En precarias condiciones las oficinas del Departamento de la Familia

A más de año y medio del huracán María, decenas de empleados del Departamento de la Familia aún trabajan en vagones, en áreas que dificultan el acceso al público, ponen en riesgo la salud y seguridad de los empleados, y pudieran incumplir con los protocolos de confidencialidad. Esta agencia, que atiende un público de más de un millón de participantes, enfrentó daños en 52 de las propiedades donde se ubican sus oficinas. La mitad de ellas permanecen sin reparar por completo y tampoco han sido reemplazadas por otra estructura, según datos de la entidad pública analizados por El Nuevo Día. “Tengo que reconocer a los empleados de la agencia. Estoy consciente de las condiciones en que han estado laborando. A pesar de eso, han dado más del 100% porque tienen una vocación de servicio... Me consta las situaciones que han estado pasando”, afirmó la secretaria de la Familia, Glorimar Andújar. La situación de estos trabajadores refleja la recuperación lenta a la que han estado sometidos los edificios públicos, muchos de los cuales confrontaban problemas de infraestructura debido a un presupuesto de mantenimiento limitado para cerca de 500 propiedades. De las 52 estructuras donde opera el Departamento de la Familia, una pertenece a esa agencia, 17 son de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y el resto son propiedades privadas. La AEP reclamó daños en 248 de sus inmuebles, informó su director ejecutivo, Josean Nazario. De alrededor de $175 millones en reclamaciones, la AEP solo ha recibido desembolsos por $30 millones, lo que representa menos de una quinta parte. De esa cantidad, $25 millones fueron pagados por compañías aseguradoras y $5 millones, por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés). En tanto, el Departamento de la Familia solo ha recibido $400,000 de los $30.5 millones reclamados en daños, según la secretaria. Las autoridades atribuyeron los retrasos en las reparaciones a la falta de desembolsos, así como al tiempo que demora la subasta e importación del equipo. Datos recopilados por el Comité de Salud y Seguridad del sindicato Servidores Públicos Unidos arrojaron que ocho de las 52 propiedades fueron pérdida total. Están localizadas en Corozal, Maunabo, Naguabo, Loíza, Juncos, Orocovis, San Lorenzo y la región de Arecibo de la Administración para el Sustento de Menores (Asume). El director de la AEP indicó que dos de estos inmuebles no ameritan ser reparados porque el costo de los trabajos superaría el valor de la propiedad. Según los informes de Familia, aún hay problemas de filtraciones, elevadores con fallas y aires acondicionados dañados. Al menos en seis municipios, el personal está reubicado o segregado entre varias dependencias. Pagan por vagones en desuso De manera provisional, Andújar otorgó $125,000 en contratos a la empresa Dueñas Trailer Rental para que provean espacio de oficina al personal de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) en las regiones de San Lorenzo, Naguabo, Loíza y Carolina II. Los centros gubernamentales sufrieron un deterioro significativo por las filtraciones y el hongo que acaparó los techos y paredes, y dañó los sistemas de refrigeración. Sin embargo, los vagones fueron instalados en marzo de 2018, y el traslado de los empleados en San Lorenzo y Naguabo demoró entre tres y cuatro meses. En Loíza, el vagón estuvo desocupado hasta el primer día de este mes, pero la agencia pagó la renta durante el año previo. La renta en la región de Carolina II fue pagada nueve meses, aunque nunca se trasladó al personal por falta de conexión eléctrica, según los testimonios que recopiló este diario. Conforme a la información que obtuvo este medio, se desembolsaron $54,600 en fondos públicos por el alquiler de los vagones durante el período en el que no fueron utilizados. De acuerdo al contrato, la agencia debía pagar $1,950 mensuales por vagón. La secretaria de la Familia argumentó que “no había otro local” cercano donde trasladar los funcionarios, y dijo que habilitar los vagones demoró más tiempo del previsto por la falta de conexión eléctrica. La agencia certificó que, desde mayo de 2018 a abril de este año, se pagó al contratista $134,750. Esta empresa ha tenido contratos con el gobierno desde 2008, según el registro de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR). Sus ejecutivos son José Dueñas Gómez, Judith Dueñas Peña y Daniel Dueñas Peña, según documentos corporativos. Este último aportó $1,000 al equipo de campaña de Ricardo Rosselló Nevares, en un baile celebrado en diciembre de 2016 en el Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones, en el que estuvieron presentes miembros de su grupo electoral y funcionarios designados al gabinete que recién se constituía, según los informes de la Oficina del Contralor Electoral (OCE). Donó también $500 al Partido Nuevo Progresista (PNP) en 2014, según el ente electoral. Falta de privacidad Las condiciones precarias en los vagones dificultan proveer garantías de confidencialidad a quienes solicitan los servicios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y el Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés), advirtieron empleados consultados por este diario que hablaron bajo condición de anonimato. “Todo el mundo escucha lo que uno habla”, contó una empleada de Naguabo. La técnica relató que, en una ocasión, un participante le confesó que quería suicidarse y otra participante se volteó y lo miró, lo que provocó un intercambio. “Parece que ella escuchó la conversación”, mencionó. Su testimonio coincidió con el de personal de Loíza y Juncos. “Todo el mundo oye a todo el mundo. Uno apenas cabe en el cubículo. Medio cubículo está almacenado. Los casos cuando nos los traen, no tenemos ni dónde ponerlos”, explicó una funcionaria de Juncos, quien trabaja provisionalmente en una antigua tienda del casco urbano. El programa de prevención y control de violencia en el trabajo del Departamento de la Familia dicta que el área de recepción debe estar protegida con una pared y debe haber una puerta divisoria entre el área de espera y el de trabajo que impida que el público pase sin ser llamado. Ante toda esa situación, la presidenta de Servidores Públicos Unidos, Annette González, entiende que el estado de las oficinas ha propiciado un “problema (laboral) serio”. “Hay oficinas desmanteladas, cuyo personal se ha segregado entre varias oficinas. Hay oficinas que las tienen en vagones porque no tienen estructuras... No se le está dando prioridad”, observó. Otras dificultades En Loíza, además, el vagón no tiene acceso para personas con impedimentos. Una técnica contó que atendió a un hombre en silla de ruedas en el estacionamiento porque no pudo entrar a las instalaciones gubernamentales, lo que incumple con la Ley para Personas con Discapacidades (ADA, en inglés). El espacio también carece de cubículos y divisiones para preservar la privacidad. Los técnicos colocan los expedientes de los casos debajo de unas mesas portátiles o amontonados uno sobre otro. El único sostén del vagón son unos bloques de cemento, que algunos empleados temen que se tambaleen a la menor provocación. Dentro de ese ambiente, la foto oficial enmarcada del gobernador permanece recostada en la mesa de recepción, sin clavo ni pared que la exhiba. “¿Por qué vamos para atrás? En vez de avanzar, estamos retrocediendo”, cuestionó una empleada. “Nos han llevado de un sitio a otro. ¿Dónde nos irán a meter después? No sé… Será en el cementerio aquí al lado”, dramatizó. En San Lorenzo, la recepción está ubicada bajo una carpa. Los empleados se asoman por la puerta del vagón para llamar al próximo en turno, lo que dificulta los trabajos cuando llueve. La alfombra también se moja con la lluvia. El personal también alegó que el vagón no se limpia desde que se colocó, y los conductos de aire comienzan a mostrar moho. “Hay compañeros que padecen de asma y alergia”, precisó una empleada. “Antes, no me enfermaba. Desde que estoy acá, he tenido que ir al médico”, puntualizó otro.