Encaminan el ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica

Culminados los trabajos para reestructurar la deuda del gobierno central al amparo del Título III de quiebra de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés), la Junta de Control Fiscal se concentrará este año en la deuda de $8,259 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). En el calendario de la junta fiscal, la proyección es presentar el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE (PAD-AEE) antes de que concluya el primer trimestre de este año, pero admiten que depende de factores fuera de su control —como la legislación que requiera el acuerdo— lo cual podría dilatar el proceso hasta el verano. Según Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta fiscal, la intención es comenzar conversaciones con la legislatura en relación al Título III de la AEE, para que aprueben la legislación necesaria y se habiliten los acuerdos consignados en mayo de 2019 en el Acuerdo en Apoyo a la Reestructuración (RSA, en inglés), que se mantiene vigente. “Vamos a trabajar con la legislatura para ver si podemos cumplir esta meta juntos. Hay riesgos si no procedemos con el RSA. Hay incertidumbre sobre lo que resultaría si tenemos que renegociarlo o si los acreedores estarían dispuestos a renegociarlo”, sostuvo Jaresko. Aunque la AEE fue de las primeras corporaciones públicas sometidas al proceso de Título III, los procedimientos en el tribunal prácticamente se detuvieron a partir de marzo del 2020 debido a la pandemia del covid-19. Los acreedores en el Acuerdo de Apoyo incluyen al Grupo Ad-Hoc de Bonistas de la AEE y a la aseguradora Assured Guaranty, que son dueños de más del 75% de los bonos vencidos de la corporación pública. En la moción informativa presentada el pasado miércoles en el caso de Título III de la AEE, la junta fiscal expuso que continúa evaluando la viabilidad y conveniencia de implementar el Acuerdo de Apoyo. El documento además indica, que todavía desconocen si los legisladores apoyarán legislación para la implantación del Acuerdo de Apoyo. Sin embargo, detalla que los legisladores han comunicado a la junta que en el mes de febrero estarán en posición de atender tal medida. De acuerdo con el Plan de Apoyo, los nuevos bonos que son parte del acuerdo —lo que requiere legislación— estarán asegurados por un cargo de transición que comenzará en 2.7 centavos el kilovatio/hora y aumentará escalonadamente hasta alcanzar 4.5 centavos el kilovatio/hora, en el año 2044. Según se ha advertido, el cargo de transición requerirá de negociación a nivel legislativo, por el impacto que tendrá en el bolsillo de los consumidores. El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marerro, señaló que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) entraría a determinar cómo se estructurará el aumento tarifario que surja del Plan de Ajuste de la AEE para que pueda ser viable. Vivo el impuesto al sol En el Senado, la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía celebró la semana pasada la primera vista sobre la resolución que persigue identificar potenciales mecanismos de repago a la deuda de la AEE, que no impacten el bolsillo de los consumidores ni los mandatos estatutarios para transformar el sistema eléctrico. Los ponentes que se han presentado ante la comisión, presidida por el senador Javier Aponte Dalmau, han advertido que los términos actuales del Acuerdo de Apoyo no benefician a los consumidores, particularmente a los que cuentan con sistemas de energía solar en la casa. La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento (SESA en inglés), indicó que el cargo de transición es aplicable a la energía generada por medios renovables, lo que es contrario a la Ley 17 del 2019, que prohíbe imponer cargos directos o indirectos a la autogeneración de energía renovable. “Según el RSA, clientes que instalen un sistema solar tendrán que no solo pagar dicho ‘cargo de transición’ en su consumo de la red, sino que adicionalmente serán castigados con un nuevo impuesto a su autogeneración solar. Y para poner sal en la herida, el RSA le impone la obligación a dichos clientes a instalar, a su propio costo, un segundo metro para contabilizar su producción solar para facilitarle el recobro de los bonistas”, expresó Javier Rua Jovet, principal oficial de política pública de SESA. Otro deponente citado, la Hispanic Federation, resaltó que la negociación del Acuerdo de Apoyo se llevó a cabo sin discusión pública, sorprendiendo a todos cuando se reveló el cargo de transición, el cual destacó encarecerá el costo de energía a los ciudadanos con menos ingresos. Señalaron que una persona que devengue $18,000 al año y tenga un consumo promedio mensual de 800 kilovatios/hora, tendría que pagar al año $3,000 por la luz. Mientras que en el caso de negocios, el consumo promedio mensual de 14,000 kilovatios/hora resultaría en una facturación anual de más de $53,000. “El producto de esto será miles de pequeños negocios cerrados, la economía de las familias comprometida, mayores problemas de salud mental y el continuo empobrecimiento de nuestra gente”, expone la ponencia de la Hispanic Federation. La exhortación de ambas entidades a la comisión es a renegociar el Acuerdo de Apoyo vigente para eliminar estas medidas que entienden desalientan el progreso que ha tenido la energía renovable en la Isla.