implementar las reformas fiscales que se le han exigido. Pero, acto seguido, la propia JSF acepta en su escrito que la experiencia reciente con los procesos de consolidación gubernamental “sugiere que la eficiencia y el ofrecimiento de los servicios están en riesgo” debido a los retos de implementación que encara el gobierno. Por ejemplo, el gobierno debió implementar unos 19 planes de consolidación de agencias, pero solo ha implementado cuatro. Con ese telón de fondo, la JSF alegó que su mandato no solo se centra en renegociar con los acreedores, sino en asegurar otras prioridades establecidas en la ley Promesa, como el pago de pensiones y las operaciones del gobierno.