Puerto Rico 06 agosto 2018

En suspenso baja de multas de AutoExpreso

El gobernador dijo que medida legislativa podría no contar con visto bueno de junta fiscal

El gobernador Ricardo Rosselló dejó entrever ayer que podría estar vetando el Proyecto del Senado 642 de la autoría de Miguel Laureano, el cual enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito a los fines de reducir de $50 a $15 el pago por concepto de multas administrativas por cada infracción del peaje de AutoExpreso, más el cargo dejado de pagar.

La medida legislativa, además, establece que los cambios aplicarían a los ciudadanos que tienen el sello electrónico de AutoExpreso y que por algún motivo u otro no tienen el balance necesario en su cuenta. Sin embargo, en los casos que se utilice el sistema sin el sello electrónico, incurriendo así en faltas administrativas, la multa será de $100.

“Hay una serie de disposiciones dentro del proyecto que estamos examinando que tienen una injerencia sobre el componente fiscal. No obstante, nuestro objetivo es identificar cómo podamos lograr el objetivo que todo el mundo está esperando, el que las multas tengan su reducción, sin que tengamos un escenario que se pueda dejar nulo por la Junta de Supervisión Fiscal por algunas consideraciones fiscales que están en el proyecto”, sostuvo el mandatario.

Rosselló explicó que no hay objeción en el objetivo de la medida para bajar la cantidad de la multa, sino que el problema radica en el lenguaje aprobado que impacta varios aspectos del plan fiscal, incluido el total de los recaudos que espera recibir el gobierno por concepto de las multas.

“Lo que queremos es asegurarnos que el proyecto esté consistente con la consideración fiscal. Para nosotros el objetivo dentro del proyecto de $50 a $15 (las multas) no es el factor limitante que lo puede nulificar. Po lo tanto, si hay otros factores que lo pueden nulificar, pues vamos a buscar una medida que nos permita cumplir con la reducción de la multa, pero siempre observando las otras cosas que pueden nulificar (el proyecto)”, agregó.

“De nada me vale a mí sacar un proyecto que vaya a ser nulificado si puedo llegar al mismo objetivo, que es la reducción de la multa, con un proyecto nuevo”, precisó el primer ejecutivo.

Mientras, el vicepresidente cameral José “Pichy” Torres Zamora, quien participó de la legislación, dijo que había discutido el tema con Rosselló. “El gobernador no tiene problemas con las multas, lo que está buscando es la otra parte de cómo armonizar la parte del cobro del peaje”, dijo.

EL VOCERO le preguntó a Torres Zamora si el primer ejecutivo puede enmendar dicho proyecto, a lo que este respondió que no. “Habría que someter un proyecto de administración nuevo. Si él decide vetarlo después de su análisis, pues se vetaría e inmediatamente se sometería un proyecto de administración o podría no firmarlo, que es hacer un veto de bolsillo, como dicen”, respondió el legislador.

Se agota eltiempo en la CEE

De otro lado, Rosselló dijo que dará hasta mañana a los comisionados electorales para que tomen una determinación respecto al nombramiento de Ramón Bauzá como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Yo voy a esperar a que ellos tomen una determinación. Aunque técnicamente es el domingo a la medianoche (anoche) que termina (el plazo para poder evaluar), tengo entendido y me han dicho que tienen el lunes también. Así que sería el martes que se tendría que tomar esa determinación. Yo voy a dar el espacio para que los comisionados hagan lo que está en su derecho, en ley a ejecutar y una vez ellos determinen yo me expresaré sobre el mismo”, explicó en una rueda de prensa.

El pasado 6 de julio, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos Andújar, recomendó a Bauzá para el puesto que fue ocupado brevemente por el hoy exjuez Rafael Ramos Sáenz -quien dejó el cargo por su papel en el escándalo del chat de WhatsApp de la pasada campaña electoral- y de forma interina por el licenciado Nicolás Gautier Vega. Ese mismo día, Rosselló acogió la recomendación para nombrar a Bauzá.

Posterior a esa fecha, los comisionados electorales tenían 30 días para evaluar el nombramiento, que requiere el apoyo unánime para ser confirmado.

Sanciones en Ciencias Forenses

Por otra parte, el primer ejecutivo reaccionó a lo ocurrido la semana pasada en una vista pública de la Cámara, donde salió a relucir que un empleado del Negociado de Ciencias Forenses (NCF), identificado como Edgardo Vera López, había sido suspendido de manera sumaria, con intención de despido, por cooperar con la investigación que realiza el mencionado cuerpo legislativo.

“La información que yo tengo es que hay unos compañeros que tomaron una serie de acciones y que pudieron haber puesto en riesgo la acreditación del NCF. Ante esa realidad, el NCF y el Departamento de Seguridad Pública tomaron unas acciones disciplinarias ante ello”, concluyó.

Fuente: elvocero.com

Notas Relacionadas

Deja tu comentario