Encaminada la privatización de las carreteras con peajes

El establecimiento de alianzas público privadas para el manejo de las autopistas PR-52, PR-66, PR-20 y PR-53 y sus correspondientes estaciones de peaje podría concretarse a finales de este año, como parte de una reforma del sistema de transportación del País incluida dentro del plan fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal, informó ayer el director de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González Montalvo. Según González Montalvo, la transferencia corresponde a un decreto del ente fiscal para segregar las carreteras con peajes de aquellas vías públicas que no tienen. “Lo que se busca con esto es que los ingresos que se generan a través del cobro de peajes se reinviertan exclusivamente en sus respectivas autopistas y no se usen para el resto de la red vial. Ese es el punto medular de esta segregación. El resto de las carreteras estatales estarían utilizando fondos federales y estatales para su mantenimiento”, detalló el funcionario. González Montalvo mencionó que el proceso de privatización de las cuatro carreteras que abarcan 622.25 millas de carril y que acumularon en 2021 ingresos anuales que superaron los $140 millones se encuentra ya en el proceso de solicitud de propuestas, luego de que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) determinó en un estudio que “concesionar esas cuatro autopistas es deseable y conveniente para el pueblo de Puerto Rico”. En el tercer y último volumen del plan certificado para el año fiscal 2023-2024 —en el que la junta fiscal plasmó los requisitos de implementación e incluye una agenda de manejo financiero de la Isla— reveló que la solicitud para las propuestas se formalizó en enero y que las partes interesadas tendrán hasta julio para presentar sus respectivas ofertas. Según el plan fiscal certificado, “se espera que la transacción sea cerrada para el final del año calendario. El gobierno, la ACT y la junta fiscal deben continuar coordinando esfuerzos para facilitar el proceso de APP en curso para los activos de carreteras con peajes”. “Es importante recalcar que esa APP no significa que va a haber despido alguno. Todos los empleados pueden estar tranquilos. Los que quieran transferirse a la entidad que gane pueden entrevistarse e irse a trabajar con ese ente”, destacó el director ejecutivo. En agosto del 2022, la AAPP publicó la solicitud para cualificaciones para lo que denominó el “Proyecto de monetización de las carreteras con peajes de Puerto Rico”, ahí destaca que otras rutas representan poca o ninguna competencia a las autopistas PR-52 y PR-66. La primera tuvo un promedio de 205,134 transacciones diarias en 2021, mientras que en la segunda fue de 80,764. Otras dos autopistas operan bajo el formato de APP, la PR-22 y la PR-5, ambas concesionadas a la empresa Metropistas. Trabajan en plan alterno Entretanto, el plan fiscal certificado contempla la creación de una Oficina para el Manejo de Carreteras con Peaje dentro de la ACT. De acuerdo con el principal oficial de complimiento de asuntos relacionados a la junta fiscal de la ACT, el ingeniero Marco García, dicha entidad ya fue creada, pero todavía están afinando detalles para determinar la cantidad de empleados que asignarán. “Le estamos dando forma a esta oficina junto a la junta fiscal. Lo que se está buscando es dividir desde ya las responsabilidades. Nos estamos moviendo hacia ello internamente, de manera que si por alguna razón no se termine dando el contrato de la APP ya la autoridad tiene esa segregación interna y los fondos de peajes serían destinados solo para esas carreteras”, comentó el ingeniero. En cambio, el director ejecutivo de ACT recalcó que su dependencia mantendrá la responsabilidad de la construcción y reconstrucción de las vías públicas estatales a través de todo Puerto Rico que no requieran peajes. Esto incluye vías primarias como la PR-1, PR-2 y PR-14, secundarias y terciarias, no así carreteras municipales. Tardará traspaso del Tren Urbano Mientras, la reforma también contempla que la ACT transfiera a la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) todos los activos y contratos relacionados a la contratación, incluyendo los relacionados a los sistemas de autobuses, ferries y el Tren Urbano. “La ACT estaría transfiriendo a ATI aproximadamente $84 millones anuales en gastos relacionados a transporte colectivo, que incluyen contratos de servicio y operación, utilidades, seguros, entre otros gastos”, detalló el director. En el caso del Tren Urbano, González Montalvo anticipó que será un traspaso que tomará tiempo, por lo que no tiene un estimado de cuándo se completará el proceso. “El tren es quizás el más complejo porque hay que transferir a ATI todas las parcelas donde están ubicadas las vías del tren. Hay que realizar estudios de títulos y otros procesos para hacer la transferencia, pero eso ya está encaminado y no esperamos que sea un obstáculo mayor”, sostuvo. Según el plan fiscal, la reforma es necesaria debido a que “el sector de la transportación de Puerto Rico actualmente tiene un bajo rendimiento a través de una gama de aspectos, incluyendo la congestión (vehicular), la seguridad y la calidad de las carreteras”. El documento destaca que en 2020 la ACT reportó a la Administración Federal de Carreteras (FHWA, en inglés) que 12% de las millas por carril del País estaba en condiciones “pobres”, más del doble del límite del 5% que establecen las leyes federales. La agencia mencionó que este porcentaje se redujo a 8.3% en 2021. “Lo que la junta fiscal le llama la reforma al sector de la transportación ya lleva un tiempo gestionándose y se ha estado trabajando y es parte de los planes fiscales que tiene la ACT. Hemos ido haciendo unas transiciones en aras de buscar esas eficiencias que ellos han plasmado”, concluyó el directivo.